{image}http://www.eldia.co/images/stories/270810/006.jpg{/image}El día 26 de agosto de 2009, hombres encapuchados y armados, vestidos con prendas militares, irrumpieron en la vivienda de la hoy difunta Tulia Guanga García, disparando indiscriminadamente ocasionando la muerte a doce personas, entre ellas 6 menores y un bebe de 5 meses de nacido.
El etnocidio tuvo lugar en la comunidad El Campín, resguardo indígena El Gran Rosario, vereda La Guayacana del municipio de Tumaco (Nariño), ocupado por indígenas Awá. La comunidad desde hace varios años ha venido siendo víctima de atropellos en su contra por parte de grupos armados, de donde han resultado asesinados integrantes y líderes, presionándolos al desplazamiento.
Meses antes de la masacre, doña Sixta ya había denunciado ante las autoridades el asesinato de su esposo Gonzalo Rodríguez, muerte de la que ella misma fue testigo un amargo 23 de mayo. La víctima era hermano del entonces gobernador del resguardo. Sixta Tulia era la única testigo ante la Fiscalía.
Ante estos hechos, la comunidad ha venido reclamando la presencia del Gobierno Nacional en el territorio para que este asuma la responsabilidad constitucional de velar por la integridad de las personas que allí habitan, sobretodo cuando éstas tienen el carácter de protegidas. Ante esto, lo único que se evidencia es la negligencia, omisión e impunidad por parte del Estado ante las denuncias hechas por la comunidad, y una clara campaña de desinformación a la nación colombiana sobre este tipo de hechos.
Hasta hoy, la hipótesis que maneja la fiscalía ha señalado como autores materiales a la Banda “Los Cucharachos”, quienes actualmente operan en la zona. No obstante, las investigaciones que dieron como resultado la captura de 5 personas, quienes inicialmente fueron recluidas en la cárcel La Picota de Bogotá y posteriormente trasladadas a la cárcel de Pasto, de las cuales en la actualidad, dos se encuentran en libertad por vencimiento de términos; tras lo cuál las víctimas han vuelto a recibir amenazas contra sus vidas, y con el agravante de que el jefe de la banda delincuencial aún no ha sido capturado.
En este momento, Asociación MINGA representa a las victimas en dos procesos jurídicos, uno que se adelanta en el juzgado penal del circuito especializado de descongestión de Tumaco, en el cuál se procesa a 4 de los acusados y otro proceso quedó en el juzgado segundo penal del circuito especializado de Pasto, que se adelanta frente a uno de los acusados.
Según nos comentó Pilar Castillo de Asociación MINGA, en estos momentos ambos procesos se encuentran en audiencia de juicio oral, en los próximos días se ha llamado a los testigos presenciales para que declaren sobre lo sucedido, pero se teme especialmente por la seguridad de aquellos testigos que no se encuentran bajo el programa de protección de la fiscalía.
