{image}http://eldia.co/images/stories/021110/004.jpg{/image}Cerca de 350 familias en Simití, departamento de Bolívar se encuentran en riesgo de despojo y desplazamiento. El territorio que han ocupado por 45 años es reclamado por un particular, la disputa es por 9.000 hectáreas de tierra.
El objetivo de quien ha diligenciado una demanda que acusa a los campesinos de ser invasores, es iniciar el monocultivo de palma aceitera. El juez encargado del caso ha intentado en varias ocasiones realizar una inspección ocular, el viernes 29 de octubre fue la última fecha que se fijó para tal diligencia.
Sin embargo, la intención de examinar los predios para reconocérselos legalmente al demandante fue truncada por la acción de la Asociación de Productores Alternativos de Simití (ASPROAS). Esta organización viene trabajando para el desmonte de estas actividades, y la dilatación de las mismas hasta que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) responda administrativamente a los afectados.
Estos terrenos que son considerados baldíos porque se encuentran dentro de los límites territoriales del Estado y carecen de otro dueño, han sido habitados por familias campesinas que basan su sustento y cultura en los mismos. Y el avance de esta gestión no ofrece ninguna garantía de seguridad y permanencia, por lo cual genera un rompimiento en las dinámicas cotidianas de los pobladores y una gran preocupación por su posible desplazamiento.
Actualmente con la ayuda de un equipo jurídico, se estableció una demanda ante el mismo despacho por el derecho de pertenencia de las personas que habitan dicho espacio. Se espera además que con la ayuda de la comunidad internacional y defensores de derechos humanos, se realice un acompañamiento y seguimiento para garantizar que el fallo que se emita sea justo y goce del debido proceso.
Los campesinos de esta región consideran el territorio como su medio de vida, y conscientes de la importancia del mismo defienden pacíficamente su relación con la naturaleza.
