{image}http://eldia.co/images/stories/071210/001.jpg{/image}La población de Arauca sigue viviendo los estragos de la violencia contra civiles ajenos al conflicto. El pasado 5 de diciembre, perdió la vida el niño Heinner Franco Ruiz, de 15 años, mientras tres más resultaron heridos por disparos en medio de una confrontación entre policías e insurgentes.

Ese mismo día, resultaron heridos tres niños y seis adultos en un balnerario cerca a Tame, mientras en la vereda Naranjitos, del citado municipio, quedaron lesionadas por armas de fuego dos civiles.

Según la ONG de Derechos Humanos de la región,  Joel Sierra, el primer hecho ocurrió  en el casco urbano de la vereda Puerto Nariño, municipio de Saravena cuando miembros del ejército, pertenecientes al Grupo de Caballería Mecanizado N. 18, General Revéiz Pizarro, se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en un establecimiento comercial y fueron hostigados, al parecer,  por miembros de una de las organizaciones rebeldes que operan en la región, presentándose un tiroteo que deja el saldo antes mencionado.

Heinner era hijo del dirigente comunal Jeremías Franco Mateus, Presidente de la Junta de Acción Comunal del la vereda Banadías II, del mismo municipio.

El segundo caso tuvo lugar  en el balneario La Chamiza, en  Tame, cuando tres niños y seis mayores recibieron disparos quedando heridos en momentos en que se encontraban en la piscina.

El grave incidente se presentó  tras un enfrentamiento entre miembros de la policía que se hallaba en el sitio y presuntos miembros de organizaciones levantadas en armas. En este suceso resultaron muertos dos policías y otros dos fueron heridos.

Finalmente, en la vereda Naranjitos, del municipio de Tame también, en un hecho similar resultaron heridas dos personas, entre ellas un civil de profesión taxista.

"En reiterada ocasiones, esta fundación, -- señala un comunicado de la Joel Sierra--, ha denunciado la invasión de la vida cotidiana y de los espacios propios de la población civil por parte de la fuerza pública en zonas urbanas y rurales, sin embargo en el caso de Puerto Nariño, no solo se encontraban en la casa donde se ubica el establecimiento comercial sino que se hallaban libando bebidas alcohólicas, poniendo en riesgo extremo a la comunidad".

La ONG termina exigiendo que "se esclarezcan a la brevedad posible estos hechos e insistimos en el respeto a la población civil, en su vida, integridad y su patrimonio; y a los principios del Derecho Internacional Humanitario".


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