Un balance cr?tico a la privatizaci?n del sector el?ctrico

Opinión
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La  ampliación de la cobertura  del servicio de energía eléctrica,  se encuentra hoy en debate en el panorama nacional, la creciente privatización del  sector eléctrico nos confirma  la expansión de empresas  trasnacionales que en búsqueda de recursos naturales y  manejo de los servicios públicos estratégicos las compran determinando el acceso y calidad de los servicios públicos  (agua, energía, educación, salud, etc.) a la población colombiana.  

En especial el servicio público de energía eléctrica es el que tiene mayor cobertura   a los hogares colombianos del 97% urbano y el 77% rural, pero, ¿Qué tan buena calidad  y precio ofrecen las empresas privadas que prestan el servicio?

El Gobierno nacional inicio  el proceso de privatización a profundidad desde la década de los 90´, con la apertura se creó un nuevo marco normativo que regulaba y daba alcance  al modelo neoliberal  fomentado por llamado Consenso de Washington, el cual daba lineamientos de política económica a los países del tercer mundo para afrontar la nueva reestructuración del capital y pagar el servicio de la duda. 

 La Constitución del 91  profundizo la descentralización política y  administrativa  e incentivó la rigidez  de la ejecución presupuestal destinando gran parte del presupuesto nacional y esfuerzos fiscales a pagar la deuda externa.  La inversión pública del gobierno  decreció de manera sorprendente, para 1993 a 1996  la inversión en términos reales fue de 14% mientras que para los siguientes 5 años desde el 96´ al 2001 fue de 4.5%, mostrando la imposibilidad del Estado para asumir la financiación de la inversión pública.

 La reestructuración del sector eléctrico vino acompañado de la “participación” de los inversionistas privados, que daba cierta credibilidad al mercado colombiano y daban acceso a créditos de la Banca Multilateral (la deuda se paga con deuda).

Para 1996 se inicia el proceso de privatización de varias plantas de generación de energía, incluidas  hidroeléctricas como Chivor y Betania  y las termoeléctricas  Termotasajero y Termocartagena. Ya en el 1997 se inicio la privatización de las electrificadoras  de EPSA Empresa de Energía del Pacifico y  Emgensa y la capitalización  de   activos de transmisión de  CORELCA  y de distribución de Electrocosta y Electrocaribe hoy de la Unión FENOSA.

  Para este año el panorama  no es nada alentador estamos viendo los efectos y consecuencias de la privatización de las empresas del sector eléctrico, cabe decir, los problemas de orden público que a generado la prestación de los servicios de las electrificadoras de la costa  Atlántica por su mala calidad y las altas tarifas que prestan las electrificadoras de la Unión FENOSA propietaria de la Central Hidroeléctrica del Prado en 105 millones de pesos   y es también dueña  de  EPSA  quien compró este año la generadora del Tolima.

Para este año el Gobierno ha acelerado la compra de las empresas estatales del sector,  a mediados de julio  el Senador Hugo serrano Gómez denunció  que el gobierno regalaría cinco electrificadoras regionales, en Santander, Norte de Santander, Boyacá, Meta y Cauca muy por debajo del precio real que calculan en 1000 millones de dólares y el Gobierno fijo un precio de 700 millones de dólares.

El pasado mes de Agosto el gobierno inicio la venta de la electrificadota del Huila la cual se encuentra económicamente estable y se ha mantenido por mas de 30 años rentable, sin embargo, el Ministro de Minas y Energía Manuel Maighuasca Olano a empezado a hacer la valoralización para luego ofertarla a los inversionistas.  Muchos se han pronunciado frente a eso ya que la privatización de las eléctrificadoras y en general de las empresas públicas se hace con la disculpa de que no son rentables, sin embargo, casos como la electrificadota el Huila muestran que en realidad son cuestiones políticas y de intereses privado. 

  Sintraelecol ya se ha pronunciado frente ha esto, pues saben que ha sido de las mejores empresas de la región con una prestación de servicio de calidad tanto en cobertura como en precios.

Viendo este panorama de privatización, podemos estar preparados para un escenario de incertidumbre, frente a las altas tarifas y subsidios que prestan las empresas privadas del sector, hoy, con la puesta en marcha de la universalización del servicio eléctrico que dicta el decreto  388 del 2007,  podemos ver los efectos que esta acarreando la privatización de las empresas rentables del Estado, poniendo por encima el discurso de la “democratización” del servicio, a costa, de la calidad y acceso a la población de menores recursos.

No se puede permitir, ni siquiera pensar, que en la actual administración del presidente un servicio público como el de la energía eléctrica, en un país rico en recursos naturales, se venda a través de la modalidad tarjetas prepago, tal como se esta comercializando el agua potable en Calarca, Quindío. Así como lo manifestó  Uribe Vélez en la inauguración del edificio EPSA en Cali, el pasado 10 de septiembre.

Bibliografía


“Evaluación del Proyecto de apoyo  al proceso de privatización   y Concesiones en Infraestructura”  DNP y el BID. Bogota. 2002.
Villamizar A., Alirio.  Comunicado a la Opinión Pública 18 de Julio de 2007
Piedad Rojas Román
Encargada de RSE de Unión FENOSA Colombia
http://web.presidencia.gov.co/sp/2007/septiembre/10/15102007.html
http://www.iadb.org/csramericas/2006/documento/presentations/Maestre.pdf