{image}http://www.eldia.co/images/stories/130910/003.jpg{/image}El 6 de septiembre, la Campaña Permanente Vida, Tierra y Dignidad (CVTD), envió al Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, un Derecho de Petición en el que solicitó respuesta sobre la grave situación de riesgo que vienen padeciendo sus líderes y organizaciones acompañantes.
La CVTD, está conformada por un grupo de organizaciones de base en representación de centenares de víctimas de desplazamiento forzado de 22 departamentos del país. A ella pertenecen organizaciones como AFRODES, OPDDI, ANDESCOL, Colectivo 21 de Junio, Mesa de Interlocución, Gestión y Desarrollo (MIGD) y CND, entre otras.
Desde el momento de su fundación, los miembros y representantes de la Campaña han recibido constantes ataques y amenazas por parte de grupos ilegales al margen de la ley, principalmente de carácter paramilitar.
El último hecho se registró el pasado 4 de septiembre, cuando recibieron en la sede de la Mesa Nacional de Fortalecimiento a las Organizaciones de Población Desplazada, una amenaza contra los señores Augusto León, José Bohórquez y Daniel Rendón, en el que los declaraban objetivo militar y se les conminaba a abandonar la ciudad en un plazo de 10 días.
Al día siguiente, se presentó un hostigamiento en la sede de la Mesa de Interlocución, Gestión y Desarrollo – MIGD - en el municipio de Soacha, cuando uno de los mencionados señores desarrollaba labores de gestión e información. En la misma amenaza se incluía a la agencia de cooperación PCS, a Planeta Paz y a la Iglesia Menonita Justa Paz.
Ante las amenazas circuladas a lo largo del 2010, la organización ha solicitado insistentemente medidas de protección que han sido desatendidas por los funcionarios responsables en el Ministerio del Interior.
En los últimos tres años, más de 40 líderes que encabezaban la reclamación de tierras, han sido asesinados, con el objetivo de bloquear la principal demanda de la población desplazada: la restitución de sus bienes y tierras violentamente despojadas por empresas mineras y palmeras, latifundistas, ganaderos, políticos, militares, paramilitares y narcotraficantes.
Por todo lo anterior, la CVTD reclama al gobierno nacional que se dicten medidas urgentes de protección para las mesas directivas y que se elabore un mapa nacional de riesgo colectivo y poblacional para desplazados.
Además, exige la realización de una reunión entre los representantes de la CVTD y el Ministro del Interior, el Director del Programa de Protección del MIJ y el director del Programa Presidencial de Derechos Humanos, para acordar un plan urgente de protección.
Asimismo, expresan su rechazo al decreto 1740 de mayo 19 de 2010, por considerar que no aporta nada nuevo en materia de protección para los sectores sociales en riesgo, y por el contrario reduce el alcance y cobertura de las medidas esenciales para la protección.
