El Sindicato de trabajadores de la energía de Colombia (SINTRAELECOL) denuncia que la Electrificadora del Caquetá S.A. ESP intimida, amenaza, y acosa a los empleados sindicalizados. De este modo, la empresa viola los derechos a la libertad sindical, de reunión y de asociación.
La Directiva nacional de Sintraelecol (afiliada a IndustriALL Global Union) denunció en octubre del 2020 a los actuales directivos de Electrocaquetá, a otros ex funcionarios, a dos jueces laborales y a una magistrada ante la Fiscalía General de la Nación. Denunciaron que los trabajadores sindicalizados enfrentan violaciones al derecho de libertad sindical desde el año 2002.
La secretaria de educación y género de Sintraelecol, Margarita Salamanca Arias, es una de las personas que sufre persecución sindical desde hace años. Por ejemplo, asegura que en el pasado la empresa le dio un permiso sindical permanente con la condición de desmejorarle su salario y de quitarle el derecho al auxilio de transporte. Del mismo modo, la empresa no quiso pagarle las cesantías, le envió memorándums para prohibir que ejerciera hacer la actividad sindical e incluso la despidió de manera injusta.
Muchas de estas acciones las pudo revertir efectuando denuncias en la justicia. Lamentablemente, asegura que en muchos casos los procesos se truncaban, demostrando falta de transparencia en las instituciones judiciales:
“La empresa efectúa una persecución laboral, violación al derecho de reunión, despidos injustos, la restricción y manipulación de los derechos sindicales desde el 2006. La esencia del problema es una conducta permanente de vulneración a los derechos que están protegidos por los convenios internacionales y penalizadas en las normas de Colombia. Cuando vamos a las instancias judiciales, logramos ganar en una primera instancia pero no luego. Por eso pedimos que se asignen fiscales para que investiguen”
explica Salamanca Arias.
Recientemente Sintraelecol le escribió al Presidente de Colombia, Iván Duque, para expresarle que no se brindaron las garantías convencionales constitucionales y legales para que se ejerza la acción penal de forma transparente en contra de todos los denunciados. Si bien sostuvieron 3 audiencias de control de garantías, aseguran que nunca se contó con la asistencia de ningún fiscal competente para llevar a cabo tal investigación.
Por ese motivo, le solicitaron que posibilite que el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, proceda a asignar a los tres fiscales especializados que tienen que investigar a las personas que están denunciando, y así dar cumplimiento a los tratados y convenios internacionales que fueron aprobados y firmados tanto por la Presidencia de la República como por la Fiscalía General de la Nación.
Gracias al pedido de Sintraelecol, Barbosa asignó al fiscal para investigar a la Magistrada, pero aún resta que asigne a los otros dos fiscales.
La organización sindical también señaló que las autoridades firmaron el Convenio Interadministrativo No. 154 – 6 (C154-6) de 2006 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual ordena investigar los delitos que atenten contra la Libertad Sindical y dar cumplimiento a las garantías de investigación penal contra los denunciados.
