{image}http://www.eldia.co/images/stories/221010/001.jpg{/image}En la madrugada del 21 de octubre de 2010, fue aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado de la República, el presupuesto nacional para el 2011, el cual fue 147,4 billones de pesos, incrementándose un 2,5% respecto al gasto realizado por la nación para este año.
Del presupuesto aprobado, faltan 12 billones de pesos, los cuales tendrán que ser cubiertos a través de deuda, lo cual significa un aumento del déficit fiscal del estado, situación riesgosa para una economía endeble como la colombiana.
Los rubros aprobados, muestran 22 billones de pesos para garantizar la defensa de la nación en el 2001, cuantía igual a la destinada para cubrir la educación en todos sus niveles, lo cual muestra la prioridad del gobierno en su afán de continuar una carrera armamentista en el país.
Una situación increíble, son los 35 billones de pesos destinados al pago de los intereses de la deuda, en vez de seguirnos endeudando tal como pasará en el 2011, seria mejor pedir una moratoria e invertir dichos recursos en el fortalecimiento del mercado interno, y evitarnos el pago de intereses de manera creciente.
Una vez mas, quedo demostrado el poco interés de la dirigencia política para invertir en el campo social, así lo deja ver el presupuesto aprobado, donde 500 mil millones de pesos fueron destinados a la vivienda, 450 mil millones de pesos a la agricultura, 920 mil millones de pesos a vías, entre otros, lo cual son cifras irrisorias, si tenemos en cuenta los 3,7 billones de pesos aprobados a fortalecer las locomotoras del empleo.
No queda nada por decir respecto a la salud, donde no se aprobó recursos para salvar la red hospitalaria publica, ni siquiera la insistencia de la senadora Francisca Toro sirvió para debatir una partida presupuestal para salvar los hospitales del país, es decir, la crisis del sistema de seguridad social seguirá latente.
El gobierno colombiano debería invertir recursos en fortalecer el mercado interno, consolidando una demanda sostenible y con poder de compra que garantice una estabilidad en el empleo y un desarrollo económico verdadero.
