{image}http://www.eldia.co/images/stories/200810/002.jpg{/image}Actualmente cerca de 1300 familias, unas 5200 personas del Corregimiento de La Toma, del municipio de Suarez Cauca, quienes subsisten de la minería artesanal se encuentran amenazados, por la gran industria de extracción minera.
En entrevista con un dirigente de la comunidad sostiene. “Nosotros hemos estado viviendo en este territorio desde 1636, ganándonos la vida con la minería tradicional, y el bariqueo, desde hace varios años el gobierno nacional, por medio de su código de minas, ha proporcionado concesión de explotación de las minas, a las grandes empresas en detrimento de los pequeños mineros, a quienes se les ha ordenado el desalojo que por muchos años han explotado las minas”
La Alcaldía Municipal de Suarez Cauca, en su resolución Numero 2864 de abril 30 de 2010 expresa: “por medio de la cual se suspende la extracción y explotación de yacimiento minero, se ordena un desalojo y se dictan otras disposiciones en el municipio de Suarez Cauca”.
En ese sentido, la comunidad denuncia ante la comunidad nacional e internacional el inminente riesgo de vulneración de los derechos humanos, en particular el derecho al trabajo, a la consulta previa, a la identidad, a la alimentación y a la vida, al cual están sometidas las comunidades de La Toma, Suarez, por cuenta de las irregularidades presentadas en las concesiones y en la resolución de la alcaldía.
“Detrás de estas inconsistencias e ilegalidades están las empresas multinacionales que solo buscan lucrarse a partir de la extracción de los recursos que se encuentran presentes en los territorios” sostiene el dirigente.
Hay ilegalidades como la orden de desalojo para este 18 de agosto del 2010, diligencia que afortunadamente fue cancelada, tal orden fue expedida por el Alcalde Municipal de Suarez – Cauca, en cumplimiento de la resolución GTRC 0066 de abril 2008 de Ingeominas Regional Cali, violando el derecho de las Comunidades Negras a la Consulta Previa y el Consentimiento Previo Libre e Informado.
No es la primera vez que estas comunidades son vulneradas, hacia la década de los ochentas esta población experimento las consecuencias de la construcción de la Hidrométrica de La Salvajina y han sido víctimas de primera mano del conflicto armado, sin que el Gobierno haya hecho lo mínimo para proteger y garantizar debidamente sus derechos.
Detrás de la diligencias de desalojo se encuentra la concesión a nombre del señor Héctor Sarria, a quien se le ha otorgado la explotación de un yacimiento de oro consistente en 99 hectáreas y 6.507 metros cuadrados localizada en la desembocadura de la quebrada La Turbina rio Cauca, sin embargo, según fuentes consultadas: “Este concesionario nunca ha realizado ninguna actividad de exploración o explotación, y no son parte, ni están vinculados de ninguna manera con las comunidades y sus territorios. Más bien se trata de “testaferros” de la Empresa Minera Anglo Gold Ashanti, que ha solicitado gran parte del territorio ancestral, incluido el cementerio para su exploración y explotación. Una vez obtenidos y saneados los títulos, estos pasan a mano de la respectiva multinacional, por una suma considerable de dinero”.
