Declaración de Sintracarbón, Sintraelecol y la Unión Sindical Obrera 10 de diciembre del 2020

Nacional
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La Transición Energética no solo es un imperativo global, es también un componente prioritario de la agenda del sindicalismo mundial y el de nuestras organizaciones. La degradación ambiental y la reacción ciudadana mundial deben llevar a replantear la industria, a fijar metas y plazos eficientes para abandonar los combustibles fósiles y adoptar nuevas tecnologías.

Para Sintracarbón, Sintraelecol y la Unión Sindical Obrera es una necesidad contribuir a que se desate el proceso de transición energética basado en al menos tres cosas:

1. Que haya una política pública nacional de transición que como mínimo permita cumplir realmente las metas del Acuerdo de París.

2. Que esa política sea implementada mayoritariamente por empresas y entidades del Estado y que el Estado a su vez pueda regular y monitorear la intervención de los actores privados del sector minero y energético.

3. …Y que los avances en el proceso de transición energética no destruyan el trabajo decente y ni a las organizaciones sindicales del sector, sino que por el contrario genere condiciones laborales dignas y una fuerte organización sindical en el sector energético.

El gobierno, al menos en el discurso, ha reconocido la urgencia de la Transición Energética. Pero lo hace desde su visión neoliberal y colonialista que consiste en entregarle el nuevo negocio a las multinacionales y a especuladores financieros. Las élites no ven la transición como un camino para generar trabajo decente y nuevos recursos para disminuir las enormes desigualdades sociales y territoriales que impiden el desarrollo del país con un enfoque de derechos.

Ellos ven la minería como un negocio que se acaba y no se les ocurre que es indispensable pensar cómo reemplazar billones de pesos en ingresos sustanciales para el Estado central y las entidades territoriales, mantener al menos 300 mil puestos de trabajo y el bienestar que generan, en cómo van a transitar de oficios e ingresos centenares de miles de familias colombianas que viven de la minería y el petróleo.

Hasta el momento lo que prima es la emergencia fiscal del Estado provocada por un sistema tributario profundamente regresivo. Así, mientras nosotros defendemos que las empresas públicas lideren la transición, conservando su carácter público – es decir, de todos los colombianos - y consolidando las iniciativas que alrededor deese propósito se adelanten. El gobierno busca vender Ecopetrol, ISA, Cenit o las últimas electrificadoras públicas para cuadrar caja y evitar malas evaluaciones de las calificadoras de riesgo.

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