Violencia, Tierra y Paz (I)

Opinión
Typography

{image}http://www.eldia.co/images/stories/personajes/camega.jpg{/image}La sociedad civil, la academia, representantes de la comunidad internacional, algunos medios de comunicación, políticos y el gobierno, a través del Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo se dieron cita en el Foro Tierra, Prosperidad y Paz para hacer un análisis del problema agrario deliberando sobre la violencia, víctimas, desplazados, las comunidades campesinas, el problema de tierras y el desarrollo agrario y rural.

El foro permitió desde distintas posturas presentar un balance amplio de la situación de la población rural y las perspectivas de esta frente a la propuesta del gobierno, en materia de tierras y política agraria, así como señalar las carencias y limitaciones de la misma.

En general todos los analistas están de acuerdo en señalar que el problema de la tierra está ligado al problema de la violencia, por lo tanto el problema de la paz pasa necesariamente por dar solución al problema de tenencia de tierras. Acabar con la pobreza, fortalecer la convivencia regional, generar prosperidad en las zonas rurales y un desarrollo sustentable en la producción de alimentos y en la agricultura comercial tiene como prerrequisito resolver de manera estructural, el problema de la propiedad de la tierra y diseñar un modelo de desarrollo agrario, incluyente, en el que se establezca una unidad de producción agraria campesina que sea autónoma, complementaria  y suplementaria del desarrollo empresarial agrario el que debe ser pensado en términos ambientales, de generación de empleo, ampliación de la democracia económica y en perspectiva  del mejoramiento de la convivencia política.

La historia de las reformas y las contrarreformas agrarias se ha dado en una dinámica de avances parciales y significativos retrocesos que lejos de contribuir a la distribución democrática de la tierra y al desarrollo del sector agrario, lo que han favorecido es la centralización-concentración cada vez mayor de la propiedad de la tierra, la agudización del conflicto agrario y la violencia y el mantenimiento de una estructura agraria en una perspectiva de precaria de insuficiente modernización y modernidad. Cuando se observa con detenimiento el proyecto Ley de Tierras no se ve allí una propuesta innovadora, sino, en lo esencial, un mecanismo para legitimar y legalizar el nuevo orden de tenencia generado por la violencia institucional, narco-paramilitar e insurgente. Además hay proposiciones de ex ministros de hacienda, agricultura, intelectuales con ejercicio administrativo en Planeación, Banca central y privada, que sin ser latifundistas defienden propuestas como no entregar tierras a los campesinos, sino a empresarios grandes nacionales y extranjeros, o al estado para su venta o alquiler dando bonos en

TES para los desplazados, solo dedicar estas tierras fértiles para agricultura capitalista, que de pronto puedan sobrevivir a los efectos de los tratados de TLC, con productos comerciales, no necesariamente alimentos que serían importados baratos, sin valorar el hambre y pobreza, ni preocuparse por la dependencia básica alimentaria rechazando la soberanía alimentaria, tan perseguida por el Banco Mundial, las transnacionales de alimentos,  semillas y fertilizantes.

Para la academia es claro que el problema agrario es una cuestión nacional que no ha sido resuelto, la estructura agraria tal cual esta es una traba para el desarrollo, el país no le ha apostado de manera decidida a este sector, el cual se ha llenado de atrasos y de obstáculos, en el marco de una modernización trunca, desigual e inequitativa que lo que ha hecho es empobrecer más a la población campesina colocándola en los bordes de una situación de miseria generalizada. Durante décadas los campesinos se vieron obligados a abandonar sus tierras, pues fueron desalojados, expropiados, despojados y desplazados en una confrontación en la cual van confluyendo cada vez más actores, con distintos intereses y motivaciones; campesinos, indígenas y afrodescendientes, terratenientes, empresarios, transnacionales, paramilitares y narcotraficantes se transaron en una lucha por la tierra  y los territorios que van desde las potencialidades y posibilidades para la supervivencia de las familias campesinas, hasta el usufructo del subsuelo en zonas de extracción minera, el impulso de grandes proyectos productivos para la producción de bio-combustibles o el desarrollo de megaproyectos de interés transnacional: Los conflictos agrarios se han revestido de nuevas motivaciones e intereses que están unidos al uso del suelo, no siempre unido a la producción agraria.

No deja de ser una preocupación generalizada el hecho que utilizando la ponencia  de la Ley de Victimas y la figura de la reparación se termine por legalizar la estructura agraria ilegal resultante de la ofensiva narco-paramilitar contra la propiedad campesina. La situación en que se encuentra la población rural para reivindicar una reforma agraria democratita e integral es absolutamente precaria,  no solo en los aspectos organizativos - ya no existe la ANUC para dinamizar la movilización campesina- si no además,  se carecen de los instrumentos sociales, políticos e institucionales para luchar por esa reforma.

No obstante esta situación, la sociedad y el Estado colombiano tienen que entender que no es posible avanzar en la solución del conflicto sin modificar la estructura de tenencia de tierra  y los conflictos del uso del suelo y que para ello se requiere: Una reforma rural unida de manera estrecha a una ley integral de tierras. Una reforma agraria integral, democrática, ambiental, con una adecuada política de desarrollo agrario y rural en el marco de un bien pensado y soberano Plan de Ordenamiento Territorial, un agresivo programa de producción alimentaría que le garantice al país su soberanía en esta materia y una agricultura comercial  en capacidad de general una oferta significativa de empleos rurales.