{image}http://www.sintraelecol.org/images/stories/notas/frente1.jpg{/image}Sintraelecol señala el camino.
Clase trabajadora, parlamentaria, dirigentes políticos y cívicos piden el concurso de las fuerzas vivas para evitar que la empresa considerada patrimonio regional desaparezca, así como el apoyo de los entes de control para que se investigue a fondo.
En el auditorio Reynaldo Orduz Arenas se llevó cabo el Foro pro-defensa de la Essa que mediante las ponencias de diferentes representantes de las fuerzas vivas del departamento, se expuso más de una razón para defender una de las empresas más emblemáticas que tiene la región.
El proceso de la demanda, el inicio de la lucha
Uno de los primeros ponentes fue el presidente del PIN Ángel Alirio Moreno quien hizo una exposición sobre como fue proceso del año 2009 en el que mediante demanda buscaba evitar la venta de las acciones a través de la Gobernación de Santander, labor en la ha continuado y que junto a otros destacados políticos como Jorge Gómez Villamizar, Roberto Smalbach, el sindicato Sintraelecol y Rafael Serrano Prada conformaron un comité de seguimiento sobre este caso.
“Desde un comienzo se vio que la operación de la venta no era la más adecuada y no se valoraron las acciones, no se hizo una valoración real, se nos engañó y se nos dijo que se estaba haciendo una negociación de naturaleza pública y lo que hubo fue un traslado de participación de capital privado a través de Epm Inversiones S.A. y está haciendo tránsito esta negociación hacia la privatización de la empresa. Hoy el sindicato y la ciudadanía esta acompañando la causa”.
Durante este proceso se vio involucrado el nombre del anterior Gobernador y el de un asesor llamado Cesar González quien fuera nombrado para hacer la negociación y quien tuvo un vínculo contractual bajo la figura de consultoría. Según Moreno Mateus, es preciso que se aclare el grado de participación de esta persona y de la sociedad que él representa, por cuanto esta persona no era del nivel directivo, ni de nivel asesor del departamento que le facultara para representar la Gobernación en este negocio.
“Lo grave del asunto es que de un momento a otro apareció en el desarrollo del negocio Epm Inversiones S.A. que fue a la que le trasladaron finalmente las acciones. Supuestamente ganó en un aparente aumento del capital social con una empresa que vendieron en 373 mil millones de pesos, pero perdió porque vendieron la propia empresa que valía un billón de pesos. Salió como dicen en el campo, ‘salió lo comido por lo servido’; vendieron una empresa en la que el departamento tenía el 14 % de participación en un billón de pesos que era lo que valía, y le dieron el 21% de una empresa que se vendió de 373 mil millones de pesos, de esta forma tumbaron a la nación y al departamento”.
El presidente del PIN aseveró que Epm como tal, aquella empresa que presta servicios públicos lo podía hacer, quien no podía era Epm Inversiones S.A. ya que es una empresa de capital que funciona con fondos de capital privado a través de bonos de deuda pública, que le facilitaron participar del negocio de la electrificadora y de otras empresas de servicios públicos en general, no solo de energía, sino de agua y de gas. En su juicio esto es sencillamente es el surgimiento de un monopolio que puede llevar al Gobierno y su sector productivo a una grave crisis.
“Con la desnaturalización de Epm Inversiones S.A. una empresa con aparente naturaleza pública, pero en realidad de capital privado se ha privatizado la empresa Electrificadora de Santander, solo resta que el Estado asocial de derecho nos defienda a través de sus instituciones de la Fiscalía General de la Nación y de la Contraloría General de la República y que el Gobierno nacional asuma como tal los intereses, para que también se investiguen algunos hechos presuntamente punibles”.
Persecución sindical
Por su parte el presidente de Sintraelecol Nacional, Pablo Santos aseveró que la situación es bien compleja, ya que en materia de los procesos de escisión de varias electrificadoras en el país, para el caso puntal de Santander y Norte de Santander, que han sido adquiridas por el grupo empresarial Epm, y en las cuales no se dieron los procesos de manera adecuada, por cuanto no se valoraron y están en beneficio de una porción.
“El tema es mucho más delicado con la creación del grupo Essa Inversiones, hecho sobre el cual están cursando los debidos denuncios y requerimientos ante la Procuraduría y Contraloría General de la Nación para que nos expliquen como se van crear una serie de empresas, como el caso puntual de Essa Inversiones, con un empréstito de 240 mil millones de pesos y que de hecho implica la división de la empresa como tal, el endeudamiento y por ende el debilitamiento de su parte operativa y sindical. Por eso pedimos a los entes de control que entren a hacer las investigaciones del caso”.
Para el dirigente sindical es lamentable la situación que se ha venido presentando en la historia de Sintraelecol con la privatización de las empresas electrificadoras y más por parte de un grupo empresarial como el de Epm. Puntualizó que hay un grave riesgo de liquidación a mediano plazo de la Essa que hoy se conoce, tal como ocurrió con la empresa de energía en Antioquia que dejó cesantes a 750 trabajadores.
Un panorama que parece oscuro, pero aún guarda esperanzas
El abogado Luis Eduardo Castellanos asesor jurídico de Sintraelecol a nivel nacional manifestó que con todos los elementos de juicio expuestos en el foro, quedó evidenciada la intención de escindir la empresa a través de una nueva figura, situación que sería nefasta.
“Escindir la empresa en términos claros es dividir la empresa en dos para lo cual se constituye una nueva figura que es Essa Inversiones, que tiene una particularidad desde el punto de vista contable y patrimonial, y es que para dividir la empresa en dos se descapitaliza la actual empresa en un 50% y a su vez se autoriza endeudarla en 240 mil millones de pesos; ese activo corriente se envía a la empresa que nace con cero pasivos , dejando a la actual empresa los pasivos que posee entorno al término pensional, acreencias laborales y el crédito por los 240 mil millones para inversiones”.
El asesor Castellanos enfatizó que el peligro que existe es que se puede producir un marchitamiento paulatino de la empresa, por cuanto su patrimonio disminuye y los pasivos se incrementan por encima del 50% de sus activos y puede quedar con una causal de liquidación con las consecuencias que ello trae.
“No obstante hay una iniciativa a través de la asamblea da accionistas y del mismo el Gobernador de Santander, en condición de accionista con el 22% para que se continúe con las acciones jurídicas, planteando la solicitud de nulidad de este proceso que es viable en el marco de la constitución y la ley acompañado del respaldo social que se requiere para que el juez de conocimiento o magistrado entienda que se trata de un problema de orden social y económico que afectó gravemente a la región ”.
Sobre la responsabilidad social también cuestionó, que en su momento, se argumentaba que la iniciativa de vender era para que en el marco de la necesidad existente en las regiones tuvieran al máximo una oportunidad de eficiencia, eficacia y mejoramiento en el servicio, pero hoy en día sucede todo lo contrario. No se dieron los presupuestos en términos económicos, ni en término de inversión y mucho menos en la posible disminución de tarifas.
