Varias empresas extranjeras se quejan y demandan al Estado colombiano por supuesto incumplimiento de lo acordado en los TLC. ¿Qué tan grave es el fenómeno?
Los tratados de libre comercio (TLC) no solo abren los mercados internacionales, sino que imponen grandes desafíos en materia jurídica a los países que los firman. Eventuales cambios en las reglas del juego, pactadas en los acuerdos, dan pie para que las empresas que se sienten vulneradas en sus derechos entablen cuantiosas demandas contra los Estados.
Colombia ha comenzado a enfrentar estos desafíos, pues en varios sectores las empresas extranjeras se vienen quejando. Tanto, que algunas ya han acudido a tribunales de justicia y arbitramento internacionales alegando incumplimiento de lo acordado en los TLC.
Aunque las demandas no significan de entrada una condena para el país, sí suponen esfuerzos en la defensa de los intereses de la Nación. No hay una cifra total de las pretensiones de los demandantes, pero una sola de ellas supera los 16.000 millones de dólares, lo que da la dimensión del problema.
La mexicana América Móvil (matriz de la compañía de telecomunicaciones Claro) protagoniza la controversia judicial más reciente en Colombia, pues demandó al país por violar disposiciones del tratado con México.
La multinacional presentó una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial, contra la decisión del gobierno de revertir al Estado la infraestructura instalada a partir de 1994. Telefónica de España (Movistar) también podría optar por este camino pues debe entregar las redes y antenas.
Según América Móvil, Colombia quiere expropiar sin compensación los activos de Comcel (hoy Claro). La compañía exige una indemnización equivalente al valor de las inversiones realizadas, más los intereses. Hasta el momento está pendiente el valor de la infraestructura en pleito, que determinaría la cuantía de la reclamación.
Pero en el sector minero-energético están los mayores líos. La suiza Glencore, dueña del Grupo Prodeco, inició una reclamación ante el Ciadi por varios millones de dólares, alegando que Colombia incumplió el TLC con su país. La multinacional protesta porque la Contraloría General de la República obligó a Prodeco a ajustar las regalías, al considerar que la empresa había dejado de cancelar 60.000 millones de pesos a la Nación. La minera argumenta a su favor que en 2010 renegoció con el gobierno el contrato de concesión, pues en ese momento Ingeominas consideró que estaba pagando más regalías que otras compañías del sector.
Por su parte, la canadiense Tobie Mining y la estadounidense Cosigo Resources le reclaman a la Nación 16.500 millones de dólares porque no pudieron explotar una concesión aurífera en Taraira, en la frontera con Brasil. Las compañías argumentan incumplimiento de los TLC con Estados Unidos y Canadá.
La reclamación tiene que ver con la decisión que tomó Colombia de declarar parque nacional al resguardo Yaigori Apapori, considerado un sitio sagrado indígena. Sin embargo, las empresas desde 2013 tenían el aval del Ministerio de Ambiente para explotar la zona. La Corte Constitucional prohibió explotar en un parque nacional y esto desató el reclamo de las mineras que alegan cambio en las reglas de juego.
Una situación similar enfrenta la canadiense Eco Oro (antes Greystar). La compañía lleva 23 años en el país, lapso durante el cual se le otorgaron 14 títulos mineros para el proyecto de Angostura, en Santurbán. Pero en 2014, el Ministerio de Ambiente delimitó dicho páramo y en febrero de este año la Corte Constitucional restringió la actividad minera en la zona, lo que afectó el 50 por ciento del proyecto. Para la compañía estas decisiones son muy graves por sus inversiones millonarias en perforaciones, estudios ambientales, técnicos, pago de nómina, impuestos, entre otros. Hasta el momento la minera ha invertido en Angostura más de 250 millones de dólares.
La empresa terminó el pasado 7 de septiembre un proceso de conciliación con el gobierno en el que no logró un arreglo. Ahora estudia si presenta una demanda ante los tribunales internacionales por incumplimiento del TLC con Canadá y por la demora del gobierno en definir los límites del páramo de Santurbán.
Otros potenciales conflictos se estarían cocinando en otros sectores. La española Gas Natural Fenosa, dueña de Electricaribe, está a la espera de la suerte de esta empresa en la costa Atlántica. Como se sabe, Electricaribe ha sido objeto de fuertes cuestionamientos por sus deficientes servicios, a tal punto que dirigentes de esta región le han pedido al gobierno terminar el contrato. Gas Natural también le solicitó, invocando el Acuerdo para la Protección de Inversiones firmado entre los dos países, abrir un espacio de seis meses para un arreglo amistoso. Si no hay acuerdo no se descarta que el tema termine en tribunales internacionales.
Igualmente está agitado el ambiente de los importadores de vino de la Unión Europea y Chile, que advierten que el país podría incumplir los TLC con esos dos mercados. Los empresarios están en desacuerdo con la propuesta del gobierno de incrementar los impuestos para los licores. Consideran un trato discriminatorio que les cobren el mismo nivel que a los licores destilados como el whisky o el vodka, cuando el vino es una bebida fermentada con menos grados de alcohol. Aunque el gobierno anunció que cobrará menores tarifas a los vinos, los importadores dicen que son todavía muy elevadas.
Hyundai Motor Corporation también mira con mucha atención un posible incumplimiento al TLC que firmó Colombia con Corea. La razón tiene que ver con un pleito que tiene desde hace nueve meses con el empresario Carlos Mattos, hasta el año pasado su representante legal en el país. La casa matriz considera que las medidas cautelares proferidas por un juez, que impiden la venta de sus vehículos a través de concesionarios distintos a los de Mattos, es una medida ilegal que va en contra de la inversión extranjera.
Hay quienes no descartan que la controversia de Novartis con el Ministerio de Salud también termine en un tribunal, si la empresa suiza decide acogerse al tratado bilateral de inversión firmado entre los dos países.
Para enfrentar estas quejas y demandas, el gobierno diseñó una estrategia liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, apoyado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
En las demandas de las mineras, el Estado puede invocar la protección del medioambiente. Ese sería el caso del conflicto con Eco Oro, porque primaría la defensa de las fuentes de agua y del ecosistema del páramo. Para el abogado Eduardo Zuleta, experto en arbitrajes y litigios internacionales, los países no siempre pierden porque los tribunales internacionales determinan si estas demandas se justifican y buscan proteger el medioambiente y los derechos humanos. Por eso dice que es clave que Colombia tenga una buena defensa.
Los conflictos podrían crecer ya que en los últimos años Colombia ha firmado 15 tratados que protegen la inversión extranjera. Ocho de ellos son los TLC firmados con Canadá, Estados Unidos, México, Alianza del Pacífico, Chile, Corea del Sur y Triángulo Norte. A ellos se suman siete bilaterales con Japón, Reino Unido, España, Suiza, China, India y Perú.
En un país como Colombia, donde las cortes están privilegiando la protección del medioambiente y los derechos de las comunidades, las compañías que se sienten afectadas pueden recurrir al Ciadi u otras instancias judiciales.
Cabe anotar que no siempre las empresas tienen las de ganar en las instancias internacionales. Perú, por ejemplo, ganó un pleito que interpuso el grupo metalúrgico estadounidense Renco por un complejo minero. La compañía, en una demanda ante el Ciadi, pedía una indemnización de 800 millones de dólares.
Ahora bien, los pleitos son de doble vía. Por ejemplo, la colombiana Fanalca demandó a Chile por 89 millones de dólares por las millonarias pérdidas en que ha incurrido debido a los continuos cambios de contrato para la operación de Transantiago, el sistema de transporte masivo de ese país, operado por la firma colombiana.
Los TLC son en definitiva una oportunidad para aumentar el comercio, generar mayor inversión y confianza entre los inversionistas. Pero también pueden ser usados contra el país si hay inestabilidad jurídica y descoordinación institucional. Colombia debe tratar de sacar el mejor provecho de estos acuerdos y no quedarse solo con los problemas.
Fuente: www.semana.com
