Las neveras que entregan en comodato las empresas surtidoras de gaseosas y cervezas, son el motivo para que Electricaribe demande a estas empresas por el consumo ilegal de energía, que hacen los vendedores informales quienes se encargan de vender estos productos en la calle.Esta decisión fue anunciada el pasado viernes por la Electricaribe, cuyo socio mayoritario es la Multinacional Española Unión FENOSA, luego de evaluar los resultados de un estudio que señala que por lo menos 1200 enfriadores en manos de tenderos y comerciantes están conectados fraudulentamente a las redes distribuidoras de energía electrifica.
La empresa afirma que las perdidas por esas conexiones ascienden a 1423 millones de pesos. La electrificadora afirma que las empresas embotelladoras entregan indiscriminadamente esas neveras que son de su propiedad, de las cuales se lucran con la venta de sus productos sin prever las conexiones fraudulentas que hacen los tenderos de estos refrigeradores.
En un comunicado Electricaribe afirmó: “La mayoría de estos comerciantes instalan un kiosco o puesto de venta estacionaria informal en andenes y carreteras para vender los refrescos. Éstos, en su mayoría, están conectados directamente y en forma anti técnica a las redes sin que su consumo pueda ser medido, ocasionando fluctuaciones de voltaje, interrupciones del servicio, deterioro en las instalaciones eléctricas y poniendo en peligro la salud y la vida de los usuarios del servicio”.
La demanda se presentó ante el juzgado 15 civil de circuito de Medellín, en la cual se solicita a las empresas embotelladoras que se abstengan de entregar neveras o refrigeradores a los comerciantes, que no se encuentren con conexiones lícitas de energía en las Ciudades de la Costa Atlántica. La empresa que cuantificará los perjuicios generados de esta práctica ilegal será APPLUS Norcontrol Colombia Ltda.
Si la demanda prospera, la indemnización a la electrificadora será de la siguiente forma: Gaseosas Posada Tobón S.A. (Postobón S.A.), $3.192.973.743, Bavaria S.A. (SabMiller) y Cervecería Unión S.A., $3.150.174.716 e Industria Nacional de Gaseosas (embotelladora de Coca Cola) y Embotelladota Román S.A., $ 4.384.798.660.
Por ultimo se solicita a estas empresas transparencia y responsabilidad social, ya que este uso pone en riesgo la salud y seguridad de las personas, por las conexiones ilegales que son altamente riesgosas para la población en general.
La empresa afirma que las perdidas por esas conexiones ascienden a 1423 millones de pesos. La electrificadora afirma que las empresas embotelladoras entregan indiscriminadamente esas neveras que son de su propiedad, de las cuales se lucran con la venta de sus productos sin prever las conexiones fraudulentas que hacen los tenderos de estos refrigeradores.
En un comunicado Electricaribe afirmó: “La mayoría de estos comerciantes instalan un kiosco o puesto de venta estacionaria informal en andenes y carreteras para vender los refrescos. Éstos, en su mayoría, están conectados directamente y en forma anti técnica a las redes sin que su consumo pueda ser medido, ocasionando fluctuaciones de voltaje, interrupciones del servicio, deterioro en las instalaciones eléctricas y poniendo en peligro la salud y la vida de los usuarios del servicio”.
La demanda se presentó ante el juzgado 15 civil de circuito de Medellín, en la cual se solicita a las empresas embotelladoras que se abstengan de entregar neveras o refrigeradores a los comerciantes, que no se encuentren con conexiones lícitas de energía en las Ciudades de la Costa Atlántica. La empresa que cuantificará los perjuicios generados de esta práctica ilegal será APPLUS Norcontrol Colombia Ltda.
Si la demanda prospera, la indemnización a la electrificadora será de la siguiente forma: Gaseosas Posada Tobón S.A. (Postobón S.A.), $3.192.973.743, Bavaria S.A. (SabMiller) y Cervecería Unión S.A., $3.150.174.716 e Industria Nacional de Gaseosas (embotelladora de Coca Cola) y Embotelladota Román S.A., $ 4.384.798.660.
Por ultimo se solicita a estas empresas transparencia y responsabilidad social, ya que este uso pone en riesgo la salud y seguridad de las personas, por las conexiones ilegales que son altamente riesgosas para la población en general.
