Se debatio la construcci?n de la hidroel?ctrica "El Quimbo"

Huila
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{image}http://www.eldia.com.co/images/stories/090609/quimbo.jpg{/image}Hoy en el Congreso de la República, la comisión Quinta del senado debatió la construcción de la hidroeléctrica “el Quimbo”, los senadores Jorge Enrique Robledo, y Mauricio Jaramillo  ponentes; y en defensa del gobierno los Ministros de Minas y Energía, Hernán Martínez Torres y Diego Palacio Betancourt Ministro de la Protección Social.
 
El debate expuso las inconsistencias en el otorgamiento de la licencia ambiental, y los favorecimientos que el gobierno le hizo a la multinacional para que continúe con una construcción que ya había empezado violando la ley colombiana.  

La construcción de la represa del Quimbo en el departamento del Huila se estaba anunciando desde mediados del año anterior, cuando el ministerio de minas y energía otorgó la licencia de construcción  a la multinacional dueña de La Empresa de energía de Bogotá ENDESA.

Sin embargo, ya se registraban graves irregularidades en el proceso en febrero pasado, cuando se supo que ya se estaba construyendo sin haber adquirido la licencia ambiental que daría el permiso de hacer la represa.

Las denuncias sobre el tema y la voz de los miles de afectados se escuchaba cuando ya era claro el grave impacto social y cultural que provocaría, principalmente para los habitantes de La Escalereta, La Cañada y San José de Belén, el Agrado, Rioloro Veracruz, y Gigante que se verán perjudicados por la gran obra o bien porque serán desplazados, o porque la zona en la que se encuentran ubicados tendrá permanentes inundaciones.

A pesar de las denuncias fundamentadas, de los debates populares y las opiniones de organizaciones civiles y expertos en la materia, como la misma Procuraduría para asuntos ambientales agrícolas que explicaban el impacto, la licencia le fue concedida a la multinacional y es claro que en un par de meses empezarán la construcción de la hidroeléctrica  sobre el rio Madalena ocupando más de 8 mil hectáreas del macizo colombiano y del territorio huilense.

Los ponentes expusieron que la hidroeléctrica, en primer caso, ya había violado la ley colombiana al empezar con la construcción de una gran túnel sin haber esperado el permiso, no merecería por este motivo la licencia ambiental, por otro lado 8.500 hectáreas dejarán de ser cultivadas y utilizadas para el bienestar de la región para pasar a manos de intereses particulares, perjudicando la producción económica de la región, en municipios como el agrado que pierde el 75% de su capacidad de cultivo.

El senador Robledo explicó además las concesiones que le esta dando al gobierno a la multinacional como parte de su política de “confianza inversionista”, y es principalmente concederle el beneficio de zona franca con lo cual no pagan renta de un 33% sino de un 15%; además darle un contrato de estabilidad jurídica que les garantizan que ninguna ley que afecte las condiciones económicas a ellos los tocará.

Los ministros defendieron el proyecto reiterando que la empresa dará 3.000 empleos, y que las concesiones del gobierno son necesarias para explotar los recursos mineros del país.

Las soluciones del gobierno también proveen a la región de una reubicación de las familias afectadas a mejores condiciones, pero es prácticamente un chantaje a los seis municipios que serán afectados, olvidando las memorias y relaciones que ya tenían en su lugar de asentamiento.   

Las compensaciones que hará Emgesa son $140.000.000 anuales en impuesto predial al año por los terrenos inundados para repartir entre todos los municipios afectados; un fondo especial de inversiones para indemnizar por $4.500.000.000 una sola vez para todos los afectados correspondiendo a 1.000.000 para cada uno; y el pago del impuesto de industria y comercio que no supera los $260.000.000 anuales, para repartir otra vez entre todos los municipios afectados.

Lo que nos queda para mitigar los daños es llamar la atención sobre las condiciones en las que se está construyendo la hidroeléctrica, inundando terrenos fértiles y de primera calidad, a 12 kilómetros de la hidroeléctrica de Betania, con unas indemnizaciones que no son suficientes a largo plazo, mientras que sus ganancias serán cuantiosas y no repartidas en el país mucho menos en la región.