AGUA E HIDROCARBUROS: MOVIMIENTO SOCIAL Y TRANSNACIONALES.

Opinión
Typography
En Latinoamérica el movimiento social se ha volcado a las calles, desafiando el poder político, económico y militar de las multinacionales y de los gobiernos de sus casas matrices, para exigir la elaboración de nuevas marcos regulatorios en materia de agua y energía.
En esta lucha nos confrontamos con la “mano invisible” de  las multinacionales de estos sectores estratégicos, donde se libran las guerras del presente y del futuro, y en los que  saqueo y especulación no tienen limites y  estrangulan las economías populares del SUR, como del NORTE, dado que la factura energética la pagamos los pueblos.

513 largos años de expoliación de nuestras riquezas, de diabolización de nuestra resistencia, de hambre y desesperanza tendrían que tener fin  algún día y ese día ha llegado... lo estamos construyendo: El Potosí, ese gigante de plata, roturado hasta la saciedad en las condiciones más abominables, habla por sí mismo y, esa historia, no la queremos repetir.

Ese grito contenido aflora  y le da la vuelta al mundo. Las batalla contra la privatización del agua (Bolivia y Uruguay), el gas (Bolivia) y el petróleo (Ecuador) van y vienen por el continente y le dan paso a la toma de medidas concretas, para ponerle limites a las superganancias de las transnacionales.
La lucha contra la privatización del agua y la especulación tarifaria

Bolivia

En abril del 2002, los cochabambinos al grito de “no nos roben la lluvia” expulsaron a la Bechtel, en lo que se conoció internacionalmente como “la primera guerra del agua”.
Entre enero y febrero del 2000 las tarifas se incrementaron hasta en un 250%, pasando de 5 a 20 dólares mensuales, para usuarios con un salario promedio entre 100 y 150 dólares. Lo  que generó múltiples protestas. Tras seis meses de sostenida lucha popular, con costos en vidas, el gobierno aceptó que la batalla estaba perdida y rescindió el contrato, devolviendo la empresa al municipio.
En el 2004, fue expulsada la SUEZ francesa establecida desde 1997 en el Alto, próxima a la Paz, con un millón de habitantes y el más alto índice de pobreza urbana del país. Centro principal de las migraciones de los últimos 20 años y donde hay serias carencias de servicios públicos.
En el año 2004, no generó una sola conexión, pero al igual que en el modelo argentino tenía un contrato reservado que le aseguraba una ganancia pico, del 12% anual, que la autorizaban a incrementar las tarifas cuando considerara que las operaciones normales no garantizaban dicha rentabilidad. Así mismo gozaba de la cláusula de indexación al dólar.

Uruguay

En solo 5 años en Maldonado la empresa Aguas de la Costa (subsidiaria de la Suez) y posteriormente la española, Aguas de Bilbao, cosecharon una respuesta popular entre otras por las alzas constantes y desmesuradas en la prestación y conexión al servicio que excluyeron de su acceso a vastos sectores sociales.
El 31 de octubre del 2004 las organizaciones sociales nucleadas en la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la vida CNDAV, respaldadas por el 64.6% de la ciudadanía, mediante  un plebiscito vinculante, lograron incluir en la constitución de Uruguay la consideración del agua como un recurso natural esencial para la vida, por lo que el acceso a ella y al saneamiento, constituyen derechos humanos fundamentales. Deteniendo con ello su privatización.
En materia de hidrocarburos, el continente se sacude entre enero y mayo del 2006.
Los escándalos de REPSOL YPF
El 26 de enero, los escándalos de REPSOL YPF por fraude contable en Bolivia la obligaban a anunciar una reducción del 25% en sus reservas de hidrocarburos, dado que estaba cotizando en la bolsa de valores unos hidrocarburos que no le pertenecían, que son propiedad de la nación boliviana y, además, cotizaba las reservas probables como reservas probadas.
El 4 de abril, la misma REPSOL YPF se ve involucrada en un nuevo escándalo, esta vez en Argentina, por posible fraude contable a sus accionistas. Demanda elevada ante la Comisión Nacional de Valores de Argentina, por la sobrevaloración de sus acciones en un 42%.

Venezuela

El 1° de Abril, el gobierno Chávez, tras 7 años de mandato presidencial, al amparo de  la ley de hidrocarburos del 2001, retomaba para PDVSA los campos operados por la francesa TOTAL  y la italiana ENI, que se rehusaron a firmar la transferencia de sus convenios operativos, que datan de la década del 90, al de  empresas mixtas, con mayoría accionaría del Estado Venezolano, tal como lo hicieron otras 16 empresas, entre ellas la hispano-argentina REPSOL YPF, la brasilera PETROBRAS  y las estadounidenses HARVEST  y CHEVRON.
Para Chávez y su ministro de Energía, Rafael Ramírez, los convenios operativos que tenían las empresas extranjeras no eran más que "concesiones disfrazadas" que les permitían pagar el 34% de impuesto a la renta y el 1% de regalía, lo cual le significaba al país pérdidas anuales por 4000 millones de dólares. Ahora,  las empresas mixtas, deberán pagar un impuesto sobre la renta del 50% y el 30% por regalías, como lo establece la ley de hidrocarburos.
Las  empresas afectadas por la medida producían 600.000 barriles diarios de petróleo de los 2.6 millones de barriles de la cuota  venezolana.

Bolivia

A partir del 1° de mayo, el gobierno de Evo Morales en Bolivia, sobre los 100 días de su mandato, daba cumplimiento al Referéndum vinculante del 18 de julio del 2004, en donde se pedía que el Estado recuperara la propiedad de los hidrocarburos.
Tras haber expirado el plazo de180 días señalado por la ley 3058 del 17 de mayo del 2005, para la suscripción obligatoria de nuevos contratos,  las empresas que realizaban actividades de producción de gas y petróleo en el país, son obligadas a entregar la producción de hidrocarburos a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos  YPFB, quien definirá las condiciones, volúmenes y precios de los mismos, tanto para el mercado interno como para la exportación y la industrialización
Sólo podrán seguir operando en el país las compañías que acaten inmediatamente estas disposiciones, hasta que en un plazo no mayor a 180 días desde su promulgación, se regularice su actividad, mediante contratos que cumplan las condiciones y requisitos legales y constitucionales. Al término de este plazo, las compañías que no lo hayan hecho, saldrán.
Durante el período de transición, para los campos cuya producción certificada promedio de gas natural del año 2005 haya sido superior a los 100 millones de pies cúbicos diarios, el valor de la producción se distribuirá así: 82% para el Estado (18% de regalías y participaciones, 32% de Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH y 32% a través de una participación adicional para YPFB), y 18% para las compañías (que cubre costos de operación, amortización de inversiones y utilidades). Los campos menores tendrán otra tasa.

Ecuador

A mediados de mayo, el movimiento social ecuatoriano, hizo valer la nueva ley de hidrocarburos que había ganado el 4 de abril del 2006, y obligó al gobierno de Alfredo Palacio ha declarar la caducidad del contrato de la OXY, por violación del mismo, al transferir, sin autorización del Ministerio de Energía, el 40% de su paquete accionario a la canadiense ENCANA.
Con la caducidad del contrato, el Estado recupera algo más de 8.000 millones de dólares hasta el año 2019, año en que fenecía dicho contrato. Hay que advertir que, tras la venta de las acciones de OXY a ENCANA, ésta última procedió de la misma manera a favor de ANDES PETROLEUM, lo que igualmente  constituye  una ilegalidad.
Estimaciones oficiales establecen que las utilidades de las empresas petroleras, ubicadas entre el 19 y 23% cuando se suscribieron los contratos, debido a la especulación, llegaron a subir hasta el 119 y 200%.
En dólares, el Ministerio de Economía calculó que entre el 2003 y 2005 el Estado “dejó de ganar” 731 millones, al haber establecido en 15 el precio referencial, cuando el precio promedio en el 2005 fue de 42.26. Así mismo, asumió 111 millones, por el aumento del precio de los combustibles que importa.
Igual ocurría con la participación del Estado en las exportaciones de crudo. PETROECUADOR redujo su participación del 99.3% en 1994 al 39% en el 2004; en cambio, las empresas extranjeras la aumentaron de 07% al 61%.
En 1994, PETROECUADOR captó en dólares 879 millones y las multinacionales 6 millones, cifras que para el 2004 pasaron a ser de 1.622 millones y 2.276 millones, respectivamente. Esto trajo consigo una reducción de la participación de la estatal   del 99% al 42% y un aumento para las transnacionales del 1% al 58%. Significó también que la empresa estatal aumentó sus ingresos en apenas 18% y aquellas en el 3.728%
 
 
escrito por
Freddy Pulecio