Por supuesto el sector eléctrico no fue la excepción; las políticas privatizadoras de las empresas electrificadoras han sido una constante en las últimas décadas. Luis Hernández Navarro atribuye este fenómeno de privatización a tres factores: En primer lugar se encuentran los organismos financieros multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, los cuales manejan recursos que van a ser destinados a los programas de desarrollo de los países latinoamericanos a cambio de reformas estructurales en el sector; en segundo lugar se encuentran las grandes empresas que con el aval de algunos políticos obtuvieron concesiones en los sistemas eléctricos y en tercer lugar fundaciones conservadoras, como la Foundation Concorde en Francia, la Heritage y The Edison Electric Institute, las cuales se encuentran estrechamente relacionadas con las transnacionales energéticas y realizan estudios con el fin de demostrar las “supuestas” ventajas de la privatización.
En el caso de Colombia la intervención extranjera no se ha hecho esperar, pues el gobierno nacional ha firmado acuerdos con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional con los que se ha comprometido a privatizar empresas por medio de ventas a precios bajos y otros tipos de concesiones al sector privado. Un ejemplo de esto es el acuerdo Stand-by en el que el Fondo Monetario Internacional acordó con Colombia para los años 2005 y 2006 reformas estructurales en cuanto a la Política Fiscal, al Régimen Presupuestal, al Sistema Pensional Nacional y a la Privatización de algunas empresas del Estado. Hasta el momento este acuerdo ha traído como consecuencias la pretensión del gobierno de privatizar algunas empresas electrificadoras como es el caso de la del Meta, la Empresa de Energía de Cundinamarca, la Empresa de Energía de Boyacá, la Electrificadora de Santander y la Central Eléctrica del Norte de Santander bajo el argumento del aumento de la comercialización de las participaciones en la nación, sin tener en cuenta la gran rentabilidad y utilidades que significan estas empresas para la nación y para sus respectivas regiones.
Pero el problema de la privatización de las empresas electrificadoras aparte de afectar el presupuesto nacional y los presupuestos regionales también es un problema para los usuarios, pues las alzas en los costos de la prestación del servicio no se hacen esperar. Este aumento de costos obedece a una lógica competitiva en la cual el inversionista privado compra a un bajo precio las empresas públicas para luego subir las tarifas, aparte de que las empresas públicas que deciden vender tienen que subir sus tarifas para volverse atractivas al comprador y las que no quieren ser privatizadas también tienen que subir sus tarifas para no ser aplastadas por el sector privado.
La aplicación del modelo neoliberal a los únicos que ha beneficiado es a los inversionistas privados, los cuales se han nutrido de los bajos costos a los que compran y de las altas tarifas que cobran bajo el aval del Estado, pues este se ha preocupado más por el bienestar del sector privado que por el de los usuarios, a tal punto que ya hay analistas que están pensando implementar una modalidad prepago para las empresas electrificadoras y para los servicios públicos en general, como se ha hecho con el teléfono. Esta medida se tomaría con el fin de desentenderse de los usuarios que no pueden pagar los altos costos y que tampoco permitan los cortes, como es el caso de los Comités Anticortes de Cartagena; de esta forma las empresas no pierden con las deudas, pero no se le garantizan los servicios a los usuarios con menos recursos.
Es evidente que con este modelo privatizador los afectados van desde la estructura de la economía nacional, pasando por los usuarios hasta llegar a los trabajadores de las empresas electrificadoras, pues con las ventas de las empresas donde laboran, ni sus empleos, ni sus derechos laborales se encuentran garantizados en la medida en que las administraciones y los manejos de personal varían.
El sindicato de trabajadores de la electricidad de Colombia (SINTRAELECOL) ha aprobado la resolución 001 del 29 de Enero de 2007 por medio de la cual se regula la firma, administración y control de la ejecución de los contratos sindicales. En esta resolución se reglamenta un reordenamiento administrativo financiero y de manejo de personal con respecto a la organización de contratos colectivos. Este reordenamiento se hace con el fin de asegurar unas mínimas condiciones dignas y una estabilidad laboral para los trabajadores afiliados al sindicato.
La aprobación de esta resolución se consolida para mantener el bienestar del sindicato, tanto en su etapa organizativa como a nivel individual de cada trabajador afiliado; sin embargo se hace evidente que la situación actual de las empresas electrificadoras trasciende, como se mencionó anteriormente, a nivel de economía nacional, de usuarios y de trabajadores, y aunque con la resolución mencionada anteriormente se cubre en parte el último nivel, los problemas de los trabajadores no se abordan en su totalidad, pues hay un inmenso número de trabajadores de la electricidad que no se encuentran sindicalizados, generándose una gran desventaja ante los que si lo están. Con esto no se quiere decir que los trabajadores no deban organizarse, pues es un derecho legítimo, pero aquellos que pierdan su empleo a causa de la venta o privatización de la empresa en que trabajaban tendrán menos posibilidades de acceder a las vacantes.
