El sindicalismo colombiano agrupado en el Comando Nacional Unitario, oportunamente presentó ante la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, propuestas que contienen las aspiraciones de los trabajadores colombianos ampliadas al conjunto de la sociedad.En esta oportunidad se llevaron a cabo cuatro reuniones y en dichas sesiones, los dirigentes sindicales y sus asesores, planteamos las razones de nuestras formulaciones, buscando con ellas, garantizar el poder adquisitivo del salario, la educación para los niños, el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores y la actualización de los salarios de los empleados del sector público, puesto que el Estado les adeuda el 1% por efecto de la inflación causada en el 2007.
Ligado a lo anterior, expresamos el control a los costos educativos, al valor de los combustibles, la aplicación de las recomendaciones de la OIT y el cumplimiento de las garantías sindicales para el ejercicio del sindicalismo.
Los empresarios minimizaron nuestras solicitudes, evidenciando con ello su distanciamiento con el diálogo social y los convenios de la OIT y se limitaron sólo a ofrecer un incremento en el 6% para el salario mínimo legal.
El Gobierno cínicamente argumentó que su postura era la de acercar a las partes, razón por la que no podía hacer una propuesta sobre el incremento del salario y que sobre la actualización salarial para el sector público, ésta no podía hacerla.
Así las cosas, el sindicalismo colombiano lamenta que el Gobierno, interpretando al empresariado, decrete el salario mínimo legal, mostrando una vez más, su negativa al diálogo y a la concertación e impidiendo que los trabajadores colombianos no sólo reciban un incremento salarial real, sino que se les garantice la eliminación de la intermediación laboral y el cumplimiento del salario mínimo que establece la ley.
Pese a lo anterior, le recordamos al Gobierno Nacional que para efectos del decreto deben tenerse en cuenta la inflación causada, la productividad total de los factores, la productividad del trabajo y la redistribución equitativa del ingreso nacional, cuyo crecimiento económico está por encima del 7%.
Los trabajadores colombianos seguimos propugnando por un real desarrollo del Estado Social de Derecho y porque la Constitución Nacional se cumpla, para lo cual las recomendaciones de la OIT deben aplicarse sin discusión.
Además de lo anterior, continuamos haciendo esfuerzos por el Intercambio Humanitario, para que la verdad, la justicia y la reparación primen sobre la impunidad, se garantice la derrota de la parapolitica y se condene por la justicia a los responsables.
De la misma manera, saludamos la acción popular presentada por nosotros, que suspendió el proceso de privatización de las electrificadoras en poder del Estado, como son Meta, Norte de Santander, Boyacá, Santander y Cundinamarca. Así mismo valoramos los pronunciamientos del Contralor y del Procurador General de la Nación.
El sindicalismo colombiano continuará en la lucha por los objetivos planteados, enfatizando, por supuesto, en el carácter civilista y democrático de nuestro accionar, lo que implica un enérgico rechazo a la estigmatización de que venimos siendo objeto por parte del Gobierno.
Bogotá, 18 de diciembre de 2007
Central Unitaria de Trabajadores CUT
Ligado a lo anterior, expresamos el control a los costos educativos, al valor de los combustibles, la aplicación de las recomendaciones de la OIT y el cumplimiento de las garantías sindicales para el ejercicio del sindicalismo.
Los empresarios minimizaron nuestras solicitudes, evidenciando con ello su distanciamiento con el diálogo social y los convenios de la OIT y se limitaron sólo a ofrecer un incremento en el 6% para el salario mínimo legal.
El Gobierno cínicamente argumentó que su postura era la de acercar a las partes, razón por la que no podía hacer una propuesta sobre el incremento del salario y que sobre la actualización salarial para el sector público, ésta no podía hacerla.
Así las cosas, el sindicalismo colombiano lamenta que el Gobierno, interpretando al empresariado, decrete el salario mínimo legal, mostrando una vez más, su negativa al diálogo y a la concertación e impidiendo que los trabajadores colombianos no sólo reciban un incremento salarial real, sino que se les garantice la eliminación de la intermediación laboral y el cumplimiento del salario mínimo que establece la ley.
Pese a lo anterior, le recordamos al Gobierno Nacional que para efectos del decreto deben tenerse en cuenta la inflación causada, la productividad total de los factores, la productividad del trabajo y la redistribución equitativa del ingreso nacional, cuyo crecimiento económico está por encima del 7%.
Los trabajadores colombianos seguimos propugnando por un real desarrollo del Estado Social de Derecho y porque la Constitución Nacional se cumpla, para lo cual las recomendaciones de la OIT deben aplicarse sin discusión.
Además de lo anterior, continuamos haciendo esfuerzos por el Intercambio Humanitario, para que la verdad, la justicia y la reparación primen sobre la impunidad, se garantice la derrota de la parapolitica y se condene por la justicia a los responsables.
De la misma manera, saludamos la acción popular presentada por nosotros, que suspendió el proceso de privatización de las electrificadoras en poder del Estado, como son Meta, Norte de Santander, Boyacá, Santander y Cundinamarca. Así mismo valoramos los pronunciamientos del Contralor y del Procurador General de la Nación.
El sindicalismo colombiano continuará en la lucha por los objetivos planteados, enfatizando, por supuesto, en el carácter civilista y democrático de nuestro accionar, lo que implica un enérgico rechazo a la estigmatización de que venimos siendo objeto por parte del Gobierno.
Bogotá, 18 de diciembre de 2007
Central Unitaria de Trabajadores CUT
