Las supresiones masivas de cargos en la restruccturación de las entiedasdes públicas

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{image}http://www.eldia.co/images/stories/personajes/anthoc/nixon.jpg{/image}SECTOR SALUD vs LA PROPUESTA LEGISLATIVA DE LA LEY DE FORMALIZACIÓN Y GENERACION DE EMPLEO DE JUAN MANUEL SANTOS.

El Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, entra en una gran contradicción sin proporciones, que pone de presente que no existe una verdadera intención de generar empleo público en el Sector Estatal, sino que busca establecer algunos incentivos tributarios en el sector privado, lo que se manifiesta, en las siguientes razones:  

1. El artículo 96 del Decreto Ley, que reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004, Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones y el Decreto-ley 15671 de 1998, señala;

“Se entiende que la modificación de una planta de empleos está fundada en necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración, cuando las conclusiones del estudio técnico de la misma deriven en la creación o supresión de empleos con ocasión, entre otras causas, de: 96.1. Fusión, supresión o escisión de entidades. 96.2. Cambios en la misión u objeto social o en las funciones generales de la entidad. 96.3. Traslado de funciones o competencias de un organismo a otro. 96.4. Supresión, fusión o creación de dependencias o modificación de sus funciones. 96.5. Mejoramiento o introducción de procesos, producción, de bienes o prestación de servicios. 96.6. Redistribución de funciones y cargas de trabajo. 96.7. Introducción de cambios tecnológicos. 96.8. Culminación o cumplimiento de planes, programas o proyectos cuando los perfiles de los empleos involucrados para su ejecución no se ajusten al desarrollo de nuevos planes, programas o proyectos o a las funciones de la entidad. 96.9. Racionalización del gasto público. 96.10. Mejoramiento de los niveles de eficacia, eficiencia, economía y celeridad de las entidades públicas”.

Y lo más importante en este articulado, lo señala, el parágrafo primero, que establece; “Las modificaciones de las plantas a las cuales se refiere este artículo deben realizarse dentro de claros criterios de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del interés general”.

En Colombia, a nivel administrativo de las entidades públicas de la Rama Ejecutiva del Poder Público, se ha vuelto costumbre a pesar lo que se denomina reestructuración administrativa en la órbita jurídico - laboral,  se ha convertido en simples estudios técnicos de modificación de planta de personal que conllevan a varias conclusiones, entre ellas, la supresión de cargos y liquidación de entidades públicas.

Desde la implementación del Sistema General de Carrera Administrativa, en el pasado más reciente, en el orden Nacional y territorial, mediante los Decretos 2400 de 1968, Decreto 1950 de 1973, entre otros, y las leyes 61 de 1987, Ley 10 de 1990, Ley 27 de 1992, Ley 443 de 1998 y la Ley 909 del 2004, se ha generado una cultura de reestructuración administrativa, que siempre se utiliza como mecanismo para desvincular a servidores públicos, más en las Alcaldías Municipales y Distritales y en los Departamentos, con el propósito inconstitucional de retirar trabajadores que no pertenecen a los grupos políticos o a los afectos del Gobernante de turno.

En el orden Nacional desde el año 2002, se han intensificado la reestructuraciones administrativas, para liquidar y suprimir entidades públicas y suprimir de forma masiva los cargos públicos, ejemplo de ello, fue la fusión del Ministerio del Trabajo con el Ministerio de la salud y la fusión del Ministerio de Gobierno y el de Justicia, que dio como resultado, ciento de servidores públicos desvinculados de las plantas de personal y si esto no fuera insuficiente, se han incrementado los contratos de prestación de servicios y en el sector salud Nacional y territorial, se ha aumentado la intermediación laboral, como forma de deslaboralización a través de las Cooperativas de Trabajo Asociado.

Y por estos días, el Ministerio de la Protección Social, ha puesto en marcha una nueva reestructuración administrativa, que conllevara a la supresión masiva de cargos en el sector salud, en contradicción con lo ordenado, en la sentencia de Constitucionalidad, proferida por la Corte Constitucional la C-614 del 2009, de generar empleo público y acabar desde la institucionalidad del Estado, con la deslaboralización del país.

En este contexto de la política de reestructuración del Estado, cuando JUAN MANUEL SANTOS, propuso dentro de su programa de gobierno, la formalización y generación del empleo, a primera vista, se pudo haber pensado que sus intenciones eran reales para contribuir a mejorar y establecer la formalidad de las relaciones laborales y generar empleo en el sector privado y público, pero tal situación al leer la acumulación de los proyectos de formalización del primer empleo y generación del empleo en el Senado de la República de Colombia, pudimos constatar que:

1. El Gobierno Nacional, parte del principio que la formalización y generación de empelo en Colombia, es solo un problema de la falta de incentivos, controles y regulación de la existencia de las empresas en el sector privado, cuando también lo es del sector estatal, que de alguna manera, al ser mayor empleador  y debiera ser el mayor generador del empleo público y de los contratos de trabajo, es reticente en su responsabilidad, por ello este proyecto de ley, carece de esa responsabilidad, entre otras inserta EN LOS FINES ESENCIALES CONSTITUCIONALES del Estado Social de Derecho.

2. En el Proyecto de ley, no se reflejan las obligaciones Constitucionales que tiene el Estado de adoptar y respetar la cosa juzgada Constitucional, establecida en el artículo 243 de la Carta Política, en cuanto desprecia en la redacción del proyecto de ley, la ratio decidendi de la Sentencia C-071 del 2010 y la C-614 del 2009, proferidas por la Corte Constitucional.

3. El proyecto de ley, no establece con claridad los derechos de los trabajadores desde el punto de vista prestacional, indemnizatorio y de la seguridad social, dejando en la aplicación de otras normas estos derechos, cuando tiene la oportunidad de dejarlo plasmado en la redacción sustantiva del articulado del proyecto.

4. El Estado desprecia, la aplicación del Convenio No &&88 de la Organización Internacional del Trabajo, SOBRE EL SERVICIO DEL EMPLEO, 1948 - CONVENIO RELATIVO A LA ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DEL EMPLEO – Convenio no ratificado por el Estado colombiano, y en sentido contrario adopta aspectos del convenio, pero de forma tangencial, cuando organiza el capítulo de: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION SOBRE DEMANDA DEL EMPLEO, dentro del proyecto.

5. Se incentiva tributariamente a las empresas que generen puestos de trabajo o empleo, pero no se establece la formalización real y verdadera a partir de las múltiples relaciones laborales, que sucumben ante la informalidad de patronos privados, que utilizan lo flexible de las sanciones del Estado, frente a sus prácticas deslaboralizantes en el país. 

6. Se hace mención a un mínimo de trabajadores, para desarrollar el concepto de pequeñas empresas, cuando ese mínimo frente a la deslaboralización del país, debe ser en un mínimo de 100 trabajadores y no de 50.

7. No se establece la armonización de este proyecto de ley con el Plan Nacional de Desarrollo de Juan Manual Santos.

8. NO se señala la exigencia de la integralidad de las políticas públicas, en todo los temas del Estado, para concretizar una verdadera ley, que conlleve a la generación de empleo, real y efectiva y no discursiva del Gobierno Nacional.

9. En el proyecto de ley, no se hace mención a la representación de los trabajadores en las instancias de decisión, evaluación y control de los distintos espacios que propone crear el proyecto. 

10. No se precisa en las definiciones del proyecto de ley, que se debe entender por formalización del empleo, trabajador independiente, actividad permanente, etc.

Por las anteriores razones, existe una gran contradicción entre la propuesta de continuar con la política laboral del anterior gobierno de reestructurar administrativamente a todas las entidades públicas y prioritariamente a las Empresas Sociales del Estado nacionales y territoriales en el sector salud y de supuestamente de generar empleo en el país hoy.

Este panorama entre lo que se profesa y práctica, nos muestra de forma tangible que lo que expresa el Gobierno Santos y los partidos de la coalición del gobierno, como el de la U, el partido Liberal, el Partido Conservador, el movimiento político PIN y Partido Verde, es diametralmente opuesto a su práctica legislativa, la postura de sus Senadores y Representantes a la Cámara en el Congreso de la República y en la elaboración de la política pública del Jefe Supremo de la Administración. 

Así las cosas, se hace necesario presentar las respectivas acciones penales ante la Comisión de Investigación y acusación de la Cámara de Representantes del Congreso de la República, contra el Ex – Presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez y el Presidente Juan Manuel Santos, por haber promovido y estar promoviendo políticas de deslaboralización en Colombia; ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia contra el Ex – Ministro de la Protección Social DIEGO PALACIO BETANCUORT y el Ministro de la Protección Social MAURICIO SANTA MARIA SALAMANCA, y contra los Ponentes que han aprobado en primer debate en la Comisión Séptima del Senado el Proyecto de reforma a la salud, que en contra vía de la prohibición de la tercerización laboral, quieren imponer, esta forma de vinculo laboral, como una forma inconstitucional de vincular trabajadores, desobedeciendo a la Corte Constitucional, acciones que se deben presentar con el objeto de que no se presente una supresión masiva de cargos públicos en el sector Estatal  y específicamente en el sector salud y obligar al Gobierno Santos a guardar coherencia con su política de generación del empleo, tanto en el sector privado y público.