El número de personas que sufrirán las causas de la hambruna en todo el mundo según Oxfam aumentarán a 600 millones antes del 2025. La FAO recomienda a los países que antes de diseñar políticas, satisfaga la demanda de alimentos en la sociedad.Oxfam señaló que "Los biocombustibles se han convertido en uno de los principales causantes del incremento de precios de alimentos, por lo que es inaceptable que los países ricos establezcan metas para el incremento del uso de biocombustibles". Según la ONG las familias pobres de las ciudades destinan entre el 50 y 80 por ciento de sus ingresos a la compra de alimentos,
Tildó de hipócritas a las Naciones industrializadas recalcando: “La Unión Europea, los Estados Unidos y el Banco Mundial han criticado a los países en desarrollo por prohibir exportaciones pero no han sido capaces de ver su propia culpabilidad. Décadas de liberalización del comercio y el dumping han incrementado la dependencia de los países pobres de las importaciones de alimentos y su vulnerabilidad a las crisis. Las prohibiciones a la exportación quizá no sean la respuesta ideal pero, sin un apoyo global coordinado, son la única opción que tienen los países pobres.”
Celine Charveriat, subdirectora de campañas de Oxfam Internacional, recalcó que los biocombustibles no son solo una causa importante del aumento de los precios de los alimentos, sino que también están relacionados con violaciones a los derechos laborales y la expulsión de sus tierras de pequeños propietarios en decenas de países en desarrollo.
Por su parte la FAO afirmó que: "Es prioritario tener en cuenta la dimensión del derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria de la población, principalmente de los sectores sociales más vulnerables, en el diseño de políticas públicas sobre la producción de biocombustibles" señaló el documento del comité técnico de la organización.
Fernando Soto, jefe de la política regional de la FAO, dijo que "hay un riesgo de que más personas no sean capaces de comprar los alimentos más básicos. Países de bajos ingresos, importadores de alimentos -la mayoría de ellos en Centroamérica- son los más vulnerables".
Así la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en un documento elaborado por unos 400 científicos hace eco al temor de una ola mundial de disturbios sociales y políticos a raíz de la escala de los precios de los alimentos básicos.
Jean Ziegler, relator especial de la ONU señaló como “un crimen contra la humanidad”, el uso de tierras cultivables para la producción de biocombustibles, alertando contra los peligros para la producción de alimentos y el medio ambiente.
En Colombia
Pese a esta cantidad de advertencia el Gobierno Colombiano insiste en que el País puede producir biocombustibles sin causar efectos negativos sobre la las condiciones laborales y la seguridad alimentaria.
Lo que pasa en la realidad de Colombia, es que los trabajadores de las plantaciones de Palma Africana trabajan sobre condiciones laborales cada vez más precarias. La mayoría de ellos son vinculados por intermedio de bolsas de empleo (tercerizados), por lo que se ha disminuido la capacidad de organización de los sindicatos.
Un claro ejemplo es el caso de SINDIUNIPALMA quien contaba al momento de su fundación con 400 trabajadores afiliados, actualmente y debido a la figura de tercerización el número de afiliados se ha reducido a un total de 132. Lo que ocurre es que por medio de las bolsas de empleo los trabajadores se contratan de forma indirecta por la empresa, por lo cual esta se exonera de responder por la seguridad laboral de los obreros.
Eximirse de esta responsabilidad determina la posición de explotación en la que viven los trabajadores ya que los riesgos y accidentes en las plantaciones son permanentes, los racimos pesan alrededor de 50 kilogramos y miden 12 metros aproximadamente.
Además de esto los trabajadores están expuestos a los “chuzones” de la espina de la palma, pese a esto los cultivadores no tienen ninguna garantía de protección a su labor ni forma de reclamar a la empresa ya que su contrato no es con ella directamente sino con las reconocidas bolsas de empleo.
Por otra parte, en relación al problema de la alimentación, pese a las afirmaciones del Gobierno, el problema de seguridad alimentaria en Colombia no esta siendo considerado, no hay garantías sobre las alzas a los sectores mas pobres, de los precios de productos como el maíz y el arroz, alimentos de la dieta básica de los colombianos y que se han encarecido en casi un cien por ciento.
La política de apertura económica implementada desde 1991 produjo como consecuencia la reducción del crecimiento del agro para autoconsumo, lo que las cifras reflejan es que para 2007 el crecimiento del sector fue tan solo de un 2.58 por ciento.
Según Napoleón Viveros, gerente general de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas (Fenalce), “la dependencia de Colombia de las importaciones de productos como maíz, trigo, cebada, soya y fríjol, "es brutal".
Colombia importa 3.400.000 toneladas de maíz y 1.200.000 toneladas de trigo al año y tan sólo produce un millón del primero. Las alzas en el nivel internacional afectan de forma directa el mercado nacional. Lo que representa que los alimentos que se derivan de estos productos son cada vez más caros y menos asequibles para las personas de escasos recursos, por lo que es muy difícil creer que la seguridad alimentaria de los colombianos está garantizada.
Tildó de hipócritas a las Naciones industrializadas recalcando: “La Unión Europea, los Estados Unidos y el Banco Mundial han criticado a los países en desarrollo por prohibir exportaciones pero no han sido capaces de ver su propia culpabilidad. Décadas de liberalización del comercio y el dumping han incrementado la dependencia de los países pobres de las importaciones de alimentos y su vulnerabilidad a las crisis. Las prohibiciones a la exportación quizá no sean la respuesta ideal pero, sin un apoyo global coordinado, son la única opción que tienen los países pobres.”
Celine Charveriat, subdirectora de campañas de Oxfam Internacional, recalcó que los biocombustibles no son solo una causa importante del aumento de los precios de los alimentos, sino que también están relacionados con violaciones a los derechos laborales y la expulsión de sus tierras de pequeños propietarios en decenas de países en desarrollo.
Por su parte la FAO afirmó que: "Es prioritario tener en cuenta la dimensión del derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria de la población, principalmente de los sectores sociales más vulnerables, en el diseño de políticas públicas sobre la producción de biocombustibles" señaló el documento del comité técnico de la organización.
Fernando Soto, jefe de la política regional de la FAO, dijo que "hay un riesgo de que más personas no sean capaces de comprar los alimentos más básicos. Países de bajos ingresos, importadores de alimentos -la mayoría de ellos en Centroamérica- son los más vulnerables".
Así la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en un documento elaborado por unos 400 científicos hace eco al temor de una ola mundial de disturbios sociales y políticos a raíz de la escala de los precios de los alimentos básicos.
Jean Ziegler, relator especial de la ONU señaló como “un crimen contra la humanidad”, el uso de tierras cultivables para la producción de biocombustibles, alertando contra los peligros para la producción de alimentos y el medio ambiente.
En Colombia
Pese a esta cantidad de advertencia el Gobierno Colombiano insiste en que el País puede producir biocombustibles sin causar efectos negativos sobre la las condiciones laborales y la seguridad alimentaria.
Lo que pasa en la realidad de Colombia, es que los trabajadores de las plantaciones de Palma Africana trabajan sobre condiciones laborales cada vez más precarias. La mayoría de ellos son vinculados por intermedio de bolsas de empleo (tercerizados), por lo que se ha disminuido la capacidad de organización de los sindicatos.
Un claro ejemplo es el caso de SINDIUNIPALMA quien contaba al momento de su fundación con 400 trabajadores afiliados, actualmente y debido a la figura de tercerización el número de afiliados se ha reducido a un total de 132. Lo que ocurre es que por medio de las bolsas de empleo los trabajadores se contratan de forma indirecta por la empresa, por lo cual esta se exonera de responder por la seguridad laboral de los obreros.
Eximirse de esta responsabilidad determina la posición de explotación en la que viven los trabajadores ya que los riesgos y accidentes en las plantaciones son permanentes, los racimos pesan alrededor de 50 kilogramos y miden 12 metros aproximadamente.
Además de esto los trabajadores están expuestos a los “chuzones” de la espina de la palma, pese a esto los cultivadores no tienen ninguna garantía de protección a su labor ni forma de reclamar a la empresa ya que su contrato no es con ella directamente sino con las reconocidas bolsas de empleo.
Por otra parte, en relación al problema de la alimentación, pese a las afirmaciones del Gobierno, el problema de seguridad alimentaria en Colombia no esta siendo considerado, no hay garantías sobre las alzas a los sectores mas pobres, de los precios de productos como el maíz y el arroz, alimentos de la dieta básica de los colombianos y que se han encarecido en casi un cien por ciento.
La política de apertura económica implementada desde 1991 produjo como consecuencia la reducción del crecimiento del agro para autoconsumo, lo que las cifras reflejan es que para 2007 el crecimiento del sector fue tan solo de un 2.58 por ciento.
Según Napoleón Viveros, gerente general de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas (Fenalce), “la dependencia de Colombia de las importaciones de productos como maíz, trigo, cebada, soya y fríjol, "es brutal".
Colombia importa 3.400.000 toneladas de maíz y 1.200.000 toneladas de trigo al año y tan sólo produce un millón del primero. Las alzas en el nivel internacional afectan de forma directa el mercado nacional. Lo que representa que los alimentos que se derivan de estos productos son cada vez más caros y menos asequibles para las personas de escasos recursos, por lo que es muy difícil creer que la seguridad alimentaria de los colombianos está garantizada.
