El país necesita introducir en la regulación aspectos que permitan desarrollar el sector eléctrico, tanto en fuentes alternativas renovables como en tecnología, dice la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez.

Las leyes de servicios públicos domiciliarios y energía eléctrica (142 y 143 de 1994) cumplen 25 años en 2019 y el Gobierno prepara una transformación energética que será incluida en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que busca poner el sector al día con las nuevas tecnologías. “Lo que nos hizo exitosos en estos 25 años no es lo que nos va a hacer exitosos en los próximos 25 y en este Gobierno vamos a preparar esa agenda de transformación energética”, señaló la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez.

“Cuando usted se siente excelente, su camino a la mediocridad ya empezó”, dice la ministra recordando una frase del escritor Jim Collins. “Eso no es lo que podemos dejar que nos pase en el sector eléctrico”, indicó la funcionaria al recordar que, según el Consejo Económico Mundial, Colombia tiene la sexta matriz energética más limpia del mundo porque produce el 70 % de su generación con hidráulicas, pero al mismo tiempo es uno de los veinte países más vulnerables al cambio climático.

“Nosotros nos tenemos que proteger frente a esa vulnerabilidad. Somos vulnerables porque al producir el 70 % con hidroeléctricas nos pone al frente de una paradoja: por ser muy limpios estamos muy expuestos”, sostiene la funcionaria.

En el Plan Nacional de Desarrollo hay una agenda importante para incorporar estos temas dentro del marco regulatorio y con la CREG se plantea una agenda para 2019 que va a incluir medición inteligente, mercado intradía y participación de la demanda. “La innovación en el sector eléctrico está muy alta y eso es en beneficio para el usuario”, afirma la ministra.

El país necesita introducir en la regulación aspectos que permitan desarrollar fuentes alternativas renovables y en tecnología en el sector eléctrico. El revolcón que espera dar el Gobierno en el sector eléctrico va a comenzar en el primer trimestre de 2019, pues la funcionaria destacó que “vamos a dar inicio a una misión energética, porque esa misión lo que va a hacer es analizar el futuro y ayudarnos a generar esa transición para una transformación energética”.

Suárez reconoció que el país tiene en las leyes 142 y 143 “unos cimientos muy importantes y tenemos que pararnos sobre ellos y asegurarnos de que tienen la actualización necesaria para la nueva tecnología que hoy es una realidad: blockchain, big data e inteligencia artificial. Nosotros tenemos una estructura que nunca pudo prever eso”. Colombia tiene que hacer esa transición durante estos cuatro años.

La ministra acaba de participar en el congreso de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) que se realizó en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos). Allí se dio cuenta de que Colombia tiene una gran oportunidad de negocios con el desarrollo de las energías alternativas como solar y eólica. “Lo más inspirador de IRENA fue ver la inmensa oportunidad que tiene Colombia en el mapa global en el tema de energías renovables alternativas, y las posibilidades que hay en la generación de empleo porque las (energías) alternativas producen más empleos que las tradicionales y se presenta la oportunidad de hacer una mayor equidad de género y mayor inclusión al ritmo que entran las energías alternativas”, explicó.

Sol y agua

El potencial de energía solar y eólica que tiene Colombia hace que el interés crezca entre los inversionistas del mundo. Según estudios de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), el potencial solar de La Guajira es de unos 42.000 megavatios (MW), en tanto que el eólico es cercano a 15.000 MW. Si se suman el potencial solar y eólico de La Guajira serían 57.000 MW, un poco superior al potencial hidroeléctrico del país: 56.000 MW.

“La gran oportunidad tiene que ver que cuando se presenta un fenómeno de El Niño hay más luminosidad en La Guajira y eso permite que esas fuentes alternativas complementen y diversifiquen nuestro sistema”, resaltó la ministra Suárez. Sin embargo, reconoce que el país está rezagado en la introducción de esas energías frente al resto del mundo.

Ante este panorama, este Gobierno se ha propuesto incorporar al menos 1.500 megavatios de generación alternativa con solar y eólica. Eso se buscará con un programa de transición energética que comienza con subastas sucesivas; la primera será el 26 de febrero de este año. Hay bastante interés para esta primera subasta para proyectos que tengan la posibilidad de entrar en generación en 2021. En el segundo semestre de este año está programada una segunda subasta para iniciativas que entren en generación en 2022. “Vemos interés tanto de generadores presentes en el mercado colombiano como de nuevas compañías de Estados Unidos, España, Noruega y Chile”, dijo la funcionaria.

El 28 de febrero se realizará la subasta de expansión, que busca la participación de aquellos proyectos que tienen la capacidad de generar a partir del 1° de diciembre de 2022, buscando de alguna manera que haya suficiente energía disponible a partir de ese año, pero hay incentivos para los proyectos que se anticipen un año. En esa subasta de expansión participarán hidroeléctricas, térmicas y fuentes de energías alternativas y se otorga cargo por confiabilidad. En las dos ofertas se estiman inversiones de US$1.300 a US$1.800 millones.

La ministra de Minas y Energía destacó que el sector eléctrico está preparado para atender la demanda de energía de los colombianos durante el fenómeno de El Niño. Sin embargo, advirtió que “aunque estamos preparados, ahorrar energía y agua es la mejor manera como los colombianos podemos contribuir al cambio climático y a prevenir cualquier situación que se pueda presentar”.

Fuente: www.elespectador.com

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, explicó que el proyecto de ley que preparan busca no afectar a los ciudadanos que están a punto de pensionarse (hombres entre 59 y 61 años, y mujeres de entre 55 y 56).

Durante una entrevista para Blu Radio el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dio detalles sobre la agenda de la política económica de Colombia para el 2019. Uno de los anuncios más llamativos es la confirmación que dentro del Gobierno se está preparando una reforma pensional. (Lea Tres “reformas” pensionales y contando)

Sin embargo, Carrasquilla señaló que, debido a los otros proyectos de ley que se tramitarán (como el Plan de Desarrollo), y por el poco tiempo, no cree que la reforma pensional se pueda radicar en la primera legislatura de este año.

“Todavía estamos en fase de preparación. La siguiente ventana (para presentar la reforma pensional) sería en la legislatura que arranca en el mes de julio de este año”, indicó el ministro. Además, hizo énfasis en que es un tema que no da espera debido a sus implicaciones fiscales (se destinarán más $39 billones en 2019 en este tema).

Y aunque no dio detalles sobre un cambio en la edad de jubilación (actualmente en 62 años para los hombres y de 57 años para las mujeres), explicó que el proyecto de ley que preparan busca no afectar a los ciudadanos que están a punto de pensionarse (hombres entre 59 y 61 años, y mujeres de entre 55 y 56 años). 

Por otro lado, el ministro también se refirió a los recursos que faltan para financiar el presupuesto 2019, pues en la anterior ley de financiamiento solo se consiguieron $7,13 billones de los $14 billones que se necesitaba el Gobierno.

“Tenemos $14 billones del presupuesto congelado. Y vamos a tomar este primer trimestre para identificar en dónde se harán los recortes”. Pero pese a la política de austeridad, el funcionario aseguró que el último rubro que tocarán será el de Familias en Acción, al cual consideró el programa estrella dentro de la política social colombiana.

Fuente: www.elespectador.com

La Unidad Anticorrupción de la Contraloría General de la Nación evalúa las pruebas del caso Electricaribe para decidir si imputa cargos dentro del mismo proceso.

Los dos casos de irregularidades en el manejo de los subsidios que debían destinarse a los usuarios de menores ingresos de la red de Electricaribe fueron asumidos por la Unidad Anticorrupción de la Contraloría General, que adelanta la etapa probatoria de rigor y próximamente decidirá si imputa cargos a los involucrados.

Dado su impacto nacional, ambos casos fueron trasladados desde la Gerencia Departamental Colegiada de la Contraloría en Atlántico, que inició la investigación y encontró irregularidades por $220.000 millones en un caso de presunto “uso indebido de subsidios que debían girarse a familias pobres de todo el Caribe”.

En ese caso, desde agosto de 2017 la Contraloría Delegada de Minas y Energía inició la indagación preliminar para revisar “en detalle” la aplicación de los subsidios de energía que recibió Electricaribe entre 2010 y 2014 para beneficiar a sus usuarios de menores ingresos.

En la indagación, la Contraloría utilizó un sistema de big data para identificar el destino de los $216.000 millones que debían asignarse como subsidios.

La conclusión fue que “Electricaribe incurrió en esta práctica durante 6 años continuos analizados por la Contraloría, que comprenden las vigencias julio de 2011 a julio de 2017”.

De acuerdo con la Contraloría, “la empresa no aplicó en las facturas de los usuarios, la totalidad de los descuentos correspondientes al subsidio que les otorga el Fondo de Energía Social – FOES a la población de los estratos 1 y 2 de zonas especiales, y destinó estos recursos a la disminución de sus pérdidas”.

En el segundo caso, se encontraron irregularidades por $6.000 millones en recursos de normalización energética que no se invirtieron en zonas subnormales.

En esa oportunidad fue la Auditoría Especial de Fiscalización de la Contraloría, aplicada a los recursos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas (Prone) y el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de Zonas Rurales (Faer) entre 2008 y 2014, la que permitió el hallazgo.

De acuerdo con la investigación, los contratistas involucrados recibieron $6.078 millones por proyectos que no se habían ejecutado por completo en Guajira, Córdoba, Atlántico y Bolívar.

Ambos casos se suman a los 3 procesos que adelanta la misma Gerencia en Atlántico, que suman más de $11.600 millones, relacionados también con presuntas irregularidades en la normalización del servicio de energía en la región.

De acuerdo con la Contraloría, “estos se encuentran en etapa de pruebas y próximamente se tomará decisión de imputación o archivo”.

Fuente:

www.dinero.com

Según revelación del Dane, solo vivienda y alimentos explicaron dos tercios del resultado.

Según reveló el Dane, en diciembre la inflación anual en Colombia fue de 3,18 %, recordando que la del mismo mes del 2017 fue de 4,09 %. La educación, la salud y la vivienda fueron las que más incrementos tuvieron.

La educación registró un Índice de precios al consumidor (IPC) de 6,38 por ciento, mientras que salud tuvo un 4,33 por ciento; vivienda 4,13 por ciento y Transporte 3,73 por ciento.

Una de las ramas más importantes, la de la alimentación, presentó una inflación de 2,43 por ciento, mientras que en igual periodo del 2017 fue de 1,52 por ciento.

El grupo Otros gastos presentó una cifra de 2,29 por ciento, Vestuario 0,33, Comunicaciones 0,28 y Diversión -1,16.

De acuerdo con los datos suministrados por el Dane, las ciudades que compitieron por el primer puesto, como lad de inflación más alta fueron Barranquilla y Medellín, con 3,69 por ciento y la de Valledupar fue la de menor IPC: 2,37 por ciento. Entre tanto, en Bogotá, el IPC registró una variación anual de 3,06 %

En cuanto al dato mensual, según el Dane, la inflación registrada en diciembre fue de 0,30 por ciento en comparación con la de igual mes del año anterior, que se ubicó en  0,38 por ciento. 

 

REDACCIÓN ECONOMÍA

EL TIEMPO

Fuente el tiempo

Destacó los precarios avances en los compromisos adquiridos en el TLC en materia de derechos y seguridad de los trabajadores.

Aunque el Ministerio de Trabajo cumplió con el compromiso de doblar su nómina de inspectores, la gestión de este despacho es reducida en la protección de los derechos laborales de los trabajadores colombianos, al tiempo que la Fiscalía muestra pocos avances en la sanción de quienes amenazan la actividad sindical.

Así lo consigna un extenso informe donde el gobierno de Estados Unidos revisa los compromisos adquiridos por Colombia al suscribir el Tratado de Libre Comercio (TLC) en el 2012, para lo cual varias agencias de Washington aportaron recursos del orden de los 25 millones de dólares, en asistencia técnica. Entre ellos, 2 millones dirigidos a fortalecer las actividades de la Escuela Sindical Nacional.

(Lea: Polémica por nuevo decreto sobre tercerización laboral).

En relación con la cartera laboral, se indica que incremento su planta de inspectores, al pasar de 564 a 819 en los últimos 3 años, su gestión se redujo pues el número de investigaciones cayó de cerca de 6.000 casos abiertos en el 2013 a apenas 3.099 en el 2016. En el mismo sentido, la aplicación de multas, que en muchos casos se echan para atrás o no se hace efectivo su cobro, bajaron de un volumen de 1.694 a 1.304, en el periodo mencionado.

Al respecto, el departamento de Trabajo de EE.UU. considera que Colombia carece de un sistema de información que permita hacer un seguimiento de las infracciones que comenten los empleadores contra las normas laborales. Solo dos de más de 30 dependencias regionales, muestran avances en la digitalización de datos, gracias a la ayuda de la OIT, señala el informe.

En lo que respecta a la poca efectividad en la aplicación de las multas, se revela que en una sola oficina regional donde se decretaron 1.008 multas, solamente 214 fueron ratificadas, y dentro de ellas solo 115 fueron parcialmente recolectadas por el Ministerio del Trabajo y el Sena.

El informe señala que es preocupante que, a pesar de que los inspectores tienen poder para imponer multas hasta por 5.000 salarios mínimos y cárcel para los empleadores infractores, este mandato poco se ejerce. En buena parte, se explica porque la labor de los inspectores está centrada en visitas de carácter administrativo a empresas denunciadas, las cuales notifican sus irregularidades. Este proceso concluye, en muchos casos, en acuerdos que llevan finalmente a la revocatoria de la sanción.

Señala, igualmente, que dicha cartera carece de recursos financieros para desplazar a sus funcionarios a zonas rurales. No obstante afirman que el plan de acción convenido se enfocó en los vicios de contratación detectados en amplios sectores productivos, como es el caso del de la caña de azúcar, palma africana, flores, petróleo y terminales portuarias.

Con relación a los denominados acuerdos de formalización, de los cuales se han suscrito 171 para mejorar la estabilidad laboral de unos 25.000 trabajadores, solo una quinta parte contemplan acuerdos permanentes. Se trata, de todas formas, de una población muy reducida, si se tiene en cuenta que la fuerza laboral del país alcanza a 25 millones de personas.

De otro lado, resalta los pocos resultados arrojados por la Fiscalía, para investigar y sancionar a los responsables de amenazas y muerte de dirigentes y trabajadores sindicalizados. Se indica, en ese sentido, que desde el 2009 no se ha proferido por esa dependencia ni una sola condena. Desde el 2014 se han denunciado más de 200 casos sin que se conozca el resultado de las investigaciones. El informe revela que, a lo largo de 22 años, la Corte Suprema ha emitido 105 sentencias por 86 casos de homicidio, cuando el número de víctimas puede ascender a 2.500.

Citando a la Organización de Países Desarrollados (Ocde), el informe gubernamental afirma que en el campo judicial no hay resultados sustanciales y la tasa de impunidad de los delitos contra los trabajadores sigue siendo alta.

Fuente: www.portafolio.co

Germán Duque Ayala
Miami

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