{image}http://www.eldia.co/images/stories/111110/003.jpg{/image}El 8 de noviembre de 2001, estudiantes de la Universidad Nacional de Bogotá realizaron una jornada de protesta en defensa de la educación pública, la cual fue disuelta por el recién creado Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD), en la cual cayó asesinado el estudiante Carlos Giovanni Blanco.
La autopsia realizada al estudiante, mostró la incrustación de una bala en todo el miocardio, la cual le quito la vida instantáneamente, ante dicha situación, la Policía Nacional quiso mostrar como culpables a los mismos estudiantes.
Después de 9 años, el crimen de Carlos Giovanni continua impunemente, donde ningún miembro del ESMAD participante en dichos disturbios, ha sido investigado por los organismos competentes.
En aquella época, algunos estudiantes manifestaron que el crimen del universitario estuvo enmarcado dentro de una venganza, porque en 1999, en disturbios en la Universidad Nacional por la visita de Bill Clinton a nuestro país, a la par presidente de Estados Unidos cayó asesinado un policía, cuando una papa bomba arrojada por los estudiantes le explotó en la cabeza.
Carlos Blanco no ha sido la única víctima del ESMAD en Bogotá, recordamos a Nicolás Neira, joven de 15 años, el cual murió a causa de una golpiza recibida por parte de los policías el 1 de mayo de 2005. Por dicho asesinato, resultaron destituidos 2 agentes del ESMAD.
Igualmente, en una protesta el 8 de marzo de 2006 en las instalaciones de la Universidad Nacional disuelta por el ESMAD, cayó asesinado el estudiante de lingüística Oscar Salas.
No solo los estudiantes de las universidades públicas han sido víctimas de la agresión del ESMAD, recordamos en el pasado paro de transportadores de Bogotá, cuando un agente de dicho escuadrón disparó a quemarropa un gas lacrimógeno al estomago de un manifestante.
El gobierno colombiano debe hacer las investigaciones necesarias para encontrar los responsables de los asesinatos de estudiantes, sindicalistas, campesinos, que han sido asesinados por algún organismo de la Fuerza Pública y garantizar el derecho a la vida y a la protesta.
