{image}http://www.eldia.co/images/stories/logos/uso.jpg{/image}Una difícil situación de orden público se vive en el campo petrolífero de Ecopetrol en Tibú, debida a la reactivación del conflicto Armado en esa parte del País, la USO pide garantías para los trabajadores de Ecopetrol.

La situación en Tibú es tensa a raíz de los hechos de orden público presentados en las últimas semanas, las cuales indican una reactivación del conflicto armado en esta zona del país.  El principal de estos hechos dolorosos es la muerte, el día de las elecciones, en un ataque de las FARC de 7 policías pertenecientes al escuadrón móvil de carabineros, en el caserío de tres bocas, perteneciente a Tibú. En la región se ubica el campo petrolífero de Tibú, administrado por Ecopetrol, el cual cuenta con 130 pozos petrolíferos activos, y en el que trabajan aproximadamente 500 trabajadores entre trabajadores directos y contratistas. 

El día entrevistó a Edgar Mojica, miembro del Comité de Derechos Humanos y Paz de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petroleo –USO-, quien habló de la difícil situación de orden público.  Mojica señaló que la muerte de los siete policías el día de las elecciones, se produjo a 500 metros de una batería de Ecopetrol, desafortunadamente este no es el único hecho que lamentar en esta región, el líder sindical señaló que el año pasado un trabajador fue abordado dentro del campo de Tibú siendo despojado de la camioneta en que viajaba, la semana pasada fue hostigada una base militar dentro de las instalaciones de Ecopetrol, y durante el fin de semana  se registraron cuatro asesinatos -uno de los cuerpos habría sido encontrado cerca a las instalaciones de Ecopetrol-.

La situación es delicada, como ha sido reconocido por el departamento de seguridad de Ecopetrol, ante los graves hechos el sindicato ha pedido que se  desplace una comisión de carácter nacional al campo de Tibú que mire con atención el tema, y que se respete el principio de distinción del que habla el derecho internacional humanitario, es decir, que los trabajadores no sean custodiados en sus labores por la fuerza pública u hombres armados, y que no se exija desplazamientos de los trabajadores hasta zonas donde el riesgo es muy alto.

Mojica considera que un atentado contra un trabajador o directivo de Ecopetrol puede producirse en cualquier momento, los antecedentes parecen reforzar esta afirmación: el año anterior grupos paramilitares amenazaron a toda la subdirectiva de la USO en la localidad. Mojica considera preocupante que el Paramilitarismo se esté reactivando en las zonas petroleras del país, y que, al mismo tiempo, declaren objetivo militar a los defensores de derechos humanos y sindicalistas.

 


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