Opinión
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{image}http://www.eldia.co/images/stories/personajes/suarezmontoya.jpg{/image}Desde 1988, LIME y Ciudad Limpia fueron contratadas para la recolección de basura, barrido y limpieza del 40% de Bogotá y en 1991 otra adicional, Aseo Capital, se encargó del 20%. La empresa distrital, EDIS, que cubría el 40% restante, fue liquidada en 1993 y entonces se dio en concesión a particulares el 100% de la prestación del servicio. Estas tres compañías, dos de las cuales además tienen vínculos con Transmilenio, han conservado siempre sus contratos.

Poco sabe la ciudadanía de este tipo de concesiones extendidas ya por Colombia, donde de tal modo se presta el servicio en el 37% de las áreas urbanas. Los parámetros establecidos por Mockus en Bogotá para la licitación de seis áreas de servicio exclusivo  por siete años, 2003-2009, dispararon las ganancias empresariales, haciendo que el negocio no fuera precisamente “una basura”. Empezando por la forma de pago a los concesionarios, que no se hace por tonelada recogida y transportada sino como porcentaje del recaudo, así sus ingresos no dependen del trabajo efectivamente realizado sino del cumplimiento de los usuarios con las facturas. Si a esto se agrega el alza en las tarifas de 2003 a 2009, no sorprende que en este lapso recibieran más de $1,42 billones, salvando de sobra sus inversiones, y a lo cual debe adicionarse lo percibido en 2010 cuando el contrato se prorrogó por seis meses.

Las toneladas manipuladas entre 2004 y 2009 no crecieron más del 15%; mientras las tarifas mensuales de aseo se  incrementaron, para los estratos dos y tres, que son la mayoría del recaudo, en más del 70%, de $5.456 a $9.358 y de $8.276 a $13.258, respectivamente. Una exageración sobre la cual la Contraloría Distrital advirtió que, una vez repartida la bolsa recaudada, sobraron $60 mil millones usurpados a los usuarios.

Bogotá genera 7.200 toneladas diarias de basura y 1.500 de ellas son reciclaje, recogido por 20 mil recicladores que las llevan a 1.200 bodegas. Pese a que las empresas recibieron pagos por esa “ronda especial”, que no efectuaron, nada trasladaron a los recicladores y, si también se tiene en cuenta que los operarios de los carros están enganchados por modalidades de "tercerización", el negocio es igual al de un filón con esclavos.

Quieren más. La licitación del relleno Doña Juana y la de la concesión del servicio de aseo están en codiciosos planes que excluyen a los recicladores. Para la primera, la breexcitación en la audiencia de adjudicación de conocidos abogados de familias cuyo interés en acaparar el reciclaje es sabido, demuestra el propósito y, para la segunda, se libra un pulso grande de los actuales concesionarios para optimizar, como sea, la explotación de la mina de basura. ¿Puede la ciudadanía seguir ajena a tanto abuso?