Tercerización laboral o enriquecimiento lícito de los capitales emergentes y establecidos en el libre mercado de Colombia

Opinión
Typography

{image}http://www.eldia.co/images/stories/personajes/anthoc/nixon.jpg{/image}El Estado Colombiano debe responder a los intereses de todos sus habitantes y no, a los de algunos sectores económicos.

Esta falta de compromiso del Estado Colombiano se evidencia precisamente en el fenómeno de las distintas formas de tercerización laboral a través de los contratos de prestación de servicios y cooperativas de trabajo asociado, tanto en el sector privado como en el sector público; acabando con el concepto de salario, la estabilidad en el empleo o contrato de trabajo y sometiendo a grandes masas de ciudadanos a que entreguen su fuerza de trabajo bajo formas legales, con base en reformas legislativas que han adecuado esa forma legal de explotación que no es legítima, pero si acorde con un marco normativo que propician los padres de la Patria y el mismo jefe de Estado, hoy JUAN MANUEL SANTOS.

Actualmente, cualquier grupo político o grupo de empresarios se asocian para implementar las formas de tercerización laboral en las entidades públicas de cualquier orden, so pretexto de hacerlas viables financieramente y disminuir los costos laborales; las cuales al corto tiempo, terminan  liquidadas o privatizadas y asumidas por empresas del sector privado; como por ejemplo, las Empresas Sociales del Estado creadas en el proceso de escisión del Instituto del Seguro Social. Lo anterior, sirve de fundamento para establecer los intereses oscuros que se tejen detrás de cada proceso de tercerización laboral, donde finalmente la que pierde es la sociedad en general y pierde porque terminamos aceptando la legalidad de procesos que acaban con el elemento productivo que mueve la economía y mueve el servicio público.

Contra este tipo de aberraciones legales no legítimas, como es la tercerización laboral, afortunadamente, la Corte Constitucional se pronunció en Sentencia de Constitucionalidad C-614 del 2009, revisando una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 2 del Decreto Ley 2400 de 1968, actuando como Magistrado Ponente el Dr. JORGE PRETTEL CHALJUB, señalando que estamos frente al ocultamiento de las relaciones laborales en el sector público, así: “I) Criterio Funcional: la ejecución de funciones que se refieren al ejercicio ordinario de las labores constitucional y legalmente asignadas a la entidad pública (artículo 121 de la Constitución) deben ejecutarse, por regla general, mediante el empleo público…”

“II) Criterio de Igualdad: Si las labores desarrolladas son las mismas que las de los servidores públicos vinculados en planta de personal de la entidad y, además, se cumplen los tres elementos de la relación laboral, debe acudirse a la relación legal y reglamentaria o al contrato laboral y no a la contratación pública (Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia citada del 6 de septiembre de 2008 )”.

“III) Criterio Temporal o de la Habitualidad: Si las funciones contratadas se asemejan a la constancia o cotidianidad, que conlleva el cumplimiento de un horario de trabajo o la realización frecuente de la labor, surge una relación laboral y no contractual (Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia ya citada del 3 de julio de 2003 ). Dicho en otros términos, si se suscriben órdenes de trabajo sucesivas, que muestra el indiscutible ánimo de la administración por emplear de modo permanente y continuo los servicios de una misma persona, y de esa manera, se encuentra que no se trata de una relación o vinculo de tipo ocasional o esporádico, es lógico concluir que nos referimos a una verdadera relación laboral (Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 17 de abril de 2008 )”.

“IV) Criterio de la Excepcionalidad: Si la tarea acordada corresponde a “actividades nuevas” y estas no pueden ser desarrolladas con el personal de planta o se requieren conocimientos especializados o de actividades que, de manera transitoria, resulte necesario redistribuir por excesivo recargo laboral para el personal de planta, puede acudirse a la contratación pública (Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 21 de febrero de 2002  a que se ha hecho referencia). Por el contrario, si la gestión contratada equivale al “giro normal de los negocios” de una empresa debe corresponder a una relación laboral y no puramente contractual…”.

“V) Criterio de la Continuidad: si la vinculación se realizó mediante contratos sucesivos de prestación de servicios pero para desempeñar funciones del giro ordinario de la administración, en otras palabras, para desempeñar funciones de carácter permanente, la verdadera relación existente es de tipo laboral…”.

El anterior pronunciamiento, también fue acompañado de la advertencia, que en el sector público, esta práctica puede significar desviación de poder en la contratación pública como delito penal.

Empero, a pesar de existir obligación del Estado de acatar las sentencias de la Corte Constitucional, frente a esta sentencia en particular, ha habido un silencio absoluto, incluso del Ministerio de la Protección Social, Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la República y de la misma Procuraduría General de la Nación; de pronto, por las nóminas paralelas que se manejan en muchos de estos organismos, porque entre otras cosas, al existir la obligación de crear los empleos públicos o los contratos de trabajo en el sector público, frente a las actividades permanentes de las entidades de derecho público, no habría razón para seguir achicando la estructura del Estado y por ende, no se puede ya hablar o seguir hablando de reestructuraciones administrativas. Sin embargo, el actual Gobierno no ha ejecutado la primera acción que conlleve al respeto y al cumplimiento de estas órdenes de generación del empleo público y los contratos de trabajo y la prohibición con sanciones del ejercicio presuntamente legal de las cooperativas de trabajo asociado.

Por ello, como ciudadano, no me sorprende que a través de las reformas que se están tramitando en el Congreso, se pretenda a través de proyectos de ley estatuaria, actos legislativos o leyes ordinarias, tratar de implementar la tercerización laboral, como una forma legal de seguir irrespetando las órdenes proferidas por la Corte Constitucional.

Por estas situaciones anómalas en la asunción de los fines esenciales del Estado, lo que nos corresponde a los ciudadanos de bien, que somos todos aquellos que deseamos un país más justo, es la de presentar las denuncias penales, las quejas disciplinarias, las denuncias fiscales, las acciones de cumplimiento, las acciones de tutela, las denuncias internacionales, para obligar al Gobierno de JUAN, a que de una vez por todas pase de la retórica de creación de empleo, a exigirles a sus subalternos el cumplimiento de esta sentencia, como una forma efectiva de establecer una verdadera distancia con el Gobierno Uribe, de estas formas de enriquecimiento lícito de los capitales emergentes y establecidos en el libre mercado de Colombia.