Según revelación del Dane, solo vivienda y alimentos explicaron dos tercios del resultado.

Según reveló el Dane, en diciembre la inflación anual en Colombia fue de 3,18 %, recordando que la del mismo mes del 2017 fue de 4,09 %. La educación, la salud y la vivienda fueron las que más incrementos tuvieron.

La educación registró un Índice de precios al consumidor (IPC) de 6,38 por ciento, mientras que salud tuvo un 4,33 por ciento; vivienda 4,13 por ciento y Transporte 3,73 por ciento.

Una de las ramas más importantes, la de la alimentación, presentó una inflación de 2,43 por ciento, mientras que en igual periodo del 2017 fue de 1,52 por ciento.

El grupo Otros gastos presentó una cifra de 2,29 por ciento, Vestuario 0,33, Comunicaciones 0,28 y Diversión -1,16.

De acuerdo con los datos suministrados por el Dane, las ciudades que compitieron por el primer puesto, como lad de inflación más alta fueron Barranquilla y Medellín, con 3,69 por ciento y la de Valledupar fue la de menor IPC: 2,37 por ciento. Entre tanto, en Bogotá, el IPC registró una variación anual de 3,06 %

En cuanto al dato mensual, según el Dane, la inflación registrada en diciembre fue de 0,30 por ciento en comparación con la de igual mes del año anterior, que se ubicó en  0,38 por ciento. 

 

REDACCIÓN ECONOMÍA

EL TIEMPO

Fuente el tiempo

La Unidad Anticorrupción de la Contraloría General de la Nación evalúa las pruebas del caso Electricaribe para decidir si imputa cargos dentro del mismo proceso.

Los dos casos de irregularidades en el manejo de los subsidios que debían destinarse a los usuarios de menores ingresos de la red de Electricaribe fueron asumidos por la Unidad Anticorrupción de la Contraloría General, que adelanta la etapa probatoria de rigor y próximamente decidirá si imputa cargos a los involucrados.

Dado su impacto nacional, ambos casos fueron trasladados desde la Gerencia Departamental Colegiada de la Contraloría en Atlántico, que inició la investigación y encontró irregularidades por $220.000 millones en un caso de presunto “uso indebido de subsidios que debían girarse a familias pobres de todo el Caribe”.

En ese caso, desde agosto de 2017 la Contraloría Delegada de Minas y Energía inició la indagación preliminar para revisar “en detalle” la aplicación de los subsidios de energía que recibió Electricaribe entre 2010 y 2014 para beneficiar a sus usuarios de menores ingresos.

En la indagación, la Contraloría utilizó un sistema de big data para identificar el destino de los $216.000 millones que debían asignarse como subsidios.

La conclusión fue que “Electricaribe incurrió en esta práctica durante 6 años continuos analizados por la Contraloría, que comprenden las vigencias julio de 2011 a julio de 2017”.

De acuerdo con la Contraloría, “la empresa no aplicó en las facturas de los usuarios, la totalidad de los descuentos correspondientes al subsidio que les otorga el Fondo de Energía Social – FOES a la población de los estratos 1 y 2 de zonas especiales, y destinó estos recursos a la disminución de sus pérdidas”.

En el segundo caso, se encontraron irregularidades por $6.000 millones en recursos de normalización energética que no se invirtieron en zonas subnormales.

En esa oportunidad fue la Auditoría Especial de Fiscalización de la Contraloría, aplicada a los recursos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas (Prone) y el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de Zonas Rurales (Faer) entre 2008 y 2014, la que permitió el hallazgo.

De acuerdo con la investigación, los contratistas involucrados recibieron $6.078 millones por proyectos que no se habían ejecutado por completo en Guajira, Córdoba, Atlántico y Bolívar.

Ambos casos se suman a los 3 procesos que adelanta la misma Gerencia en Atlántico, que suman más de $11.600 millones, relacionados también con presuntas irregularidades en la normalización del servicio de energía en la región.

De acuerdo con la Contraloría, “estos se encuentran en etapa de pruebas y próximamente se tomará decisión de imputación o archivo”.

Fuente:

www.dinero.com

Empresas de temporales y sindicatos dicen que quita límites que tenía esa modalidad laboral y anuncian demandas, pero Mintrabajo lo niega.

El Decreto 583 de abril reglamenta el artículo 63 de la Ley 1429 del 2010 y el artículo 74 del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, cuando se refieren a la tercerización laboral.

Apenas dos semanas después de expedido el decreto 583 que reglamenta la tercerización laboral en el país, el sector sindical y el gremio de las empresas temporales anunciaron que lo demandarán. Se trata de una identidad de propósito extraña si se tiene en cuenta que son dos instancias que siempre han estado en orillas opuestas.

La contratación de trabajadores a través de terceras empresas para realizar funciones dentro de una compañía estaba permitida, siempre y cuando su labor no fuera permanente ni formara parte del objetivo misional.

Pero el 583, sancionado por el presidente Juan Manuel Santos el 8 de abril pasado, eliminaría esta barrera, a juicio de la Asociación Colombiana de Servicios Temporales (Acoset) y la Escuela Nacional Sindical (ENS), que asesora a las centrales obreras CUT y la CTC.

Las críticas se centran en especial en dos apartes del artículo segundo de este decreto. El numeral 1 habla de las condiciones que deben tener en cuenta los inspectores del Ministerio de Trabajo al evaluar si una tercerización es ilegal, y dice que un elemento indicador es si “se contrató al proveedor para hacer las mismas o sustancialmente las mismas labores que se realizaban para el beneficiario, y los trabajadores no fueron expresamente informados por escrito”.

¿LECTURA PARCIAL?

El presidente de Acoset, Miguel Pérez García, asegura que, en la práctica, quiere decir que pueden tener los mismos trabajadores para realizar las mismas actividades, no bajo la contratación directa sino a través de proveedores, siempre y cuando le hayan comunicado por escrito al trabajador. Una interpretación que comparte la directora de Defensa de Derechos de la ENS, Sandra Muñoz.

Fuente: www.portafolio.co

Destacó los precarios avances en los compromisos adquiridos en el TLC en materia de derechos y seguridad de los trabajadores.

Aunque el Ministerio de Trabajo cumplió con el compromiso de doblar su nómina de inspectores, la gestión de este despacho es reducida en la protección de los derechos laborales de los trabajadores colombianos, al tiempo que la Fiscalía muestra pocos avances en la sanción de quienes amenazan la actividad sindical.

Así lo consigna un extenso informe donde el gobierno de Estados Unidos revisa los compromisos adquiridos por Colombia al suscribir el Tratado de Libre Comercio (TLC) en el 2012, para lo cual varias agencias de Washington aportaron recursos del orden de los 25 millones de dólares, en asistencia técnica. Entre ellos, 2 millones dirigidos a fortalecer las actividades de la Escuela Sindical Nacional.

(Lea: Polémica por nuevo decreto sobre tercerización laboral).

En relación con la cartera laboral, se indica que incremento su planta de inspectores, al pasar de 564 a 819 en los últimos 3 años, su gestión se redujo pues el número de investigaciones cayó de cerca de 6.000 casos abiertos en el 2013 a apenas 3.099 en el 2016. En el mismo sentido, la aplicación de multas, que en muchos casos se echan para atrás o no se hace efectivo su cobro, bajaron de un volumen de 1.694 a 1.304, en el periodo mencionado.

Al respecto, el departamento de Trabajo de EE.UU. considera que Colombia carece de un sistema de información que permita hacer un seguimiento de las infracciones que comenten los empleadores contra las normas laborales. Solo dos de más de 30 dependencias regionales, muestran avances en la digitalización de datos, gracias a la ayuda de la OIT, señala el informe.

En lo que respecta a la poca efectividad en la aplicación de las multas, se revela que en una sola oficina regional donde se decretaron 1.008 multas, solamente 214 fueron ratificadas, y dentro de ellas solo 115 fueron parcialmente recolectadas por el Ministerio del Trabajo y el Sena.

El informe señala que es preocupante que, a pesar de que los inspectores tienen poder para imponer multas hasta por 5.000 salarios mínimos y cárcel para los empleadores infractores, este mandato poco se ejerce. En buena parte, se explica porque la labor de los inspectores está centrada en visitas de carácter administrativo a empresas denunciadas, las cuales notifican sus irregularidades. Este proceso concluye, en muchos casos, en acuerdos que llevan finalmente a la revocatoria de la sanción.

Señala, igualmente, que dicha cartera carece de recursos financieros para desplazar a sus funcionarios a zonas rurales. No obstante afirman que el plan de acción convenido se enfocó en los vicios de contratación detectados en amplios sectores productivos, como es el caso del de la caña de azúcar, palma africana, flores, petróleo y terminales portuarias.

Con relación a los denominados acuerdos de formalización, de los cuales se han suscrito 171 para mejorar la estabilidad laboral de unos 25.000 trabajadores, solo una quinta parte contemplan acuerdos permanentes. Se trata, de todas formas, de una población muy reducida, si se tiene en cuenta que la fuerza laboral del país alcanza a 25 millones de personas.

De otro lado, resalta los pocos resultados arrojados por la Fiscalía, para investigar y sancionar a los responsables de amenazas y muerte de dirigentes y trabajadores sindicalizados. Se indica, en ese sentido, que desde el 2009 no se ha proferido por esa dependencia ni una sola condena. Desde el 2014 se han denunciado más de 200 casos sin que se conozca el resultado de las investigaciones. El informe revela que, a lo largo de 22 años, la Corte Suprema ha emitido 105 sentencias por 86 casos de homicidio, cuando el número de víctimas puede ascender a 2.500.

Citando a la Organización de Países Desarrollados (Ocde), el informe gubernamental afirma que en el campo judicial no hay resultados sustanciales y la tasa de impunidad de los delitos contra los trabajadores sigue siendo alta.

Fuente: www.portafolio.co

Germán Duque Ayala
Miami

Más Artículos...