La reforma al código de Minas Ley 685 de 2001 va en contra de los intereses nacionales y de los pequeños y medianos mineros.“El Código Minero de 2001 se hizo con la concepción de sacar al Estado del negocio y de fortalecer la presencia del capital extranjero en detrimento del capital nacional. La gran minería se puede dar, no me opongo a ello, pero sí exijo al Gobierno atender a las explotaciones distintas y apoyarlas en forma tal que se permita su desarrollo y supervivencia.” Manifestó el Senador Jorge Robledo.
La integración de áreas, la reducción del canon superficiario, la creación de bienes de áreas especiales y en especial la necesidad de bienes que da pie a un proceso extraordinario de expropiación de solo treinta días, beneficiará solo a las grandes empresas multinacionales de minería.
Esta reforma del código se refleja en la inconsulta decisión de explotar zonas mineras, pasando por encima de las comunidades que habitan las regiones, este es el caso de los pobladores de Marmato, Caldas.
Mamarto es una región donde existen pequeños mineros, zona que ha sido declarada como de riesgo por Ingeominas, por lo cual se solicitó al Tribunal Administrativo de Caldas la evacuación y reubicación de los pobladores. Solicitud que fue rechazada por el Tribunal.
Las presiones del Gobierno de Caldas es trasladar a los marmateños a un punto llamado el Llano, donde ya se construyeron viviendas y se trasladó la Notaria, Registraduría y Personería.
El asunto de querer trasladar a la población de Marmato es que el poblado queda en faldas de el Burro, un cerro donde la transnacional Canadiense Colombia Goldfields Limited, propietaria de la Compañía Minera de Caldas, espera extraer 375 mil libras de oro a partir del 2011, mediante una explotación a cielo abierto de descomunal impacto ambiental, que exigirá erradicar buena parte del resto de los 8.500 habitantes del municipio. El área afectada llega a 32 mil hectáreas y cubre el vecino municipio de Caramanta, Antioquia.
La estrategia de la compañía y del Gobierno es advertir sobre desastres de deslizamiento en la población y la compra de los derechos de mineros por precios irrisorios para poder sacar a los pequeños mineros, campesinos, indígenas y afrodescendientes de sus tierras declaradas como Patrimonio Histórico de la Nación.
Con esta reforma al Código de Minas se establecen condiciones especiales para las multinacionales, que permitirán pasar por encima de pobladores como los de Marmato, ya el gobierno emitió la consulta indígena ordenada por la ley a la luz del Convenio 169 de la OIT, ratificado por Colombia, la cual seguramente rechazará la reforma al Código.
La integración de áreas, la reducción del canon superficiario, la creación de bienes de áreas especiales y en especial la necesidad de bienes que da pie a un proceso extraordinario de expropiación de solo treinta días, beneficiará solo a las grandes empresas multinacionales de minería.
Esta reforma del código se refleja en la inconsulta decisión de explotar zonas mineras, pasando por encima de las comunidades que habitan las regiones, este es el caso de los pobladores de Marmato, Caldas.
Mamarto es una región donde existen pequeños mineros, zona que ha sido declarada como de riesgo por Ingeominas, por lo cual se solicitó al Tribunal Administrativo de Caldas la evacuación y reubicación de los pobladores. Solicitud que fue rechazada por el Tribunal.
Las presiones del Gobierno de Caldas es trasladar a los marmateños a un punto llamado el Llano, donde ya se construyeron viviendas y se trasladó la Notaria, Registraduría y Personería.
El asunto de querer trasladar a la población de Marmato es que el poblado queda en faldas de el Burro, un cerro donde la transnacional Canadiense Colombia Goldfields Limited, propietaria de la Compañía Minera de Caldas, espera extraer 375 mil libras de oro a partir del 2011, mediante una explotación a cielo abierto de descomunal impacto ambiental, que exigirá erradicar buena parte del resto de los 8.500 habitantes del municipio. El área afectada llega a 32 mil hectáreas y cubre el vecino municipio de Caramanta, Antioquia.
La estrategia de la compañía y del Gobierno es advertir sobre desastres de deslizamiento en la población y la compra de los derechos de mineros por precios irrisorios para poder sacar a los pequeños mineros, campesinos, indígenas y afrodescendientes de sus tierras declaradas como Patrimonio Histórico de la Nación.
Con esta reforma al Código de Minas se establecen condiciones especiales para las multinacionales, que permitirán pasar por encima de pobladores como los de Marmato, ya el gobierno emitió la consulta indígena ordenada por la ley a la luz del Convenio 169 de la OIT, ratificado por Colombia, la cual seguramente rechazará la reforma al Código.
