Sistema de Riesgos Laborales

Salud
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{image}http://www.sintraelecol.org/images/stories/notas2013/2013.jpg{/image}El Gobierno Nacional expidió recientemente la Ley 1562, por el cual modifica el Sistema de Riesgos Laborales y dicta otras disposiciones en materia de salud ocupacional.



Colombia, como parte que es de la OIT, está obligada a desarrollar una política que dé cumplimiento a los dos convenios que en la materia adoptó este organismo: el 155 de 1981, que se refiere a la seguridad y salud de los trabajadores; y el 187 de 2006, relativo al marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo. Ninguno de ellos ha sido ratificado por Colombia.

La nueva ley de riesgos representa, sin lugar a dudas, un avance frente a la legislación que teníamos en materia de salud y riesgos ocupacionales, pues va más allá de “exhortar” y de aconsejar “recomendaciones” que no tenían fuerza de ley, ni establecían controles y sanciones. Sin embargo, deja de lado la participación efectiva de las organizaciones sindicales, lo que en la práctica puede significar que no haya ningún avance en la reivindicación de los derechos de los trabajadores en los lugares de trabajo. Sin la participación del actor sindical, las empresas y las administradoras de riesgos pueden terminar imponiendo sus intereses.

Tanto el convenio 155 como el 187 de la OIT, son explícitos e insistentes en orientar a que cualquier sistema de promoción y defensa de la salud de los trabajadores en los lugares de trabajo, tiene que hacerse sobre la base de reconocer la presencia activa de los representantes de los trabajadores, tanto para la consulta e intercambio de información, como para la concertación de las políticas, planes y programas necesarios para hacer eficiente un sistema que proteja vidas humanas y propicie lugares de trabajo seguros y saludables.

En el convenio 151 se orienta a que todo miembro, (art. 4, numeral 1) “deberá, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores interesadas y habida cuenta de las condiciones y práctica nacionales, formular, poner en práctica y reexaminar periódicamente una política nacional coherente en materia de seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo.

Esta orientación, que sustenta la necesidad de promover espacios de Diálogos Social para la definición de la política nacional de salud ocupacional, se refuerza en el artículo 8 del mismo convenio, en el que se precisa que “todo miembro deberá adoptar, por vía legislativa o reglamentaria o por cualquier otro método conforme a las condiciones y a la práctica nacionales, y en consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores interesadas, las medidas necesarias para dar efecto al artículo 4 del presente Convenio”.

De la misma manera se insiste en el numeral 1 del artículo 15 del convenio en mención, que “a fin de asegurar la coherencia de la política a que se refiere el artículo 4 del presente Convenio y de las medidas tomadas para aplicarla, todo miembro deberá tomar, previa consulta tan pronto como sea posible con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores y, cuando sea apropiado, con otros organismos, disposiciones conformes a las condiciones y a la práctica nacionales a fin de lograr la necesaria coordinación entre las diversas autoridades y los diversos organismos encargados de dar efecto a las partes II y III del presente Convenio.

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