{image}http://www.eldia.co/images/stories/010610/01.jpg{/image}Les están sacando provecho electoral a las necesidades de los colombianos más pobres. Los programas asistenciales del Estado se presentan a los beneficiarios como una generosa ayuda del gobierno, y particularmente del Presidente, que podrían dejar de recibir si no votan por los candidatos oficialistas. Tal es el caso de Familias en Acción, una política iniciada en el gobierno de Andrés Pastrana, convertida ahora en cantera electoral del uribismo.
Global Exchange, una organización que ha acompañado elecciones en 11 países, entre ellos Estados Unidos, México y Sudáfrica, emprendió un estudio sobre la incidencia electoral de Familias en Acción.
El informe completo será revelado en las próximas semanas. Algunos hallazgos iniciales permiten ver los dados cargados con los que juegan miembros de la coalición de gobierno.
Resulta inexplicable, por ejemplo, que los departamentos con mayores necesidades básicas insatisfechas no sean los más grandes receptores de estas ayudas, destinadas a compensar las diferencias. El estudio toma los casos de Chocó y Caldas. El primero tiene un índice de necesidades básicas insatisfechas de 79,58 por ciento y el segundo de apenas 17,76 por ciento. No obstante en Caldas reciben ayuda 4.731 familias, mientras en el más necesitado Chocó solo acceden 1.672.
Sobre esto, el informe preliminar agrega: "La comparación entre Caldas y Chocó no resultaría significativa si no se considerara que el ex director de Acción Social y hoy embajador de Colombia ante la OEA, Luis Alfonso Hoyos, es originario de Pensilvania, Caldas, como también lo es el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, y el recientemente elegido senador por el Partido de la U Jaime Alonso Zuluaga Aristizábal, entre quienes existen además vínculos familiares. En la Dirección de Planeación de Acción Social está otro familiar del senador, el señor Mario Ramírez Zuluaga".
Los gráficos del estudio ilustran la sincronía entre el crecimiento de Familias en Acción en Caldas y el aumento de la votación obtenida por Jaime Alonso Zuluaga, quien en 2006 fue elegido representante, y en las elecciones de marzo pasado llegó al Senado multiplicando casi por cinco sus electores.
Coincidencia que se repite en una proporción inferior en Bolívar. Esta vez la favorecida es la senadora Piedad Zuccardi, quien obtuvo los mayores resultados del departamento y duplicó su votación en nueve municipios.
Desde 2008 la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios recibió una queja según la cual la senadora Zuccardi, del Partido de la U "intervenía en los procesos y programas de la Alcaldía de Carmen de Bolívar, asignando y excluyendo personas dentro del programa Familias en Acción de la Presidencia de la República".
Otro caso documentado es el del senador nortesantandereano Efraín Torrado. Madres comunitarias del necesitado sector de la Ciudadela Atalaya, en Cúcuta, aseguraron que antes de las elecciones les advirtieron que "no habría más dinero si no votaban por el candidato del Partido de la U, Efraín Torrado García".
El 14 de marzo pasado, Torrado triplicó su votación en Cúcuta y casi la cuadruplica en Norte de Santander. Siempre en armoniosa coincidencia con el crecimiento de Familias en Acción.
Es evidente que el aprovechamiento ilegal de Familias en Acción se trasladó a la campaña presidencial.
Buses repletos de beneficiarios de Familias en Acción, que habían sido citados por los promotores del programa, terminaron nutriendo una manifestación del candidato Juan Manuel Santos en Bucaramanga.
El truco se repitió en Soacha unas semanas después. Cientos de mujeres fueron citadas por los enlaces de Familias en Acción para celebrar el Día de la Madre, pero terminaron en una concentración política donde doña María Clemencia de Santos invitó a votar por su marido.
En los dos casos, hay testigos que aseguran que los amenazaron con quitarles los subsidios si no iban y firmaban una planilla.
Los recursos de Familias en Acción no son de Uribe, ni de Santos, vienen de los colombianos que pagan impuestos. Todos los candidatos se han comprometido a preservar el programa. Lo mínimo que se debe exigir es que no hagan politiquería con la necesidad de muchos y la plata de todos.
