Guerra, tierras y victimas

Opinión
Typography

{image}http://www.eldia.co/images/stories/personajes/camega.jpg{/image}En las últimas tres décadas la guerra desarrollada por el narco-paramilitarismo, en connivencia con sectores de elites tradicionales y las fuerzas armadas, fue en lo esencial contra los campesinos pobres y medios y sus propiedades. En esa guerra criminal el 10% de la población del país quedó en condición de desplazada; se produjo un proceso de expropiación violenta de tierras que algunos calculan en algo más de 10 millones de hectáreas; una parte importante de la población víctima de la acción violenta de los grupos armados espera, que se le reconozcan sus derechos, restituyan sus tierras, repare integralmente y posibilite el desarrollo de sus proyectos de vida con dignidad.

En la violencia de los años cincuenta, a través de la muerte y el terror la tierra se concentró y cambio de dueños, gran parte de la población es desalojada y va a las ciudades en busca de nuevas oportunidades; ese proceso generó una dinámica campesina de movilización que exige con urgencia una reforma agraria, la cual estaría en la agenda legislativa de los gobiernos del frente nacional. Esa reforma atendió la movilización rural, buscando frenar su inconformidad, creó las instituciones para su administración e interlocución con el campesinado, pero no transformó las relaciones de tenencia, sosteniendo el proceso de concentración articulado al modelo de fortalecimiento de la economía agraria centrada en el café, la agricultura intensiva, y a la fase de industrialización y modernización del país.

Ese proceso se repite con la violencia de los años ochenta-noventa: por la vía, del terrorismo, masacres y asesinatos la tierra se re-concentró en manos de las elites terratenientes que, en alianza con las elites emergentes del narco-paramilitarismo, dejaron a gran parte de la población campesina, afrodescendiente e indígena en una triple condición de expropiados, desplazados y víctimas. Una contrarreforma agraria se establece desconociendo la propiedad colectiva y los derechos de las comunidades nativas y las negritudes establecidas en la ley. La dinámica del conflicto armado, narco-paramilitar, se da con el propósito de fortalecer una economía agraria centrada en las posibilidades de desarrollo agroindustrial y su articulación con la minería extractiva, en la moldura de la economía de libre mercado neoliberal.

La actual agenda legislativa plantea la discusión medular de los temas de tierras y víctimas, ambos de gran sensibilidad para distintos sectores de la sociedad colombiana. Más allá de lo que la ley de víctimas debe garantizar en materia de verdad, justicia, reparación y restauración integral de derechos, en ella misma debe estar contemplada la devolución de tierras a las víctimas. El gobierno del presidente Santos se ha formulado como objetivo el reintegro del derecho de propiedad y posesión de la tierra de los desplazados y víctimas de la violencia. Ese proceso debe darse en el marco de la Ley de Victimas y no como parte de la política de adjudicación de tierras que pueda emerger de la política pública para el sector.

Durante años un millón y medio de familias campesinas han esperado para poder hacerse participes de los procesos de transformación democrática de la economía agraria del país, pudiendo vincularse a los mismos a través del acceso a la propiedad de la tierra y vinculación a las políticas y programas de desarrollo del sector, en condiciones que garanticen simultáneamente el mejoramiento significativo de la vida rural, el progreso agrario y del campesinado. La ley de tierras tiene el reto de sortear todas las dificultades en la tenencia y el desarrollo agropecuario, que dieron origen a la guerra, y los nuevos desafíos en materia ambiental y de soberanía alimentaria. Seguramente como ya ha comenzado a verse en la bancada liberal y conservadora, de la coalición de unidad nacional, los intereses del sector terrateniente y narco-paramilitar van a hacer lo que este a su alcance para legalizar y defender el botín de guerra, cuyo primer intento fracasó en la propuesta de ley de la reforma rural. La pregunta es: ¿Por qué una Ley de Tierras y no una Ley de la Reforma Agraria? Tal vez, porque el centro de la ley de tierras no son los campesinos, sino los propietarios y la política agraria.

Una ley de tierras que no tome en consideración las posibilidades de la redistribución de la tierra en manos de los grandes terratenientes, que solo se plantee la distribución de las tierras expropiadas a algunos narcotraficantes no es seria. Es necesario construir unidades de producción agrarias que respondan a varios retos del sector.

El primero, democratizar la propiedad de la tierra en una concepción que responde a las urgencias del desarrollo del país. Respetando las formas más democráticas de tenencia: Resguardos indígenas, tierras comunales de afrodescendientes y zonas de reservas campesinas, que además de estar amparadas por la ley son un modo de limitar y frenar la expansión latifundista. Segundo, crear las condiciones de apoyo económico y técnico para las familias campesinas en un contexto de plenas garantías para su sostenibilidad productiva. Tercero, dirigir el sector a resolver los problemas de producción de alimentos en una concepción que se ocupa de la soberanía alimentaria e, impulsar la participación de las economías rurales en las agriculturas comerciales de gran escala. Cuarto, convertir el campo en un modelo de desarrollo productivo y social que garantiza el empleo digno para los trabajadores y les permite dignificar su vida.  

Los subsidios a campesinos para adquirir tierras evidencian la falta de voluntad política para asumir un proceso de transformación democrática del régimen de tenencia; la reorientación del programa AgroIngreso Seguro para que los recursos lleguen a los campesinos no es tampoco la solución, lo que está demandando la nación es una reforma agraria, unida a una transformación rural democrática y estructural que respondan en materia de producción y desarrollo agropecuario al bienestar campesino, las necesidades y premuras del siglo XXI.