{image}http://www.eldia.co/images/stories/210910/001.jpg{/image}En lo transcurrido del 2008, los trabajadores colombianos han visto degradado sus principales derechos constitucionales, tales como el asociarse libremente, la disminución de la remuneración salarial, precarización laboral, entre otros.
Igualmente, la población colombiana ha visto una disminución considerable en su poder adquisitivo de compra, un aumento del desempleo, precarización de la salud y educación, alza de los precios relativos de bienes básicos, deterioro del derecho a la vida.
Ante el cambio de presidente en el pasado 7 de agosto de 2010, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), decidió presentarle un documento al gobierno de Juan Manuel Santos, encaminada a mejorar las condiciones de vida de los colombianos y de los trabajadores.
Alberto Vanegas, Director del departamento de Derechos Humanos de la CUT, manifestó que la central obrera le propuso al gobierno debatir en la mesa de concertación laboral, todos aquellos temas referentes al bienestar social, y que no sean aprobados unilateralmente por el gobierno, tal como ha sucedido en los últimos años.
La mesa de concertación laboral no puede ser un espacio, donde gobierno, empresarios y trabajadores no llegue a ningún acuerdo, pero tampoco puede convertirse en un mero instrumento donde el gobierno presente sus proyectos y no atienda la voz de los trabajadores, tal como ha venido ocurriendo con la discusión del salario mínimo, comentó Alberto Vanegas.
Proyectos como la formalización de empleo, primer empleo, es lesivo para los colombianos, porque busca la reducción de los costos laborares, a través de la reducción salarial, en beneficio de los empresarios, no son bien vistos por los trabajadores colombianos, y en cambio, plantean un cambio en el modelo económico actual, donde se genere empleo productivo con verdaderas garantías sociales.
Igualmente, el asesinato de 36 lideres sindicales, en lo corrido del 2010, y 190 trabajadores desaparecidos, muestran que no es posible una negociación con el gobierno de cualquier índole, si este no garantiza primordialmente el derecho a la vida, y de paso, el derecho a asociarse libremente, el cual es fundamental en cualquier gobierno democrático.
Con el actual gabinete ministerial, se ve claramente la intención del presidente Santos, de beneficiar a los empresarios y al capital financiero con proyectos e iniciativas lesivas a los intereses de la población colombiana, en especial, los trabajadores.
No se puede hablar de prosperidad democrática, si el gobierno nacional no puede garantizar los derechos fundamentales de los colombianos, como ha venido sucediendo los últimos 50 años; es necesario distribuir la riqueza y cambiar el modelo económico y político existente, para lograr un verdadero desarrollo social.
