{image}http://eldia.co/images/stories/291010/007.jpg{/image}El 21 y 22 de octubre se realizó en la ciudad de Buenaventura, una “Audiencia Pública de Derechos Humanos y Tierras”, convocada por la Comisión Quinta de Senado de la República y liderada por Piedad Córdoba.
El espacio sirvió para que habitantes del casco urbano y rural compartieran experiencias y denunciaran la violación a sus derechos. Estuvieron presentes los Senadores de las Comisiones de Paz y Derechos Humanos, y los Ministros de: Agricultura, Juan Camilo Restrepo; Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras; Ambiente, Beatriz Elena Uribe Botero; Minas y Energía, Carlos Rodado Noriega; además de autoridades locales, líderes de organizaciones sociales, representantes de consejos comunitarios, ONG’s y agencias de cooperación internacional.
Una de las intervenciones que se realizaron tuvo que ver con el tema de restitución de tierras. A propósito, el vocero del Consejo Comunitario del Bajo Naya puso en conocimiento las injusticias de las cuales son víctimas los afrodescendientes por parte de las instituciones del Estado como son: el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) y la Unidad Nacional de Tierras Rurales (UNAT).
Las comunidades manifiestan que son estas entidades las que han retrasado el proceso de titulación colectiva reglamentado por la Ley 70 de 1993, y que hacen referencia a cerca de 190.000 hectáreas de tierra, en la cual hay más de 17.000 habitantes de alrededor de 70 poblaciones. Se reclama el derecho que tienen por los 330 años que llevan habitando estos territorios, con los cuales guardan fuertes vínculos sociales y culturales.
Este conflicto comenzó el 23 de diciembre de 1999, fecha desde la cual se ha reclamado la propiedad ancestral de los nayeros con relación a la titulación que tiene la Universidad del Cauca sobre 97.233 hectáreas de tierra. Sin embargo, las jugadas legales que se han dado desde entonces no han permitido resolver la situación. Al contrario, la respuesta que han recibido por parte de los organismos estatales tiene que ver con la dilación y el irrespeto por sus derechos constitucionales.
Vale la pena resaltar que estas situaciones generan mucha preocupación, ya que por estas causas han llegado al territorio agentes externos a realizar cultivos ilícitos, y posteriormente por las fumigaciones áreas han generado deterioro a la tierra y a sembradíos de pan coger. Esto resulta en el desplazamiento de los lugareños y en situaciones tan graves como la masacre del año 2001, hechos que no tienen atención por parte del Estado, y que han sumido a la región en un abandono total en materia de salud y educación.
Los representantes del Gobierno manifestaron que al respecto enviarán respuesta escrita durante los siguientes 20 días. Sin embargo, las comunidades hacen un llamado para que haya un pronunciamiento a favor de sus derechos y sea permitido el desarrollo de sus tejidos sociales en el territorio que esperan sea titulado con prontitud.
