Opinión
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{image}http://www.eldia.co/images/stories/personajes/cesarluque.jpg{/image}Quien no votó en las últimas elecciones, no tendría derecho a votar ahora.

Colombia se caracteriza en materia legislativa por la inestabilidad. Aquí se legisla para favorecer los intereses de la mayoría dominante, que representa a su vez, a una inmensa minoría de colombianos, mientras la mayoría, que tiene una representación minoritaria, se ve afectada por las decisiones de la primera. Durante los veinte años de vigencia de la Constitución Política de 1991, próximos a celebrarse, su texto ha sufrido drásticas modificaciones, ya 29 reformas, 28 a través de acto legislativo y una por referendo, el de un artículo en el 2003, a la vez que durante ese mismo tiempo, ya se supera la inimaginablemente cifra de más de 1430 leyes, que todos los colombianos, por mandato legal, debíamos conocer.

Esa frenética labor de hacer leyes, pareciera tener para algunos efectos “curativos” a todos los problemas nacionales, desconociendo que las sociedades desarrolladas se caracterizan en materia normativa, por su estabilidad. Por ejemplo la constitución de los Estados Unidos, ese país al que tantos veneran, pero no siguen cuando no les conviene, data del 17 de septiembre de 1787. Mientras esa norma ha estado vigente durante toda la independencia norteamericana, en Colombia desde que en 1819 nos independizamos de España hemos tenido 10 constituciones, una de ellas, la de 1886 vigente durante 104 años fue reformada “apenas” 77 veces.

Dentro de esa actividad, casi de panadería, el Congreso aprobó el año pasado un proyecto de ley por medio del cual pretende reglamentar la reforma política aprobada en el 2009 (Reforma a la Constitución), modificando el censo electoral, que no es más, sino el registro de las personas que tienen derecho a votar, pasando el censo para las próximas elecciones de 30 millones de votantes, a unos 15 millones, o sea, los que votaron en la segunda vuelta presidencial, ya que quien no haya votado en ella quedaría fuera del censo, y por tanto no tendría derecho a votar en octubre, si no inscribe su cédula nuevamente a partir del 23 de febrero.

Esa ley, proyecto 190 de 2010, por ser estatutaria se encuentra en la Corte Constitucional para que previamente a que sea sancionada por el Presidente de la República, se examine su constitucionalidad, es decir, diga si está o no, ajustada a los mandatos constitucionales. De declararla constitucional, lo que dudo, ya que dicho mandato no fue incorporado a los debates necesarios para convertirse en un mandato legal, pasaría a la Presidencia de la República para que la sancione. De lo contrario, si es declarada inconstitucional se eliminará del proyecto, que si es declarado constitucional en el resto, pasara para la sanción presidencial, quedando el censo como está.

Pero como dice un refrán popular “más vale la seguridad, que la policía”, todos los que no votaron en las últimas elecciones, como lo planteó el Polo Democrático Alternativo (PDA) en su oportunidad, por no existir candidato por quien votar, deberían de nuevo inscribirse para poder votar el próximo 30 de octubre, día en que se elegirán ediles, concejales, diputados, alcaldes y gobernadores. Esa norma es verdaderamente un atentado contra la oposición, y como dice el historiador, Eduardo Posada, es una cangurada, por llegar a saltos, a atacar a ciertos sectores de la población, en este caso al PDA.

La organización electoral estableció el calendario para llevar a cabo las elecciones. Desde el próximo 23 de febrero en todas las Registradurías Especiales Municipales y Auxiliares de todo el país, en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes, estarán abiertas inscripciones hasta el 13 de mayo, mientras que a partir del 16 de mayo y hasta el domingo 22 de mayo, las inscripciones se llevaran a cabo, pero ya en los puestos de votación, que son más de 10.000 en todo el país, incluyendo corregimientos y zonas rurales.

Entonces, además de denunciar la forma como intentan maniatar a la oposición el Gobierno Nacional y sus mayorías en el Congreso, debemos convertirnos en divulgadores de la situación en que muchos pueden estar, que sin saber, por no haber votado en las últimas elecciones, cuando vayan el 30 de octubre a votar, no lo puedan hacer, perdiendo entonces esos votos, esos que la oposición requiere para hacerle frente al gobierno de la manguala nacional, eligiendo ediles, concejales, diputados, alcaldes y gobernadores que representen los intereses de los desfavorecidos, no de las elites políticas, esas que hoy se intentan camuflar como defensoras de sus derechos, como en el caso del siempre vigente, Angelino Garzón que fue encargado por el gobierno de salir, supuestamente, a hacer defensa de las clases populares, cuando es uno de sus principales enemigos, bajo un ropaje de camaleón.

Nota: Extraño castigo el anunciado por el ministro Germán Vargas Lleras, de trasladar a los parapolíticos a las regiones de las cuales son oriundos. Se imaginan a Salvador Arana y Álvaro García Romero en una cárcel en Sucre, de donde son sus principales gamonales políticos. Así los castigaran por sus francachelas en La Picota, que hacían bajo la mirada cómplice de la directora del penal, Himelda López, trasladada a la cárcel de Florencia. ¡Que castigo!