Un grupo de senadores presentaron ayer una carta para exigir al Superintendente Nacional de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, “garantías de estabilidad laboral” para los trabajadores y pensionados de Electricaribe. En menos de un mes, Mendoza tendrá que decidir qué rumbo tomará la intervención de la compañía.
La toma de posesión de Electricaribe fue decretada el pasado 14 de noviembre y al día siguiente fue ejecutada por la Superservicios. La medida fue establecida por un plazo inicial de dos meses, y prorrogada a dos más, que se vencen este 15 de marzo. Entre las opciones del Gobierno se encuentra la liquidación de la compañía, la administración o el cambio de operador.
Una vez fue intervenida, el Senado de la República creó una Comisión Accidental para hacer seguimiento a la medida. Los congresistas sesionaron este jueves en Barranquilla, en el salón de eventos de la Universidad Autónoma del Caribe. A la audiencia asistió el superintendente, trabajadores y pensionados.
La carta
El escrito entregado a Mendoza hace claridad en que los trabajadores “no son los responsables de la crisis empresarial ni financiera de Electricaribe”. Los senadores pidieron en el documento que “ante cualquiera de los posibles escenarios posibles que se produzcan de la intervención de la empresa por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, se garantice la continuidad de los contratos laborales sin solución de continuidad y los derechos adquiridos, legales, prestacionales y convencionales de los jubilados”.
Entre los que firmaron la carta estuvieron los senadores Alexander López, Jaime Amín, Daniel Cabrales, Efraín Cepeda, Álvaro Ashton, Dalia Galvis, José David Name, Faruk Urrutia, Julio Miguel Guerra, Nadia Blel y María del Rosario Guerra.
López explicó que el objetivo del documento es que, ante cualquiera de los escenarios que se produzcan de la intervención, “se garantice la continuidad de los contratos y derechos adquiridos” de los trabajadores y pensionados.
“Queremos que cualquier decisión que tomen, sea liquidación o administración, que los trabajadores pasen a la nueva empresa sin solución de continuidad y todos sus derechos continúen. Los trabajadores no son los responsables de la crisis. Ellos no pueden ser los mártires de una mala administración”, enfatizó el senador del Polo Democrático.
El conservador Efraín Cepeda aseguró que fue una “defensa a los derechos de los trabajadores para evitar que haya una masacre laboral”.
El superintendente Mendoza respondió que, dependiendo de la modalidad que escoja, el camino para resolver los problemas estructurales será distinto. Sin embargo, aseguró que por ambas vías llegarán a lo que quieren: “resolver los problemas estructurales de Electricaribe”. “Se van a proteger los derechos de los trabajadores, sin importar el camino”.
Trabajadores
Pablo Santos, presidente Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia (Sintraelecol), de la audiencia les queda el “compromiso” de la Superintendencia para “sacar adelante” la intervención a Electricaribe.
Además –afirmó– el respaldo para que les garanticen los recursos del fondeo pensional y el derecho de continuar en el trabajo, “sin importar qué ocurra”. “De nada sirve tener cualquier conquista laboral si en un mes perdemos el empleo. Y lo más importante, que se encuentre la forma de que se preste un servicio con más dignidad en la Costa”.
Sintraelecol informó que la empresa tiene 1.500 trabajadores directos y los 7.500 que están tercerizados, es decir, contratados a través de otras compañías.
Fuente:http://www.elheraldo.co
