{image}http://www.eldia.co/images/stories/020610/005.jpg{/image}Faltando 2 meses para terminar su segundo mandato presidencial, Álvaro Uribe aprobó un decreto recientemente el decreto 1700 de 2010, el cual tiene algunas disposiciones relacionadas con la protección y seguridad de los ex- presidentes y ex-vicepresidentes del país.
El decreto reglamenta que el estado colombiano y las fuerzas armadas deben velar por la integridad física de los ex-presidentes y ex-vicepresidentes, sus cónyuges, sus hijos, y sus respectivas familias.
La Policía Nacional, El Ejercito Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), suministraran los elementos de seguridad necesarios, tales como medios de transporte, equipos de comunicación, armamento, entre otros, para garantizar de manera efectiva la seguridad de los ex-presidentes.
Igualmente, La Policía Nacional, tendrá que brindar como mínimo 2 escoltas permanentes tanto en la residencia y lugar de trabajo a cada ex –presidente y ex-vicepresidente, además, si la situación lo amerita, a cada familiar se le podrá asignar el servicio de seguridad, dado un estudio de riesgo. El servicio de escolta, podrá contar con personal de otras fuerzas de seguridad, cuando las circunstancias lo aconsejen.
Lo insólito del decreto, es que los funcionarios de la Policía Nacional y del DAS asignados como permanentes en los servicios de escoltas, recibirán una bonificación del 30% de su asignación básica mensual, esta bonificación no representa factor salarial.
Igualmente, los ex-presidentes, los ex-vicepresidentes y sus familias podrán utilizar las instalaciones administrativas, hospitalarias, sociales y recreativas de las fuerzas Militares y de la Policía Nacional, cuando así lo requieran.
No entendemos, porque debe brindársele acceso a las instalaciones de las Fuerzas Militares y de manera gratuita a dichos personajes y sus familias, cuando estos gozan de una pensión e ingresos demasiados altos.
Los colombianos tienen que pagar una carga tributaria excesiva para mantener las finanzas del estado, y ahora el Presidente Uribe quiere que mantengamos a su familia con nuestros propios dineros.
Aunque el aspecto de seguridad es pasable solamente para los ex-presidentes y ex-vicepresidentes, el gobierno debe derogar dicho decreto, porque profundiza la desigualdad social en el país y es una burla para los 30 millones de colombianos que viven en la línea de pobreza y miseria, los cuales no tienen para comer ellos y ahora tendrán que mantener a 10 familias de las mas ilustres del país.
