{image}http://www.eldia.co/images/stories/191010/002.jpg{/image}El Magisterio Distrital se pronunció hace cerca de un mes solicitando declarar la emergencia por la problemática de violencia y convivencia escolar que se presenta en Bogotá. A la fecha no se han puesto en marcha planes que permitan manejar esta situación.
Los casos sucedidos tienen que ver con agresiones por parte de los estudiantes a los maestros. Así como con la inseguridad que hay alrededor de los planteles educativos producto del expendio de drogas, incluso hay alumnos que trafican dichas sustancias dentro de los colegios.
Los principales afectados son los docentes recién llegados, nombrados por el Decreto 278 que se posesionan sin conocer el contexto escolar. Y que al querer tratar problemas disciplinarios resultan intimidados por pandillas, o personas adultas que los amenazan de muerte. Al mes se reportan entre 15 y 20 de estos casos.
Una de las situaciones más preocupantes se presenta en el Colegio Santa Bárbara en la localidad de Ciudad Bolívar, donde un docente nuevo fue intimidado por aproximadamente 20 hombres mayores. Esta semana hay una reunión con CityTV para realizar la denuncia de la situación en medios masivos de comunicación.
Los maestros revelan estos atropellos con el fin de que intervengan los actores institucionales y sociales que tienen que ver con la educación: padres de familia, autoridades locales, Alcaldía Local, Gerentes de los Centros de Administración Educativa Local (CADEL) y todas las instituciones que tienen atienden niños y/o jóvenes.
Además proponen desarrollar en Bogotá un proyecto de convivencia que resuelva el tema de violencia escolar. Se ha solicitado atención por parte del Alcalde Mayor y el Secretario de Educación para este tema y lo relacionado con el pliego de peticiones. Sin embargo hasta el momento no han recibido respuesta para concertar la cita.
Es importante que los docentes que sufran amenazas se acerquen a la ADE para recibir asesoría, se sugiere llevar la información de los trámites adelantados para presentar el tema a la Secretaría de Educación y si es el caso solicitar traslado. Además de realizar la denuncia ante la Fiscalía y la Personería de Derechos Humanos.
De igual forma se hace un llamado a toda la comunidad educativa para convocar a los padres de familia y a los jóvenes a combatir este flagelo que afecta la enseñanza y se convierte en un problema social que pone en riesgo la formación de los escolares.
