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Estimado Sr. Presidente Iván Duque:

Dando seguimiento a mi carta del 13 de mayo en la que solicitamos con urgencia, ante las amenazas de muerte, la protección de las vidas de los dirigentes sindicales Igor Díaz, Darío Mosquera, Gustavo Benjumea, Jairo Córdoba, y Juan Carlos Rojas, quisiera saber por favor que medidas concretas ha adoptado su gobierno para garantizar el libre ejercicio de la actividad sindical y la integridad física, psíquica y moral de los mismos.

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El 8 de mayo de 2019 la Corte Constitucional emitió un comunicado de prensa que antecede el contenido de la sentencia C-187 /19. En ella se da una excelente noticia a las y los trabajadores: el Plan de Acción Laboral Colombia-Estados Unidos y el inciso 2 del artículo 200 del Código Penal han sobrevivido a un ataque jurídico por parte de los empleadores.

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Así lo aseguró la ministra de Minas, María Fernanda Suárez, quien afirmó que a pesar del desfinanciamiento por más de $2,5 billones, el Ejecutivo se compromete a mantenerlos.

La ministra de Minas, María Fernanda Suárez, afirmó ayer que el Gobierno se compromete a mantener los subsidios de energía eléctrica para los estratos 1, 2 y 3.

“Lo primero que les quiero decir a todos los colombianos es que estén absolutamente tranquilos. Hoy en día tienen subsidios eléctricos los estratos 3, 2 y 1 y esos subsidios se van a mantener”, dijo la jefa de la cartera de Minas en la Casa de Nariño.

Esto luego que desde la Bancada Caribe, el senador barranquillero del Partido Liberal, Mauricio Gómez, hubiera advertido que no estaban incluidos en el Presupuesto 2019 los subsidios de energía y gas para el estrato 3 de todo el país.

Tras lo anterior, Suarez afirmó que se mantendrá el mismo esquema y que el compromiso del “Gobierno del presidente Duque es mantener los subsidios para el año 2019”.

Finalmente, la funcionaria admitió que existe un desfinanciamiento por cerca de $2,5 billones, pero garantizó que el Ministerio de Hacienda está trabajando para que sean financiados en el nuevo proyecto de las rentas públicas.

El senador Gómez indicó al respecto que le complace la reconsideración del Gobierno frente al tema tras la puja del bloque costeño del Congreso.

Autor: www.elheraldo.co

“No hay mal que por bien no venga”, refrán popular que perfectamente puede aplicar como moraleja a lo sucedido esta semana con un libro que documenta la violencia que azotó al sindicalismo del sector de la palma de aceite en el departamento del Cesar; un estudio que fue elaborado por la anterior dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica, pero que la nueva dirección se negó a presentar por considerarlo no prioritario.

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“Ahora vuelven a decir lo mismo de la otra vez, que fue un intento de atraco. Parece ser que en Cali no hay más a quien atracar que al presidente de Sintraemcali y su escolta”.

Dijo en tono irónico Ricardo Muñoz, presidente del Sindicato de Trabajadores de Emcali, al referirse a lo sucedido el pasado viernes 17 de mayo en las afueras de su residencia del barrio Atanasio Girardot, en Cali, donde fue víctima de un atentado –el segundo que sufre este año– del cual por fortuna, y gracias a la reacción de su escolta, también salió ileso.

El primer atentado ocurrió a finales de enero pasado, en circunstancias muy parecidas al del 17 de mayo. Y como en aquella ocasión, en ésta las autoridades locales también se apresuraron a calificar el hecho como un intento de atraco, sin siquiera tomarse la molestia de abrir una investigación, denunció Muñoz, quien solicitó que a las amenazas contra su vida les den el tratamiento serio que su gravedad merece.

“Lo que estamos pidiendo es que las autoridades hagan las investigaciones pertinentes. Porque nos preocupa que la organización  sindical se asediada por fuerzas oscuras, que hasta ahora no se define de qué sectores son”, indicó el presidente de Sintraemcali.

Se refiere a los señalamientos, estigmatizaciones, seguimientos y ataques que el sindicato ha debido soportar desde cuando decidió defender férreamente a Emcali como patrimonio público contra el querer del Gobierno Uribe de  privatizarla. Se recuerda que de esa época son los hechos que determinaron la reciente condena a tres militares, por participar en la llamada “Operación Dragón”, un montaje criminal para desprestigiar y atacar los miembros de la Junta Directiva del sindicato, razón por la cual éstos gozan de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Pero lo más grave –sostiene Muñoz– es que no obstante el riesgo manifiesto, en los últimos dos años la Unidad Nacional de Protección ha suprimido o reducido 8 esquemas de protección dispuestos para los directivos de Sintraemcali amenazados, entre ellos el de Ricardo Muñoz, a quien a finales del año pasado le quitaron el vehículo y un escolta. Solo quedó con uno, que fue el escolta que le salvó la vida en el atentado del viernes pasado.

Y es que en verdad Sintramcali es un sindicato bajo amenaza desde hace años, en retaliación a su posición en defensa de Emcali y seguramente también por las reiteradas denuncias que ha venido haciendo de hechos de corrupción en la empresa, lo que pone a la organización y a sus directivos en la mira de los violentos.

Los hechos de corrupción que Sintraemcali ha venido denunciando en los últimos años, tienen que ver con la “captura” de la contratación en la empresa por parte de “mafias”.

“Son los mismos que siempre han contratado,  y que ahora también contratan en aguas, energía y telecomunicaciones. En esta última hay tecnologías que se compraron y nunca entraron en funcionamiento, y hay evidencias de sobrecostos en las compras de equipos. Por eso ya hay requerimiento de la Procuraduría”, señaló Muñoz.

Otra causa que el sindicato promueve, y que también pisa callos en el Gobierno, es la denuncia de la deuda de Emcali con la nación, por ser “injusta, odiosa y afecta al pueblo caleño”.

 

Autor: ens.org.co

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