“No hay mal que por bien no venga”, refrán popular que perfectamente puede aplicar como moraleja a lo sucedido esta semana con un libro que documenta la violencia que azotó al sindicalismo del sector de la palma de aceite en el departamento del Cesar; un estudio que fue elaborado por la anterior dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica, pero que la nueva dirección se negó a presentar por considerarlo no prioritario.

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Así lo aseguró la ministra de Minas, María Fernanda Suárez, quien afirmó que a pesar del desfinanciamiento por más de $2,5 billones, el Ejecutivo se compromete a mantenerlos.

La ministra de Minas, María Fernanda Suárez, afirmó ayer que el Gobierno se compromete a mantener los subsidios de energía eléctrica para los estratos 1, 2 y 3.

“Lo primero que les quiero decir a todos los colombianos es que estén absolutamente tranquilos. Hoy en día tienen subsidios eléctricos los estratos 3, 2 y 1 y esos subsidios se van a mantener”, dijo la jefa de la cartera de Minas en la Casa de Nariño.

Esto luego que desde la Bancada Caribe, el senador barranquillero del Partido Liberal, Mauricio Gómez, hubiera advertido que no estaban incluidos en el Presupuesto 2019 los subsidios de energía y gas para el estrato 3 de todo el país.

Tras lo anterior, Suarez afirmó que se mantendrá el mismo esquema y que el compromiso del “Gobierno del presidente Duque es mantener los subsidios para el año 2019”.

Finalmente, la funcionaria admitió que existe un desfinanciamiento por cerca de $2,5 billones, pero garantizó que el Ministerio de Hacienda está trabajando para que sean financiados en el nuevo proyecto de las rentas públicas.

El senador Gómez indicó al respecto que le complace la reconsideración del Gobierno frente al tema tras la puja del bloque costeño del Congreso.

Autor: www.elheraldo.co

Natasha Avendaño explicó que recibieron cuatro cartas de compañías internacionales y una local pidiendo más plazo en la precalificación para aportar los documentos requeridos.

La superintendenta de Servicios Natasha Avendaño informó este martes que hay cinco empresas interesadas, cuatro internacionales y una local, en asumir el reemplazo de Electricaribe.

Por ello, agregó, a pedido de las firmas se amplió el plazo de precalificación del 17 al 31 de mayo pero sin correr el resto del cronograma del proceso para la solución del problema de energía eléctrica en el Caribe.

"Teníamos el plazo de precalificación para el 17 de mayo, sin embargo una semana antes la compañía recibió cinco cartas por parte de interesados, cuatro internacionales y uno local, pidiéndonos un poco más de plazo para enviar los documentos. Eso fue porque las compañías tienen procesos de aprobaciones de las juntas directivas, y la semana pasada la compañía publicó una adenda al reglamento ampliando el plazo al 31 de mayo, que es el plazo máximo", indicó.

Agregó la funcionaria que esta ampliación del plazo "no cambia el resto del cronograma, solo corrimos la fecha máxima para anunciar los precalificados, que pasó del 5 de junio al 12 de junio, pero en la medida en la que se le vaya anunciando a cada precalificado puede ir accediendo al cuarto de datos que se abre el 6 de junio".

Sobre las inquietudes de las firmas interesadas, Avendaño contó que "hubo preguntas de si lo que van a entrar a ver son tres activos, porque en últimas es CaribeMar, CaribeSol y el activo de la compañía completa. Si ven que el tiempo no les alcanza qué posibilidad hay de ampliar el plazo de la diligencia, y a todos les respondimos fue que así como la empresa ha ampliado el plazo de calificación, si vemos que hay justificación, lo consideraremos porque lo que nos interesa es maximizar esas ofertas que vamos a recibir".

Aseguró además que se han cumplido el cronograma y que por primera vez la compañía está al día con la cartera de los proveedores y tiene inventarios en los almacenes para responder a las fallas que se han dado en los cortes de la Costa por las lluvias.

Y precisamente frente a las quejas de los usuarios, que no cesan por el mal servicio, la super explicó: "Tomamos cartas en el asunto permanentemente, la agente especial hace lo que puede con lo que tiene a sus disposicion, se han aumentado en 27% las cuadrillas con respecto al año pasado, del 100% de las quejas más o menos el 77% se resuelve en menos de tres horas, lastimosamente este período de lluvias con el pésimo estado de la infraestructura es bien susceptible en sus redes, pero estamos tratando precisamente de frenar ese deterioro para que mejore la calidad del servicio".

La superintendenta se pronunció al término de un debate de control político citado en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes y en cual estuvieron respondiendo, además, la ministra de Minas María Fernanda Suárez y la agente especial de Electricaribe Ángela Patricia Rojas.

El citante fue el parlamentario boyacense Héctor Ortiz, del Centro Democrático, quien le dijo a este diario al final de la audiencia: "Todos sabemos cuál es el problema pero no nos adentramos en soluciones claras. Escucho a la interventora diciendo que esto ha mejorado, que los proveedores están pagos, que viene un proceso licitatorio, pero por todas las noticias de la región Caribe y del país se sabe que el servicio sigue en mal estado, entonces yo quiero que en estos debates el Gobierno vea con claridad qué es lo que está pasando, que le hablemos clarito al país en temas de cómo está funcionando y qué soluciones hay a mediano, corto y largo plazo".

Agregó el parlamentario que se prepara un nuevo debate sobre Electricaribe pero para la plenaria de la cámara baja: "Se propone otro debate amplio, ya será en la plenaria de la Cámara, porque (...) yo preguntaba que qué pasaba si el proceso se declara desierto: entonces el problema va a seguir; la segmentación del mercado en comercialización y distribución pasaba al 35%, si no era eso muy riesgoso, porque volveríamos a lo mismo".

 

Fuente: www.elheraldo.co

“Ahora vuelven a decir lo mismo de la otra vez, que fue un intento de atraco. Parece ser que en Cali no hay más a quien atracar que al presidente de Sintraemcali y su escolta”.

Dijo en tono irónico Ricardo Muñoz, presidente del Sindicato de Trabajadores de Emcali, al referirse a lo sucedido el pasado viernes 17 de mayo en las afueras de su residencia del barrio Atanasio Girardot, en Cali, donde fue víctima de un atentado –el segundo que sufre este año– del cual por fortuna, y gracias a la reacción de su escolta, también salió ileso.

El primer atentado ocurrió a finales de enero pasado, en circunstancias muy parecidas al del 17 de mayo. Y como en aquella ocasión, en ésta las autoridades locales también se apresuraron a calificar el hecho como un intento de atraco, sin siquiera tomarse la molestia de abrir una investigación, denunció Muñoz, quien solicitó que a las amenazas contra su vida les den el tratamiento serio que su gravedad merece.

“Lo que estamos pidiendo es que las autoridades hagan las investigaciones pertinentes. Porque nos preocupa que la organización  sindical se asediada por fuerzas oscuras, que hasta ahora no se define de qué sectores son”, indicó el presidente de Sintraemcali.

Se refiere a los señalamientos, estigmatizaciones, seguimientos y ataques que el sindicato ha debido soportar desde cuando decidió defender férreamente a Emcali como patrimonio público contra el querer del Gobierno Uribe de  privatizarla. Se recuerda que de esa época son los hechos que determinaron la reciente condena a tres militares, por participar en la llamada “Operación Dragón”, un montaje criminal para desprestigiar y atacar los miembros de la Junta Directiva del sindicato, razón por la cual éstos gozan de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Pero lo más grave –sostiene Muñoz– es que no obstante el riesgo manifiesto, en los últimos dos años la Unidad Nacional de Protección ha suprimido o reducido 8 esquemas de protección dispuestos para los directivos de Sintraemcali amenazados, entre ellos el de Ricardo Muñoz, a quien a finales del año pasado le quitaron el vehículo y un escolta. Solo quedó con uno, que fue el escolta que le salvó la vida en el atentado del viernes pasado.

Y es que en verdad Sintramcali es un sindicato bajo amenaza desde hace años, en retaliación a su posición en defensa de Emcali y seguramente también por las reiteradas denuncias que ha venido haciendo de hechos de corrupción en la empresa, lo que pone a la organización y a sus directivos en la mira de los violentos.

Los hechos de corrupción que Sintraemcali ha venido denunciando en los últimos años, tienen que ver con la “captura” de la contratación en la empresa por parte de “mafias”.

“Son los mismos que siempre han contratado,  y que ahora también contratan en aguas, energía y telecomunicaciones. En esta última hay tecnologías que se compraron y nunca entraron en funcionamiento, y hay evidencias de sobrecostos en las compras de equipos. Por eso ya hay requerimiento de la Procuraduría”, señaló Muñoz.

Otra causa que el sindicato promueve, y que también pisa callos en el Gobierno, es la denuncia de la deuda de Emcali con la nación, por ser “injusta, odiosa y afecta al pueblo caleño”.

 

Autor: ens.org.co

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