Qu? pasar? ahora con los derechos de las v?ctimas de los cr?menes de los paramilitares extraditados

Conflicto armado
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El director de Human Rights Watch, Jose Miguel Vivanco, envió una nueva carta al Congreso de Estados Unidos, manifestando su preocupación por los 14 paramilitares que fueron extraditados desde Colombia a Estados Unidos.
 
La carta estaba dirigida a los Congresistas Charles B. Rangel y Jim Mc Crery, y en esta se cuestiona la decisión del Gobierno de haber extraditado a los 14 paramilitares que estaban dentro del proceso de Justicia y Paz, justo en el momento en que muchos de ellos habían empezado a confesar sobre los crímenes que habrían cometido en colaboración con funcionarios del Gobierno y las Fuerzas Militares.

En esta carta se manifiesta también que hay la preocupación de varios Funcionarios del Estado, como el Procurador General y el Presidente de la Comisión de Reparación y Reconciliación del Gobierno; según la carta esta extradición es un freno a las investigaciones sobre las masacres y los delitos atroces de los que son autores los paramilitares.

En la carta se recogen 4 recomendaciones enviadas el 16 de mayo al Fiscal General Michael B. Mukasey, para que el departamento de justicia tenga en cuenta cuando este procesando a los 14 paramilitares:

1.    Crear incentivos legales para los paramilitares con el fin de que ellos confiesen los crímenes perpetrados y los nombres de los funcionarios del Gobierno que ayudaron a facilitar sus actividades criminales.
2.    Buscar todos los medios por los cuales podrían ser procesados no solo por sus crímenes relacionados con narcotráfico, sino también por los crímenes de lesa humanidad, especialmente la tortura, que es considerado un crimen condenable por la ley federal, así los que lo hayan cometido sean extranjeros.
3.    Asegurar que los fiscales federales que manejen los casos de estos paramilitares estén familiarizados con la evidencia relevante que han recolectado la policía, fiscales y jueces colombianos en sus investigaciones.
4.    Colaborar efectivamente con la justicia colombiana, compartiendo información cuando sea posible, y garantizando el acceso a los paramilitares que se encuentran en custodia cuando los investigadores colombianos lo requieran.

Por su parte las victimas del proceso de Justicia y Paz manifestaron que con esta extradición se abre paso a un nuevo mecanismo de impunidad, ya que los delitos bajo los cuales serán juzgados los comandantes paramilitares no corresponden a los de Lesa Humanidad sino a los de narcotráfico, ocultando  y desdibujando su responsabilidad en las violaciones de los derechos Humanos.

Así mismo manifestaron que la extradición es una muestra de la ineficacia de la ley 975 de Justicia y Paz. La extradición se entiende como la salida al incumplimiento de la ley 975 de Justicia y Paz.

Por otra parte también manifestaron que el sistema Judicial Estadounidense no garantizará el juzgamiento de los Crímenes de Lesa Humanidad cometidos por estos paramilitares ya que los comandantes serán juzgados solo por el delito de narcotráfico.

Las victimas se preguntan ¿Qué pasará ahora con los casi 15 mil personas desaparecidas en Colombia? ¿Qué pasará con las más de 3 mil fosas comunes ubicadas en diferentes lugares del país, donde estos jefes paramilitares actuaron? ¿Qué pasará ahora con las casi 8 millones de hectáreas apropiadas de manera ilegal en desarrollo de sus crímenes? ¿Qué pasará ahora con la verdad sobre los vínculos entre políticos y grupos paramilitares, empresarios, autoridades civiles, judiciales y la Fuerza Pública? ¿Qué pasará ahora con las investigaciones de la llamada parapolítica en departamentos como Antioquia? ¿Qué pasará ahora con los derechos de las víctimas de estos crímenes?