La Unidad Anticorrupción de la Contraloría General de la Nación evalúa las pruebas del caso Electricaribe para decidir si imputa cargos dentro del mismo proceso.
Los dos casos de irregularidades en el manejo de los subsidios que debían destinarse a los usuarios de menores ingresos de la red de Electricaribe fueron asumidos por la Unidad Anticorrupción de la Contraloría General, que adelanta la etapa probatoria de rigor y próximamente decidirá si imputa cargos a los involucrados.
Dado su impacto nacional, ambos casos fueron trasladados desde la Gerencia Departamental Colegiada de la Contraloría en Atlántico, que inició la investigación y encontró irregularidades por $220.000 millones en un caso de presunto “uso indebido de subsidios que debían girarse a familias pobres de todo el Caribe”.
En ese caso, desde agosto de 2017 la Contraloría Delegada de Minas y Energía inició la indagación preliminar para revisar “en detalle” la aplicación de los subsidios de energía que recibió Electricaribe entre 2010 y 2014 para beneficiar a sus usuarios de menores ingresos.
En la indagación, la Contraloría utilizó un sistema de big data para identificar el destino de los $216.000 millones que debían asignarse como subsidios.
La conclusión fue que “Electricaribe incurrió en esta práctica durante 6 años continuos analizados por la Contraloría, que comprenden las vigencias julio de 2011 a julio de 2017”.
De acuerdo con la Contraloría, “la empresa no aplicó en las facturas de los usuarios, la totalidad de los descuentos correspondientes al subsidio que les otorga el Fondo de Energía Social – FOES a la población de los estratos 1 y 2 de zonas especiales, y destinó estos recursos a la disminución de sus pérdidas”.
En el segundo caso, se encontraron irregularidades por $6.000 millones en recursos de normalización energética que no se invirtieron en zonas subnormales.
En esa oportunidad fue la Auditoría Especial de Fiscalización de la Contraloría, aplicada a los recursos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas (Prone) y el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de Zonas Rurales (Faer) entre 2008 y 2014, la que permitió el hallazgo.
De acuerdo con la investigación, los contratistas involucrados recibieron $6.078 millones por proyectos que no se habían ejecutado por completo en Guajira, Córdoba, Atlántico y Bolívar.
Ambos casos se suman a los 3 procesos que adelanta la misma Gerencia en Atlántico, que suman más de $11.600 millones, relacionados también con presuntas irregularidades en la normalización del servicio de energía en la región.
De acuerdo con la Contraloría, “estos se encuentran en etapa de pruebas y próximamente se tomará decisión de imputación o archivo”.
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