La decisión de anular las recientes actuaciones en el caso de la fusión del Banco de Colombia y el Banco Industrial Antioqueño, fue adoptada por una fiscal de segunda instancia, delegada ante la Corte Suprema de Justicia que consideró que antes de acusar a los actuales directivos de Bancolombia, debieron practicarse algunas pruebas en Estados Unidos.
“El magistrado Álvaro Tafur Galvis consideró que la acción penal para investigar a los señores Jorge Londoño Saldarriaga y Federico Guillermo Ochoa por los delitos de estafa, utilización indebida de fondos captados del público y falsedad en documentos no ha prescrito salvo en lo que respecta al delito de Operaciones no Autorizadas con Accionistas”, dice la sentencia del organismo judicial.
En consecuencia, afirma el fiscal delegado de la CSJ, será la fiscalía el ente encargado de pronunciarse respecto al delito de falsedad. “Es de advertir que la prueba testimonial deberá realizarse cuanto antes para evitar que prescriban los restantes delitos por los que han sido investigados los altos funcionarios del Banco”, señala la corporación de justicia.
Como se recordará el 4 de enero de este año un fiscal seccional había dictado resolución de acusación contra el presidente del Banco y uno de sus vicepresidentes por la compra que realizó el Banco de Colombia al Banco Industrial Colombiano, conflicto jurídico que se ha prolongado cada vez más y que va a completar 10 años.
“Contra esa decisión se había interpuesto el recurso de apelación y ayer un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia en segunda instancia determinó que el fiscal de primera había cometido unas irregularidades que indicaban que la resolución de acusación debería anularse y así se decidió. De manera que se ha decretado la nulidad al llamamiento a juicio contra estas dos personas”, señaló el abogado defensor de Bancolombia, Ricardo Calvete.
Cabe anotar que hace menos de dos semanas en otro proceso paralelo la justicia llamó a rendir indagatoria a altos funcionarios de la anteriores Superintendencia Bancaria y Superintendencia de Valores así como a antiguos miembros del Banco de la República por presunto prevaricato en este caso.
“Con esta anulación volvemos nuevamente a la etapa de investigación para que la fiscalía de cumplimiento a lo que ordenó la Corte Constitucional con la tutela que revivió el caso al ordenar incorporar dos pruebas que eran unos documentos remitidos de Estados Unidos y dos testimonios que estaban pendientes por recibir”, añadió el abogado defensor.
Bancolombia siempre ha sostenido que la adquisición y la posterior fusión entre estas entidades siguió los parámetros y las buenas prácticas internacionales que se utilizan para realizar este tipo de operaciones por lo que la negociación con el antiguo BIC estuvo ajustada a las normas legales.
Justicia continuará con la investigación
En consecuencia, afirma el fiscal delegado de la CSJ, será la fiscalía el ente encargado de pronunciarse respecto al delito de falsedad. “Es de advertir que la prueba testimonial deberá realizarse cuanto antes para evitar que prescriban los restantes delitos por los que han sido investigados los altos funcionarios del Banco”, señala la corporación de justicia.
Como se recordará el 4 de enero de este año un fiscal seccional había dictado resolución de acusación contra el presidente del Banco y uno de sus vicepresidentes por la compra que realizó el Banco de Colombia al Banco Industrial Colombiano, conflicto jurídico que se ha prolongado cada vez más y que va a completar 10 años.
“Contra esa decisión se había interpuesto el recurso de apelación y ayer un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia en segunda instancia determinó que el fiscal de primera había cometido unas irregularidades que indicaban que la resolución de acusación debería anularse y así se decidió. De manera que se ha decretado la nulidad al llamamiento a juicio contra estas dos personas”, señaló el abogado defensor de Bancolombia, Ricardo Calvete.
Cabe anotar que hace menos de dos semanas en otro proceso paralelo la justicia llamó a rendir indagatoria a altos funcionarios de la anteriores Superintendencia Bancaria y Superintendencia de Valores así como a antiguos miembros del Banco de la República por presunto prevaricato en este caso.
“Con esta anulación volvemos nuevamente a la etapa de investigación para que la fiscalía de cumplimiento a lo que ordenó la Corte Constitucional con la tutela que revivió el caso al ordenar incorporar dos pruebas que eran unos documentos remitidos de Estados Unidos y dos testimonios que estaban pendientes por recibir”, añadió el abogado defensor.
Bancolombia siempre ha sostenido que la adquisición y la posterior fusión entre estas entidades siguió los parámetros y las buenas prácticas internacionales que se utilizan para realizar este tipo de operaciones por lo que la negociación con el antiguo BIC estuvo ajustada a las normas legales.
Justicia continuará con la investigación
En su fallo la Fiscalía ordena que la Corte Constitucional, deberá practicar las declaraciones de los señores Roberto Gray y Martín Fariña y deberá valorarse los resultados de la inspección adelantada en las oficinas de la Securities and Exchange Comisión (SEC). Según la Fiscalía, Londoño y otros directivos del Banco no cumplieron con exigencias que en su momento exigía la ley bancaria, para evitar que un grupo minoritario de accionistas sufriera pérdidas monetarias por la fusión de las dos del antiguo y desaparecido BIC, y del Bancolombia.