{image}http://eldia.co/images/stories/061210/002.jpg{/image}Resulta contradictoria la política colombiana, mientras en el Congreso Nacional aprobó en primer debate el Proyecto de Ley de Victimas, los grupos paramilitares siguen haciendo presencia en varias regiones del país, ejerciendo autoridad e intimidando a su población, situación que genera temor y desplazamiento.
A las denuncias de varias organizaciones sindicales y sociales, los cuales manifiestan amenazas de muerte contra sus integrantes por parte de grupo de extrema derecha, se le suma las acusaciones de varias poblaciones del país, donde la autoridad es ejercida plena y permanentemente por los grupos paramilitares.
En un comunicado oficial, la Comunidad de San José de Apartado, manifiesta que el 30 de noviembre de 2010, a la 1 de la tarde, hicieron acto de presencia más de 200 paramilitares en la Vereda la Playa, donde abordaron a un miembro de la comunidad avisándole que los pobladores debían salir de la zona, en caso de no hacerlo, los exterminarían
De igual manera, a inicios de noviembre paramilitares provenientes de Batata fueron al Alto de Joaquín, exigiéndoles a varias personas la lista de todas las personas que integran la comunidad, especialmente la de los líderes, para tener un mejor control de la zona. El 15 d noviembre, hombres encapuchados llegaron a la casa del líder de la población en la zona mencionada, lo raro, es que 16 horas antes, hombres del ejercito también p fueron a su vivienda y preguntaron por él.
Asegura el comunicado, que aparte de los asesinatos de los grupos paramilitares, como el de Yuli Pérez en Batata ocurrido el 21 de noviembre, el Ejército Colombiano amedrenta a la población de San José de Apartado, señalándola de colaboradora de la guerrilla colombiana, tal como le ocurrió al joven de 13 años Deivison Osorno el 29 de octubre, donde varios soldados lo detuvieron, lo golpearon y lo amedrentaron, porque supuestamente sabia donde se escondían los insurgentes.
Las autoridades nacionales, en cabeza del presidente Santos, deben garantizar la vida a todos los colombianos, sin importar sus tendencias políticas, asimismo, debe aplicar con el mismo fervor con el cual ataca a la subversión, perseguir a los grupos de extrema derecha, y sobre todo, judicializar a todas las personas que han financiado grupos paramilitares y provocado el asesinato de miles de colombianos, los cuales lucharon por una Colombia más justa, democrática e incluyente.
Aunque el proyecto de Ley de Victimas no es satisfactorio a las comunidades desplazadas, esperamos que no se quede solo en el papel, es necesario restituir la tierra, reparar a los familiares de las víctimas, y saber la verdad. Ojala se cumpla.
