El Minhacienda y Planeación Nacional alistan la creación del fondo Foneca, mediante el cual la Nación asumiría unos $1,3 billones por este rubro.
El proceso total para la elección de inversionista-operador de Electricaribe durará un año.
ETCE
a intervención hecha por el Estado colombiano a la Electrificadora del Caribe (Electricaribe) llegaría a feliz término hacia diciembre próximo, pero la asunción de un nuevo operador será la piedra angular para que el engranaje institucional se mantenga firme.
La razón principal tiene que ver con que, por un lado, el Gobierno está buscando por doquier a una o varias empresas que asuman las tareas que hoy tiene a su cargo el Ejecutivo, y, por el otro –de forma paralela– se alista para darle vía libre a la asunción de una deuda histórica que se tiene con la empresa.
Se trata del pasivo pensional de la compañía, sobre el cual desde el año pasado, el presidente Iván Duque confirmó que sería asumido por parte del Estado, y cuya suma supera el billón de pesos.
DECRETO Y CONPES
Para lograrlo, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) prepara un decreto, que dicta las condiciones para que la Nación adquiera la responsabilidad de pagar esos dineros, y parte de la premisa de que sí o sí, la operación la debe asumir uno o varios privados.
De acuerdo con el borrador, “una vez se adopte una solución empresarial total o parcial que permita garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica” (ver recuadro).
De hecho, la norma especifica que “en el evento en que no se perfeccione la solución empresarial (...) el pasivo descrito no será asumido por la Nación” y, en consecuencia, habría que empezar de ceros, si se desea cubrir este faltante billonario.
No obstante, en caso de llegar a buen término, las acreencias serían adquiridas a través del Fondo Nacional del Pasivo Pensional y Prestacional de la Electrificadora del Caribe (Foneca), que sería el único deudor y responsable de los recursos pendientes.
Acerca de estos últimos, el Presidente señaló hace unos meses que la cifra era de entre 1,2 y 1,3 billones de pesos, sin embargo, el decreto que se firmaría en las próximas semanas detalla que Electricaribe tendrá que actualizar los datos con fecha límite del 31 de diciembre del 2018.
Posteriormente, la Superintendencia de Servicios Públicos tendrá la tarea de aprobar las cifras presentadas por la compañía, que, en cualquier caso, solo pueden incluir las obligaciones pensionales, los beneficios, las contingencias a que haya lugar y las proyecciones financieras, así como los gastos administrativos relacionados con dicho pasivo.
A pesar de lo anterior, la palabra final la tendrá el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), que fijará realmente cuáles deudas pagará la Nación y cuáles quedarían en el limbo.
Entre estas últimas estarían los 1,8 billones de pesos que se les adeudan a diferentes actores del sector financiero y, según dijo hace unos meses la superintendente de Servicios, Natasha Avendaño, “existe la posibilidad que con los acreedores se llegue a un acuerdo para recuperar parte de ese capital”.
Del monto total que la empresa le debe al sistema financiero, alrededor de 1,2 billones de pesos fueron prestados por el Grupo Aval y otros 550.000 millones corresponden al portafolio de Bancolombia, en tanto que la suma restante –5.000 millones de pesos– se les adeudan a otras entidades.
FONDO NUEVO
Entre tanto, en unas semanas comenzaría a operar el Foneca, que recibirá dineros de varias fuentes, entre las que están aquellos recursos que tengan origen en el proceso de vinculación de capital para la operación de la prestación del servicio de energía eléctrica en la costa que reciba Electricaribe, así como los que se generen con ocasión del pago o liquidación de cuentas por cobrar.
A renglón seguido, el proyecto de norma establece que la Nación también asumiría el pasivo de la compañía asociado al fondo empresarial de la Superservicios, que ya también recibió aval para contratar operaciones de crédito para cubrir algunos faltantes.
Así lo estableció el Consejo de Ministros, a través del Conpes 3966, que le permite a la Superservicios contar con el concepto para contratar operaciones pasivas de crédito hasta por la suma de 735.000 millones de pesos, de tal modo que la firma pueda “realizar inversiones que permitan mejorar la calidad y continuidad del servicio, aumentar la capacidad instalada de los equipos y disminuir las pérdidas en su área de influencia”.
Asimismo, otra parte de los recursos necesarios se está recolectando de los estratos altos y las industrias y comercios del país, a quienes se les obligó a pagar, vía Plan Nacional de Desarrollo, una sobretasa de energía de 4 pesos por kilovatio hora, la cual tendrá que ser asumida por este grupo de personas y empresas hasta el 31 de diciembre del 2022.
SUBASTA EN DICIEMBRE
Mientras la operación para asumir el pasivo pensional se pone en marcha, en la Superintendencia de Servicios Públicos sigue el proceso de tres subastas para que la operación de Electricaribe sea asumida por una o varias empresas.
Y aunque se preveía que estas se realizarían en menos de dos meses, la entidad confirmó hace unos días que el cronograma se amplió hasta la primera y segunda semanas de diciembre. La decisión se adoptó, luego de que varias compañías potencialmente interesadas le pidieran al Ejecutivo una ampliación del plazo para fijar sus propuestas.
El plan del Gobierno es segmentar la operación de Electricaribe en dos mercados (Caribe Mar y Caribe Sol), aunque no se descarta que una sola empresa adquiera todas las tareas.
Fuente: https://www.portafolio.co
