{image}http://www.eldia.co/images/stories/240610/008.jpg{/image}Luego que la Judicatura ordenara por medio de un fallo de tutela la restitución del gobernador del valle Juan Carlos Abadía, la Procuraduría General de la Nación exigió nuevamente a la Magistrada Ruth Patricia Bonilla Vargas, del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, Sala Disciplinaria, revisar las pruebas que condenan al gobernador.
El organismo de control advierte que hasta la fecha la magistrada Bonilla de la Judicatura de Cali, se ha negado a realizar la inspección del proceso que destituyó a Abadía, que mediante los fallos del 5 y 25 de mayo la Procuraduría ordenó la destitución e inhabilidad por diez años del gobernador, por la reunión realizada en febrero en el corregimiento de Rozo (en Palmira), a la que asistieron 22 alcaldes del Valle y en la que el Gobernador habló de apoyar al entonces precandidato conservador Andrés Felipe Arias.
Es de anotar que El Consejo Superior de la Judicatura es un órgano constitucional de administración y control del poder judicial en Colombia, sin embargo, hay quienes sostienen que es la corte de Bolsillo del actual gobierno que se ha interpuesto en importantes procesos de investigación como la Yidis política y la Parapolítica.
Pedro Medellín, reconocido analista político, ha sostenido que el Consejo Superior de la Judicatura y todo su organigrama nacional, tiene un objetivo mas allá de obstaculizar los procesos de investigación: se ha tratado mas bien de someter a la Corte Suprema de Justicia.
Por su parte la Judicatura seccional del Valle del Cauca choca a un mas solicitando la investigación contra la procuradora María Eugenia Carreño delegada para Vigilancia de la Función Pública, por sus declaraciones en contra del fallo de tutela que reintegra en el cargo al gobernador.
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