{image}http://www.eldia.co/images/stories/230610/005.jpg{/image}En un país como el nuestro, donde la violación de los derechos sindicales es constante y la impunidad es total, genera satisfacción  la detención  de varios  funcionarios del DAS, implicados en la muerte del líder Sindical, Luciano Enrique  Romero, el cual militaba en las filas de Sinaltrainal.

La Fiscalía 34 de Derechos Humanos de Valledupar, logro determinar la participación de José Antonio Riaño y Norberto Sotomayor González  en el asesinato de Luciano Romero, y les profirió  una orden de captura, sindicándolos  por homicidio agravado y concierto para delinquir.

El 10 de septiembre de 2005, el compañero Luciano Romero desapareció misteriosamente  en Valledupar,  y apareció asesinado al día siguiente, su cuerpo mostraba señales de amordazamiento, tortura  y 52  puñaladas.

Luis Javier Correa, presidente nacional de Sinaltrainal, manifestó que el asesinato del compañero estuvo  enmarcado dentro de las políticas antisindicales, desarrolladas por la multinacional suiza Nestlé y varios personajes ilustres  de la región Caribe a los cuales se les comprobó nexos con grupos paramilitares.

Las autoridades judiciales, trataron al principio de justificar el asesinato del compañero Luciano Romero como un lio pasional, luego lo sindicaron como miembro de la guerrilla del ELN,  pero el sindicato alimenticio logró demostrar  que el móvil del asesinato fueron motivos políticos, principalmente por ser un líder sindical, aseveró Javier Correa.

Para Sinaltrainal, la participación de grupos paramilitares en los asesinatos de  varios compañeros es veraz, tal como lo confeso Salvatore Mancuso en una audiencia publica, en donde vinculo a Jorge 40 de recibir ayuda  de varias  industrias lecheras de la región entre las que se encontraba Nestlé.

El  Movimiento Sindical no descansara hasta que la justicia esclarezca los asesinatos de miles de trabajadores colombianos, encuentre los autores materiales e intelectuales y les haga pagar condenas ejemplares.

Luchar por una sociedad más justa, incluyente y democrático,  no puede ser motivo de persecución política, asesinatos, desaparición forzada, exilio, por tanto, el gobierno nacional debe garantizar el respeto al derecho de los trabajadores a asociarse libremente.


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