Sin agua en la boca

Despublicado
Opinión
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Las FARC y ELN nacen y se levantan contra el Estado en un período en el que el ’establecimiento’ le cerraba las puertas del ejercicio político a los compatriotas que no se inscribieran en el bi-partidismo tradicional liberal-conservador. En una época en que las movilizaciones agrarias y estudiantiles fueron reprimidas a sangre y fuego bajo el ’Estado de Sitio’. En un contexto internacional en que Cuba y Vietnam eran para muchos ejemplo de que la ’guerra del pueblo’ podía vencer a las ’clases dominantes’ y al ’imperialismo norteamericano’.
 
Desde entonces muchas cosas han cambiado. Entre ellas, tenemos un régimen de Estado Social de Derecho aprobado por la Constitución de 1991; la opinión pública está contra el uso de la violencia y rechaza a quienes la ejercen, cualesquiera que sean los fines invocados; el péndulo de la historia en Latinoamérica pasa por el ascenso de gobiernos ’alternativos’ a través de vías pacíficas e institucionales; y se ha producido la irrupción de una convergencia de izquierda democrática en el país, el Polo Democrático Alternativo, hoy el principal partido de Oposición, que en un marco de distensión y de paz tendría, sin duda, su mejor contexto para llegar al poder en el 2010/14.

Los estatutos del PDA que aprobamos en el Congreso del partido en diciembre de 2006, dicen claramente que ’El empleo de las armas para la solución de los conflictos contradice los métodos y los propósitos que propugna el Polo’ (el subrayado es mío). Como también ratificamos en el ’Ideario de Unidad’ del Polo que ’La solución del conflicto armado interno en Colombia debe ser política y no militar. Por ello, en lugar de la guerra y la violencia las partes en conflicto deben acudir a diálogos y negociaciones en busca de acuerdos de paz.’ Declaraciones de principios que deben ser divulgadas públicamente una y otra vez, y cuantas veces sea necesario, por los dirigentes, voceros y militantes del PDA, para evitar o impedir que se confunda o se tergiverse nuestra posición al respecto.

Las FARC parecen insensibles a los cambios ocurridos en el país. El ELN no tanto hoy en día. Sin embargo, no por ello podemos perder de vista, y menos desconocer, el carácter de actor político de la insurgencia colombiana. Las FARC y el ELN son parte beligerante, con fines políticos, de un conflicto armado que en Colombia tiene como telón de fondo múltiples causas económicas, sociales, políticas y culturales.

Como tampoco podemos cerrar los ojos a la degradación, incluso a la negación, de ese mismo carácter de actor político cuando la guerrilla acude al secuestro de civiles, reteniéndolos además como rehenes durante años contra toda norma humanitaria y todo sentimiento humano, a la financiación de sus actividades militares asociándose al lucro del narcotráfico, al uso de minas antipersonales, al asesinato de civiles, a los atentados, al desplazamiento forzado, al reclutamiento de menores de edad, en fin, a las mismas conductas criminales que se le imputan a los paramilitares y que en numerosos casos tipifican delitos de lesa humanidad y de violaciones del derecho humanitario.

El PDA debe levantar su voz repudiando sin ’agua en la boca’ ni ’a medias tintas’ todas las conductas de ese tipo, cada vez que ocurran y cuantas veces sea necesario, no sólo insistiendo en su posición de principios contra toda forma de terror, tal como se expresa en el ’Ideario de Unidad’, sino además en lo posible señalando por su nombre a los responsables y exigiéndoles acatamiento a las normas de derecho internacional como corresponde a las partes beligerantes en un conflicto armado.

En el caso del asesinato de los 11 diputados del Valle es necesario reconocer que el pronunciamiento del Polo se quedó corto, pues cualquiera que sea la versión de las condiciones en que esos compatriotas murieron, la responsabilidad le cabe no sólo al Alto Gobierno y a las FARC por su mutua intransigencia en acercar posiciones que hagan viable el intercambio humanitario, sino ante todo le cabe al grupo insurgente por haber secuestrado a esos civiles y haberlos retenido durante años colocándolos en la situación en la que perdieron sus vidas.

El PDA debe sumar su voz para exigir a las FARC y al ELN, como a todo grupo armado, la liberación incondicional inmediata de los secuestrados civiles, de todos, no solamente de los ’canjeables políticamente’ sino de los que están retenidos con fines de extorsión, así como el abandono del secuestro, práctica por esencia cruel e inhumana.

A su vez, debemos ayudar a encontrar soluciones para que se lleve a cabo lo mas pronto posible el intercambio humanitario de los ’prisioneros de guerra’, o sea, de los militares y policías retenidos por la guerrilla y de los presos de la guerrilla que se encuentran en las cárceles. El acompañamiento del movimiento de víctimas, el impulso a la movilización ciudadana y la búsqueda los diálogos con otros partidos políticos e incluso con el propio presidente Uribe Vélez en aras del acuerdo humanitario son acciones políticamente pertinentes y humanamente urgentes.