{image}http://www.eldia.co/images/stories/040810/006.jpg{/image}Cerca de 20 familias en situación de desplazamiento forzado se encuentran en un albergue, en Curumaní, Cesar, después de ocupar por casi ocho días el parque del barrio San Isidro, del mencionado municipio.
El hecho se presentó porque un señor de nombre Juan Manuel Fernández de Castro, amenazó de muerte y agredió verbalmente a los campesinos, les manifestó haber comprado el predio en el que ellos habitaban. Se trata específicamente de la finca San Miguel, en la vereda Pitalito, jurisdicción de Chimichagua, Cesár.
Las familias desplazadas habitaban el lugar desde hace 27 años, pero fue en el año 2000, que se presentó el primer desplazamiento, por arremetidas paramilitares y el asesinato de más de diez personas.
A partir de 2003 fueron retornando poco a poco a la vereda, donde vivieron tranquilamente por unos años hasta mediados de 2009, cuando un nieto de la dueña de la finca les informó sobre una supuesta parcelación que debía hacer el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER.
Este hecho llevó a los campesinos a dirigirse a las instalaciones del INCODER, para tratar de conseguir la documentación necesaria que les permitiera obtener los títulos de posesión, pero la respuesta que obtuvieron fue que dicho predio no se podía titular por tratarse de una reserva forestal.
Sin embargo, entre el 15 y 21 de enero de 2010, Juan Manuel Fernández, vecino de la finca, llegó con la intención de comprarle las mejoras a cada uno de ellos, porque supuestamente ya había comprado la finca, que supuestamente era reserva forestal. Ante la negativa de los campesinos, Fernández regresó en otra ocasión con el Ejército Nacional.
Cuentan los campesinos, que el insistente comprador llegó con un chaleco militar y portando una pistola en el cinto. Según la comunidad, el primero que se encontró con Fernández y el Ejército, fue el campesino Antonio Jaimes Rodríguez, a quien acusaron de guerrillero, le presentaron una supuesta orden de captura y lo amenazaron con comprarle por las buenas o por las malas. De esta forma, Fernández logró la compra de las mejoras de varias familias.
Pasados unos meses, Juan Manuel Fernández llevó a la finca San Miguel un grupo de hombres armados, quienes tumbaron los ranchos con los habitantes dentro, rompieron las cercas para que los animales se pasaran de un lugar a otro.
Esta situación no sólo está afectando a la comunidad de la finca San Miguel, sino también a muchas veredas vecinas del sector, ya que cada persona que pasa por ahí tiene que ser requisada por este grupo armado ilegal.
Finalmente, la tensa situación hace que los campesinos decidan desplazarse nuevamente de sus viviendas, por miedo a ser asesinadas por el grupo ilegal que está operando en la zona.