{image}http://eldia.co/images/stories/281010/003.jpg{/image}Desde la posesión de Juan Manuel Santos como presidente de Colombia, este ha adelantado varios proyectos de ley en el Congreso de la Republica, como el ordenamiento territorial, regalías, salud, entre otros.
Recientemente, funcionarios del gobierno nacional, anunciaron pasar un proyecto de reforma constitucional al legislativo, el cual garantice la sostenibilidad fiscal del país, independientemente del comportamiento de la actividad productiva.
Garantizar la sostenibilidad fiscal, significa que el gobierno no puede tener un déficit fiscal insostenible, es decir, no deberá gastar por encima de sus ingresos, los cuales en Colombia, se obtienen todos a través de la tributación.
Cuando no se pueda garantizar dicha ley, la única forma de lograr un equilibrio en las finanzas será el camino de la austeridad, y probablemente se afectarían los rubros contemplados a garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de la población.
En un país como el nuestro donde se exonera a los ricos de pagar impuestos, donde el gasto militar va en aumento y donde el pago de la deuda es un deber patriótico, es muy difícil garantizar un equilibrio del presupuesto nacional, por tanto, ítems como la educación, salud, vivienda, agua potable, recreación, entre otros, verán reducciones considerables en sus cuantías.
Lo peor del caso radica en la pretensión del gobierno de elevar a norma constitucional la sostenibilidad fiscal, porque le da capacidad al ejecutivo de acomodar el presupuesto a su antojo, y sin nadie que le pueda hacer contraprestación.
La sostenibilidad fiscal es importante para garantizar la actividad económica de un país, pero no a costa de vulnerar a la población, es necesario priorizar la inversión local en aquellas actividades que fortalezcan el mercado interno y permitan un desarrollo económico sostenible.
El Congreso de la Republica no debe prestarse para aprobar dichas pretensiones del presidente Santos, en cambio, deberían radicar proyectos de ley donde se le garantice los derechos fundamentales a la población.
