Expertos expresan sus puntos de vista en el hipotético caso de que la empresa deje de prestar el el servicio en la Región. Se requiere reingeniería técnica, administrativa y comercial: Aciem.
Desde hace 18 años, cuando Electricaribe entró a operar el servicio de energía, los usuarios de la Costa Caribe se vienen quejando por las fallas en la prestación del servicio. Pero el panorama antes de la llegada de la empresa tampoco era el mejor. Las electrificadoras departamentales eran ineficientes y estaban involucradas en escándalos de corrupción.
En reiteradas ocasiones los usuarios han expresado su malestar porque las fallas se presentan “por una llovizna, por calor o por brisa”, situación que en muchas oportunidades ha ocasionado bloqueos y protestas violentas como la de mayo de 2014, cuando en Barranquilla una persona perdió la vida.
La situación es tal que Gas Natural Fenosa Electricidad Colombia S.L (GNF), dueña de Electricaribe, ha planteado formalmente la existencia de “una controversia con la República de Colombia”. Al tiempo que solicitaron un diálogo directo por un periodo de seis meses, en el marco del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de inversiones firmado entre este país y España.
El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, han expresado su desacuerdo, al tiempo que cuestionan el hecho de que Fenosa esté pidiendo seis meses para encontrar soluciones a la crisis energética.
El HERALDO consultó la opinión de expertos en el tema para conocer cuál sería el escenario en caso de que Electricaribe no continuara con la prestación del servicio en la Costa.
Para el abogado Enrique Bedoya, experto en servicios públicos, en el hipotético caso de que la empresa se vaya, pueden presentarse, de acuerdo con la legislación vigente, las siguientes situaciones: que los actuales accionistas vendan la empresa, caso en el cual el o los nuevos propietarios asumen la prestación del servicio, ya sea a través de la misma razón social o la que quieran adoptar.
O que el Gobierno Nacional determine eventualmente la toma de posesión de la empresa, de acuerdo a lo establecido en el Art. 59 de la ley 142 de 1994, y cumpliendo los requisitos previstos en la misma ley, asumiendo transitoriamente la administración de la empresa y haciendo uso de los recursos físicos y administrativos que la compañía utiliza para prestar el servicio.
Agrega que si transcurridos dos años desde la toma de posesión, no se han superado las circunstancias que dieron lugar a la misma, la Superintendencia ordenaría la liquidación de la sociedad y abriría un proceso público para la eventual venta de los activos a un nuevo operador.
Otros escenarios. El ingeniero eléctrico Carlos Diago considera que es altamente “inconveniente” para la región depender de Empresas Públicas de Medellín o de Codensa, que es la misma empresa de energía de Bogotá, o de Celsia que es del Grupo Argos de Antioquia.
Asegura además que Promigas no tiene ninguna experiencia en distribución de energía y sería salir de “Guatemala para Guatepeor”.
“Tendría que ser una empresa extranjera, pero su escogencia debe hacerse previo un proceso de convocatoria con apoyo de una buena banca de inversión. El proceso completo tomaría 18 meses mínimos a partir de que Unión Fenosa acepte salir. Pero claro que el Gobierno puede hacer cualquier barbaridad con tantas exigencias que le están haciendo, pero seguro el remedio será peor que la enfermedad y lo sufriremos todos sin distinción de estrato o actividad económica”, asegura.
Sin embargo, las compañías Promigas y Celsia han manifestado públicamente que no han presentado ninguna propuesta para operar el servicio de energía en la Costa.
El dirigente gremial Cesar Lorduy recordó que en 2005 Colombia firmó un Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con la República España y en virtud del mismo se ofrece una “seguridad jurídica” frente a diversos mecanismos que pudieran afectar la protección de dichos inversionistas.
Lorduy asume que las diferencias que Electricaribe proyecta resolver en esos seis meses podrían consistir en una solicitud de mayores regulaciones con relación a la pérdida o fraude de energía.
Dice además que en caso de que las obligaciones que viene reclamando Electricaribe no prosperen, entonces Gas Natural Fenosa tiene la opción, según el convenio, de presentar una demanda ante la justicia en Colombia o acudir a un Tribunal de Arbitramento.
El director de la Fundación Protransparencia, Horacio Brieva, dice que el Acuerdo deja la puerta abierta a una solución, pues en su Artículo 4 dice que “por razones de utilidad pública o interés social” se puede iniciar procesos de expropiación sujetos a las leyes y garantes de una indemnización pronta, adecuada y efectiva.
Considera que el Gobierno ha “titubeado” y que en sus manos está adoptar medidas como: “tomar el control de Electricaribe, liquidar, expropiar e indemnizar, y luego convocar a una licitación que escoja un nuevo operador ya sea público, privado o mixto”.
El ingeniero Antonio García Rozo, presidente nacional de la Asociación Colombiana de Ingenieros, Aciem, considera que frente a la crítica situación de la energía eléctrica en la Costa, es “urgente” aplicar en Electricaribe una reingeniería técnica, administrativa y comercial con el fin de restablecer las condiciones que garanticen la prestación del servicio a los usuarios de esta zona del país.
Congresistas. Sobre el tema, también opinaron congresistas del Atlántico a quienes se les preguntó qué proponen ellos en caso que la empresa de energía se vaya. Jaime Amín Hernández, del Centro Democrático, expresó que que en la hipotética salida de Electricaribe por cualquier causa legal o administrativa, “corresponde al Gobierno garantizar un marco rector con reglas claras, aportes públicos y privados definidos y vigilancia más estrecha sobre las inversiones necesarias para garantizar la optimización del servicio, sin caer en los errores y falencias del pasado”.
El representante liberal Mauricio Gómez dice que no traería un solo operador para todo el mercado, ni para los 7 departamentos de la Costa que, según dijo, representan el 25% del mercado nacional.
Para el senador José David Name (Partido de la U) como quiera que el modelo dentro del cual opera Electricaribe no se puede desmontar de la noche a la mañana, este es el momento para que el grupo Gas Natural
Fenosa ejecute las inversiones que le competen dentro de su responsabilidad y obligaciones para prestar un buen servicio a la Región. Electricaribe debería invertir a corto plazo, por lo menos, un billón de pesos.
Consideró que habría que escoger a un nuevo operador acudiendo a la experiencia colombiana e internacional.
“Es conveniente sugerir que el nuevo operador provenga de un esquema de economía mixta regulado por el derecho privado, en el que se le dé preponderancia a la utilización de energías limpias con base en la ley 1715, para lo cual la Región tiene grandes ventajas que deben ser aprovechadas a la mayor brevedad posible”, añadió.
Cómo surge la empresa
La crisis energética vivida en el país en 1992 fue lo que motivó al Gobierno Nacional a iniciar la privatización del servicio. Electricaribe y Electrocosta fueron constituidas para distribuir y comercializar energía en la región.
Las empresas fueron capitalizadas en un 65% por un consorcio constituido entre Houston Industries y Electricidad de Caracas (el 35% restante por el Estado y Corelca). Unión Fenosa, conglomerado español, adquirió la participación del consorcio a finales de 2000. Luego, en 2009, Gas Natural se fusiona con Unión Fenosa y se crea así Gas Natural Fenosa.
“Urge reingeniería técnica, administrativa y comercial”
Para Aciem es claro que se debe hacer un mayor control a la gestión de Electricaribe por parte de las autoridades de vigilancia y control en los siguientes aspectos:
1- Enfoque empresarial: Considera necesario revisar el enfoque privado de las empresas del sector eléctrico, especialmente en la comercialización, debido al impacto social.
“Lo anterior obliga al Estado a considerar su participación en la comercialización, dejando el negocio de redes a la empresa, y a regular cuando las condiciones socio-económicas de una comunidad así lo exijan”.
2- Gestión comercial: Aciem cree conveniente rediseñar las estrategias comerciales y las acciones en el mercado, con el fin de mejorar la gestión de cartera y evitar situaciones de vulnerabilidad, así como efectos de la debilidad económica del mercado. Electricaribe atiende hoy a más de 2.5 millones de clientes en los siete departamentos de la región Caribe, que son muy diversos en actividad económica, idiosincrasia y costumbres. “Es claro que la comercialización en condiciones especiales falló, razón que llevó al Gobierno Nacional a solicitar el desmonte del proyecto de Energía Social en la Costa Caribe”.
3- Gestión operativa: La agremiación dice que a pesar de contar con los ingresos en el componente de distribución de la tarifa, en la que se contemplan los rubros o previsiones para mantenimiento y expansión, la empresa ha postergado estas inversiones por los problemas comerciales. “Con carácter urgente, el Gobierno debe revisar estos dos negocios y sus rubros correspondientes, con el objetivo de determinar la cantidad de dinero recaudado en cada actividad y destinarlos a las actividades específicas, que han sido utilizados en el mejor de los casos, en otros procesos comerciales como el suministro de energía eléctrica”. Señala que la raíz del problema de Electricaribe ha sido la demora en la inversión, la consecuente falta en la atención de daños y la pérdida de reputación, que se agrava con la dificultad de los usuarios para comunicar las fallas del servicio.
Estas situaciones llevan a desmejorar la calidad del mismo.
