Electricaribe es lo más parecido al madero que alimenta una fogata: hay que pensarlo dos veces antes de cogerlo y calcular bien por dónde para no salir quemado.
Por eso, aunque la dirigencia costeña y sectores políticos han pedido que se tomen decisiones prontas, el Gobierno ha optado por la cautela, porque cualquier paso en falso puede tener consecuencias nefastas para el suministro de energía a 10 millones de personas, demandas billonarias contra el Estado y hasta problemas de orden público.
Las voces de protesta por el mal servicio de la empresa se oyeron una vez más este jueves, en una jornada de protesta en Barraquilla, en la que, según algunos, participaron cerca de 10.000 personas. Pero además, el tema ha concitado el descontento de todos los alcaldes y gobernadores de los diez departamentos cercanos al litoral que son atendidos por Electricaribe.
Andrés Taboada, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Energía, analizó el tema para portafolio.co. De acuerdo con el dirigente, antes de cualquier solución, se deben tener en cuenta cinco cosas:
1. Electricaribe no es titular de una concesión o contrato, sino que es dueña de toda una infraestructura que compró, incluidos postes y subestaciones de energía.
2. Para exigir, el Gobierno debe por lo menos ponerse al día con deudas que a diciembre sumaban 200.000 millones de pesos por concepto de energía que consumieron hospitales, acueductos, alcaldías, gobernaciones y otras entidades estatales y que ponen en un parangón a la empresa, que aun siendo privada no las puede dejar a oscuras por la mora. Adicionalmente, le falta cancelar al sistema energético cerca de 270.000 millones de pesos por subsidios a los estratos bajos de la población, de los cuales alrededor de un 30% se lo adeuda a Electricaribe.
3. Según Taboada, Electricaribe debe resolver un círculo vicioso en el que ella misma se metió cuando aceptó que le remuneraran la distribución de energía en función de las inversiones que hiciera en el sistema de conducción. Ante la carencia de esas inversiones, cada vez recibe menos aportes por concepto del FOES (Fondo de energía social), PRONE (Programa de Normalización de Redes Eléctricas) y FAER (Fondo de apoyo financiero para la energización de las zonas rurales interconectadas).
4. Cuando Gas Natural Fenosa compró la empresa lo hizo mediante una toma hostil y sin conocer todo lo que estaba adquiriendo. Luego vendió las operaciones en varios países de Centroamérica y se quedó con Electricaribe, tal vez pensando que era la más rentable, a partir de la experiencia positiva que ya tenía con su negocio de gas.
5. Electricaribe ha vendido la idea de que no ha hecho las inversiones a las que se comprometió porque la gente no paga. Sin embargo, otras firmas de servicios públicos que comparten plaza, como la AAA de Cartagena o las empresas de gas no tienen ese problema. En su caso, la gente dice que no paga porque recibe un mal servicio.
Un analista que pidió no ser nombrado le indicó a Portafolio.co una circunstancia adicional: los intereses políticos que se han mezclado en este problema. “Evidentemente es un discurso político de fácil mercadeo”, dijo.
TODAS LAS SOLUCIONES TIENEN SUS 'PEROS'
A partir de ahí, el presidente de la Cámara de Energía plantea tres salidas posibles, pero todas con dificultades.
1. Que aparezca un comprador para la infraestructura. Sin embargo, habría que partir de que Electricaribe quiera vender. Tampoco se conoce quién pueda adquirir los activos: las principales empresas como Codensa y Epm están inhabilitadas a fin de no exceder el límite de participación en el mercado. Celsia podría pujar, dado que ha venido acumulando activos energéticos en la Costa, pero no ha manifestado interés. Tampoco ha aparecido ningún extranjero.
2. Intervenir, como lo exigen los gobernadores y alcaldes. Sin embargo, Taboada advierte que si este paso se da es bajo la certeza de poder mejorar lo que hay, y, para eso, el Estado tendría que garantizar unos 700 mil millones de pesos anuales de la energía que les compra Electricaribe a los generadores, más lo que cuesta sostener la nómina, dinero para desatrasar la infraestructura (teniendo en cuenta que el llamado Plan 5 Caribe vale 2 billones de pesos en cinco años, ver enlace), más la plata de los subsidios que el Gobierno debe (unos 400.000 millones de pesos).
A ojo de buen cubero, el presidente de la Cámara de Energía dice que con los gastos de funcionamiento, la deuda y las contingencias, serían cerca de dos billones lo que se requerirían de inmediato para la operación, una cifra que nadie sabe aún de dónde podría salir.
3. Intervenir para sanear y luego liquidar. Aunque hay causales suficientes para que la Superintendencia de Servicios Públicos lo haga, esto desataría un pleito jurídico con la española Gas Natural Fenosa, sin resolver el suministro, un problema que no querrá afrontar el Gobierno en medio de la coyuntura previa a la aprobación del plebiscito por la paz, donde se necesitan por lo menos 4,4 millones de votos y la Costa puede ser un baluarte para alcanzarlos.
En lo que varios analistas coinciden es que habrá que genera una solución concertada que aminore los costos y, en todo caso, garantice la mejor prestación del servicio (Lea: Gas Natural Fenosa busca diálogo con el país para solucionar problema de Electricaribe).
