{image}http://www.eldia.com.co/images/stories/200110/emergenciasocial.jpg{/image}Por fin salieron los decretos presidenciales para hacerle frente a la tan llamada Emergencia Social en el sector de la salud, en especial en la destinación de los recursos públicos tanto a los intermediarios en la salud como a la red publica hospitalaria.
Viendo los decretos ordenados por el presidente Álvaro Uribe, estos tratan principalmente del traslado de fondos del gobierno tanto a las EPS como a la red publica hospitalaria, además de la creación de nuevos impuestos que servirán para la financiación de la emergencia, así como el traslado de fondos de algunas cuentas de la nación.
Aunque estas medidas contingentes son buenas, el verdadero problema en el sector de la salud se debe principalmente a la corrupción que se vive en el sector, dado que viendo las partidas presupuestales para el rubro de salud nacional, este ha venido aumentando los últimos años a la cuantía de 28 billones de pesos, cifra demasiado alta, cuando estudios han demostrado que tener toda la población colombiana en el régimen contributivo le costaría a la nación 21 billones de pesos.
Otro problema con la llamada emergencia social, es porque el FOSYGA, qué es la entidad que tiene que desembolsar los dineros tanto a los intermediarios en el sector salud como a la red publica hospitalaria, no hace los desembolsos a tiempo, no porque no tenga los recursos, sino porque los invierte en el mercado de capitales.
Si a estas 2 situaciones, le sumamos la ambigüedad en la ley acerca de lo fundamental que es el derecho de la salud, situación que ha llevado a una creciente tutelitis en operaciones no contempladas en el post, nos damos cuenta que el problema de la salud pasa por ser un problema administrativo.
Cabe preguntarnos, porque las afiliaciones al sector subsidiado en la salud han aumentado vertiginosamente, cuando supuestamente la pobreza colombiana se ha detenido en una cifra alrededor del 60%. Ojala no se estén comprando votos para las futuras campañas a Senado, Cámara y Presidencia de la República.
En fin, el arreglo del sector salud no se arregla con nuevos impuestos, los cuales pueden afectar el empleo en aquellas empresas que les toco tributar para la emergencia social, sino investigando quienes son los responsables de malgastar los recursos destinados a la salud y que pone en riesgo el derecho a la vida de muchos colombianos.
Además el Estado colombiano debería investigar como funcionan los intermediarios en el sector salud como son las EPS, las cuales son expertas en cobrar pero malas en dar al publico los servicios que ofrecen y preguntarse si son necesarias.
También toca revisar si los fundamentos en que esta construido todo el andamiaje de la salud sirve, o de lo contrario toca desecharlo y crear uno nuevo, porque por lo visto la Ley 100 no se ha podido ejecutar cabalmente desde su aprobación y ya ha pasado el tiempo de su ejecución y los resultados no son los esperados.
Aunque estas medidas contingentes son buenas, el verdadero problema en el sector de la salud se debe principalmente a la corrupción que se vive en el sector, dado que viendo las partidas presupuestales para el rubro de salud nacional, este ha venido aumentando los últimos años a la cuantía de 28 billones de pesos, cifra demasiado alta, cuando estudios han demostrado que tener toda la población colombiana en el régimen contributivo le costaría a la nación 21 billones de pesos.
Otro problema con la llamada emergencia social, es porque el FOSYGA, qué es la entidad que tiene que desembolsar los dineros tanto a los intermediarios en el sector salud como a la red publica hospitalaria, no hace los desembolsos a tiempo, no porque no tenga los recursos, sino porque los invierte en el mercado de capitales.
Si a estas 2 situaciones, le sumamos la ambigüedad en la ley acerca de lo fundamental que es el derecho de la salud, situación que ha llevado a una creciente tutelitis en operaciones no contempladas en el post, nos damos cuenta que el problema de la salud pasa por ser un problema administrativo.
Cabe preguntarnos, porque las afiliaciones al sector subsidiado en la salud han aumentado vertiginosamente, cuando supuestamente la pobreza colombiana se ha detenido en una cifra alrededor del 60%. Ojala no se estén comprando votos para las futuras campañas a Senado, Cámara y Presidencia de la República.
En fin, el arreglo del sector salud no se arregla con nuevos impuestos, los cuales pueden afectar el empleo en aquellas empresas que les toco tributar para la emergencia social, sino investigando quienes son los responsables de malgastar los recursos destinados a la salud y que pone en riesgo el derecho a la vida de muchos colombianos.
Además el Estado colombiano debería investigar como funcionan los intermediarios en el sector salud como son las EPS, las cuales son expertas en cobrar pero malas en dar al publico los servicios que ofrecen y preguntarse si son necesarias.
También toca revisar si los fundamentos en que esta construido todo el andamiaje de la salud sirve, o de lo contrario toca desecharlo y crear uno nuevo, porque por lo visto la Ley 100 no se ha podido ejecutar cabalmente desde su aprobación y ya ha pasado el tiempo de su ejecución y los resultados no son los esperados.
